Entre 1964 y 2021 en México han desaparecido más de 82 mil niños y adolescentes (casi una cuarta parte en el actual gobierno), de los que el 20 por ciento continúan sin ser localizados. El año pasado fue el récord en la materia, con mil 929, y actualmente se vive una crisis al respecto, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Tania Ramírez Hernández, directora de esa organización, dio a conocer los datos sobre la desaparición de menores de edad desde 1964, cuando se inició el registro respectivo, hasta octubre de 2021: han sido 82 mil 328. Hasta la fecha 16 mil 378 (19. 9 por ciento) continúan sin ser localizados, 55 por ciento de los cuales son mujeres.
De los menores de edad que permanecen desaparecidos, 12 mil 213 (74.6 por ciento) eran adolescentes de entre 12 y 17 años, entre los que 7 mil 27 son mujeres (57.5 por ciento), según datos hasta el 11 de abril pasado.
Sustentada en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Ramírez Hernández indicó que 2021 es el año con más personas de entre 0 y 17 años en esa situación, con mil 929.
Durante el actual gobierno, 19 mil 445 menores han desaparecido (23.6 por ciento del total desde 1964); 5 mil 102 continúan en esa condición, de los que 55 por ciento son mujeres.
Un hecho que destaca de lo dicho por la directora de Redim es que las desapariciones de niños y adolescentes aumentaron con el inicio de la guerra contra las drogas: en 2007 hubo 146, número apenas superado por el registrado entre 1964 y 2006 (159).
Los estados que más casos tiene registrados son el Estado de México, con 3 mil 740; Tamaulipas, mil 704, y Jalisco, mil 231.
Frente a esa realidad, Ramírez Hernández consideró que México atraviesa una crisis de niñez desaparecida “de proporciones epidémicas”, con un incremento “inadmisible” en las cifras, por lo que se requiere de la atención de todos los poderes del Estado mexicano.
Al respecto, la directora de la Redim afirmó que actualmente el Estado mexicano cuanta con mayores herramientas para enfrentar la situación, además de que debe realizar desde campañas de prevención y contra la discriminación, hasta el establecimiento de un registro poblacional único e incluyente, entre otras medidas.
