Reforma a la Universidad Michoacana genera preocupación entre juristas nacionales e internacionales
Juristas, constitucionalistas y académicos de México e Iberoamérica manifestaron su preocupación por la reforma aprobada el 3 de noviembre por el Congreso de Michoacán, que pospone hasta 2031 la elección democrática de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Entre los constitucionalistas mexicanos figuran Jaime Cárdenas, Imer Flores, Raúl Contreras, Manuel Granados Covarrubias y Ernesto Villanueva, además de los juristas Armando Hernández, Jesús González Schmal, José Mario de la Garza y Salvador Ochoa. Participan los académicos extranjeros Guillermo Escobar Roca, de España; José Perla Anaya, de Perú; Benjamín Fernández Bogado, de Paraguay, y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, de Argentina.
Se suman el profesor Eduardo López Betancourt; la especialista en rendición de cuentas Julieta del Río Venegas; el politólogo Sergio Aguayo, y las juristas Clara Luz Álvarez González de Castilla, Carmen Quijano y Raquel Álvarez Charqueno, entre otros.
En su opinión, la reforma implica un retroceso democrático y plantea dudas de constitucionalidad frente al artículo 143 de la Constitución de Michoacán, que prevé la elección de la Rectoría con participación de los órganos de gobierno, estudiantes, docentes y personal administrativo.
El artículo 3 de la Constitución federal y la Ley General de Educación Superior protegen la autonomía y el autogobierno universitarios, así como las garantías institucionales para decidir sobre su gobierno interno. Consideran cuestionable que una reforma transitoria de la Ley Orgánica posponga hasta 2031 la participación reconocida en la Constitución estatal desde 2025.
Expresaron preocupación por las controversias judiciales relacionadas con la defensa de la autonomía universitaria y pidieron que se resuelvan con plena independencia e imparcialidad. La elección popular de los jueces no los releva de decidir conforme a la Constitución, con independencia de la postura del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.
Reconocieron a la rectora Yarabí Ávila González y al H. Consejo Universitario por defender la autonomía, la legalidad y la participación universitaria. Señalaron que la rectora ha asumido costos políticos y no busca extender su mandato, que concluye el 8 de enero de 2027.
Formularon un llamado respetuoso al gobernador, al Congreso de Michoacán y a las autoridades judiciales para privilegiar el diálogo, la supremacía constitucional y las competencias universitarias, sin interferencias políticas.
Para los académicos, el debate trasciende la sucesión rectoral de 2027: involucra los derechos democráticos de la comunidad nicolaita.
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