Frente a las múltiples acusaciones en que están involucrados familiares y colaboradores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de los Estados Unidos advirtió que el presidente de México ha sido renuente a que se investiguen los casos de corrupción y que ha dado instrucciones a las distintas fiscalías de justicia para que no procedan contra ellos.
En el más reciente informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés), fechado el pasado 21 de marzo y que consta de más de 41 cuartillas, el poder legislativo de nuestro vecino país del norte informó “el presidente López Obrador no ha estado dispuesto a permitir que los fiscales investiguen las denuncias que involucran a su familia y aliados”.
En el documento denominado “México: Antecedentes y Relaciones con Estados Unidos” al cual Etcétera ha tenido acceso, el Congreso de Estados Unidos revela que la corrupción es un problema en todos los niveles de gobierno y entre todos los partidos políticos en México.
“Al menos 20 exgobernadores (muchos del partido PRI del expresidente Peña Nieto) están siendo investigados por corrupción. En diciembre de 2019, Genaro García Luna, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública durante la administración panista del presidente Calderón, fue arrestado en Estados Unidos acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa; está pendiente de juicio en Nueva York.
En octubre de 2020, el arresto en Estados Unidos del exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos (2012-2018) por cargos de drogas y lavado de dinero sorprendió y enfureció al gobierno mexicano. En respuesta a la presión mexicana, Estados Unidos acordó abandonar el caso y permitir que Cienfuegos regresara a México, donde fue exonerado de todos los cargos.
En este sentido acusó que pese al discurso anticorrupción que el presidente de México Obrador ha enarbolado “el presidente López Obrador no ha estado dispuesto a permitir que los fiscales investiguen las denuncias que involucran a su familia y aliados. Su enfoque en reducir los gastos del gobierno y los esfuerzos de su administración para castigar a los evasores de impuestos se han ganado elogios de algunos ciudadanos, mientras que otros los han desestimado como simbólicos”.
No obstante, reconoce que “el presidente López Obrador ha tomado medidas para combatir la corrupción, pero las instituciones clave para detectar y abordar los delitos de corrupción, como el nuevo sistema de justicia penal, la Fiscalía General y el Sistema Nacional Anticorrupción—siguen sin fondos suficientes”, se puede leer en el texto.
El reporte del Congreso estadounidense indica que en enero pasado -al momento del escándalo de su hijo José Ramón López Beltrán- la popularidad de López Obrador era de 64 por ciento, “probablemente debido a su entrega de programas sociales”. Un mes después, sus preferencias cayeron hasta 54 por ciento.
El congreso norteamericano acusó que López Obrador “ha intentado aprovechar los procesos electorales para aumentar su capital político; su partido MORENA presionó para realizar una costosa elección revocatoria presidencial en abril de 2022 para demostrar su amplia popularidad.
“El organismo electoral independiente de México ha sostenido que carece de fondos adecuados para el referéndum. Hasta un reciente escándalo de corrupción que involucró a su hijo, el presidente López Obrador tenía un índice de aprobación del 64 % (enero de 2022), probablemente debido a su desempeño en programas sociales”, agregó.
Es de destacar que el informe se hizo público en el Congreso de Estados Unidos el mismo día en que el presidente López Obrador realizaba la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras faraónicas que el mandatario mexicano ha impulsado.
Un día después de la apertura de la terminal aérea, López Obrador criticó al Congreso estadodounidense de aprobar en cuestión de días recursos para apoyar a Ucrania en tanto que no ha procedido con la misma celeridad para financiar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica a fin de contener los flujos migratorios.
El informe del CSR también detalla que, en diciembre de 2020, el Congreso mexicano aprobó y el presidente López Obrador firmó una ley para limitar la actividad policial extranjera en México, incluido el trabajo del Departamento de Drogas de EE. UU. (DEA) redactado en respuesta a la investigación estadounidense del general Salvador Cienfuegos.
La ley originalmente requería que los funcionarios extranjeros encargados de hacer cumplir la ley compartieran con los mexicanos funcionarios cualquier información obtenida en suelo mexicano y funcionarios locales para reportar cualquier interacción con agentes extranjeros.
En este sentido, el Congreso de Estados Unidos “teme que la nueva ley obstaculice la seguridad entre Estados Unidos y México cooperación llevó al gobierno mexicano suavizar la regla con respecto a algunos temas sensibles de información”; según se informa, la cooperación aún sufrió un revés.
En el caso del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional detenido en octubre de 2020 en Estados Unidos por diversos cargos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero, el informe revela que “sorprendió al gobierno mexicano… En respuesta a la presión mexicana, Estados Unidos acordó abandonar el caso y permitir que Cienfuegos regresara a México donde fue exonerado de todos los cargos”.
El documento también señala que López Obrador ha dejado sin fondos a las instituciones encargadas de combatir la corrupción, pese a que la lucha contra este fenómeno fue una de las principales banderas que blandió durante su campaña presidencial y por la cual ganó la presidencia de México.
De acuerdo con el documento, entre las instituciones clave para detectar y combatir la corrupción que han sido perjudicadas por la política de austeridad republicana del presidente están la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Destaca como punto positivo que en febrero de 2019 el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a un fiscal especial anticorrupción, quien recibió un importante presupuesto para 2020 y 2021 en medio de recortes presupuestarios generalizados. También que “avanzan” las investigaciones en torno a los principales casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: La Estafa Maestra y Odebrecht.
Sin embargo, advierte que la FGR aún no judicializa unas 500 denuncias por corrupción presentadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo en la presente administración.
Sobre el SNA, el documento indica que en enero de 2022 la administración de López Obrador propuso eliminar a su Secretariado Ejecutivo pese a que es el principal brazo de soporte técnico encargado de evaluar las actividades anticorrupción del país.
