La derrota ciudadana

La democracia mexicana ha ido cediendo espacios hasta convertir a los ciudadanos en espectadores del poder que debía representarlos.

En democracia, los partidos políticos juegan un papel fundamental, el de ser intermediarios entre la ciudadanía y el poder. Sus postulados, propuestas y posicionamientos deben surgir de las demandas de quienes representan, pero, cuando dejan de mirar a la sociedad para atender los intereses de sus dirigencias, de representantes, pasan a simples empleados del poder.

Es lo que hemos perdido en México. Los partidos se han convertido en instrumentos para someter a la ciudadanía.

De la apertura democrática al secuestro de los partidos

El México posrevolucionario construyó un régimen de partido hegemónico, con el PRI y sus satélites, PARM y PPS, y una tenue oposición encabezada por el PAN. Así transcurrió buena parte de nuestra historia política, hasta que una sociedad cada vez más organizada comenzó a exigir espacios, derechos y participación.

Los movimientos de médicos y ferrocarrileros y el movimiento estudiantil de 1968 derivaron en una reforma política que impulsó Jesús Reyes Heroles en 1977, que permitió incorporar a la izquierda, incluido el Partido Comunista, a la competencia electoral y abrió espacios a las minorías mediante la representación proporcional.

Dicha apertura provocó transformaciones dentro de los propios partidos. El PRI se sacudió con la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que cuestionó el centralismo y las prácticas autoritarias y en el PAN, fuertes tensiones internas evidenciaron la necesidad de renovar su relación con la ciudadanía.

Como presidente del PRI, Luis Donaldo Colosio planteó la necesidad de que se abriera a los ciudadanos y abandonara sus prácticas centralistas. En su célebre discurso del 6 de marzo de 1994, expresó que la legitimidad del partido debía ganarse todos los días ante la sociedad.

Después de su asesinato, Ernesto Zedillo retomó esos postulados. El 4 de agosto de 1994, planteó la necesidad de mantener una "sana distancia" entre su partido y el gobierno. Con el objetivo de que los partidos funcionaran como organizaciones autónomas, vinculadas a sus bases y no como apéndices del Poder Ejecutivo.

Ya como presidente, Zedillo impulsó una reforma electoral que fortaleció la autonomía de las autoridades electorales y la competencia democrática. La reforma de 1996 consolidó la autonomía del IFE respecto del gobierno federal y estableció nuevas condiciones para la contienda electoral.

A partir de entonces se libró una batalla entre quienes pretendían conservar el control político de las instituciones y quienes empujaban movimientos sociales para exigir que los partidos escucharan a sus bases y que, en cierta forma, ya empezaban a influir en las decisiones del gobierno y a conseguir que algunos sectores de los partidos políticos se vieran obligados a voltear a la sociedad.

Parecía que la democracia avanzaba. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador nuevamente se fortaleció el control de las dirigencias partidistas y la participación ciudadana y la democracia interna quedaron relegadas.

Los partidos terminaron secuestrados por sus dirigencias. Quienes deberían representar a sus militantes se comportan como reyecillos que distribuyen candidaturas, administran lealtades y castigan a discreción o premian la obediencia.

Derrotas de la ciudadanía

Otra derrota fue no asegurar la fortaleza de nuestras instituciones electorales. Salimos a marchar, advertimos los riesgos y perdimos la voz defendiendo su autonomía, pero esa movilización no bastó para blindarlas frente a cuotas y las presiones políticas y ahora, la desconfianza amenaza la certeza de decidir en las urnas.

Una derrota más, fue tolerar la opacidad del dinero en la política. La fiscalización no alcanza al efectivo, prebendas y a recursos de origen ilegal que financian el acceso al poder, que dejan a la ciudadanía elecciones cuyas condiciones desconoce, pero cuyas consecuencias termina pagando.

El resultado es una sociedad atrapada entre los intereses de dirigencias que controlan las candidaturas y gobiernos que buscan controlar a los contrapesos.

Organizarse cuesta cada vez más y exigir cuentas termina pareciendo una insolencia, pero no podemos depender de la vocación democrática de quien ocupe la Presidencia.

Fue para limitar la concentración del poder que construimos instituciones, reglas y derechos, una de las grandes conquistas de la reforma de 1996.

Recuperar la voz

Aspiramos a ser ejemplo de transición democrática y hoy debemos preguntarnos cuánto de aquella conquista hemos entregado precisamente a quienes aprendieron a beneficiarse de ella.

Debemos recuperar la democracia por algo elemental: que los ciudadanos volvamos a decidir y que las dirigencias aprendan a obedecer a quienes dicen representar, no al poder del que esperan obtener beneficios.

El próximo 6 de diciembre se abre una nueva oportunidad para que los ciudadanos expresemos la exigencia de un INE ciudadano, autónomo, independiente y confiable.

La defensa de las instituciones electorales no puede quedar en manos de partidos que han contribuido a debilitarlas, de ser así avanzaríamos al abismo de la dictadura.

X: @diaz_manuel