En una postura que pasó prácticamente ignorada en la esfera pública, Andrés Manuel López Obrador sostuvo, el pasado 16 de junio en Twitter, que la Ley de Transparencia ha sido muy costosa en México –calculó mil millones de pesos– y sobre todo inservible, “una mascarada”. El líder de Morena es el primer actor político que expresa con toda claridad, además sin que detonara la polémica, su desacuerdo con la transparencia pública gubernamental, o sea, contra uno de los indicadores más importantes para evaluar la calidad de las democracias contemporáneas en el mundo. Es un elemento fundamental, vale decir, un derecho para la evaluación ciudadana de la administración pública.
Desde luego que la declaración está precedida de varias decisiones significativas que AMLO ha tomado desde que fue jefe de gobierno del DF, para mantener bajo reserva información sobre los segundos pisos construídos en la ciudad con recursos del erario -en la terminología del líder tabasqueño, con dinero del pueblo- o para no informar sobre el total de los gastos de publicidad que durante su cargo, contrató a los medios de comunicación –datos aislados que entregó la oficina de comunicación social a la revista etcétera muestran que los recursos más cuantiosos fueron para promover la propia imagen López Obrador mediante la contratación de spots que tuvieron una cobertura nacional y que fueron similares a los que entonces, en 2004, erogó el gobierno mexiquense encabezado por Enrique Peña Nieto (ambos le dieron la mayor cantidad de recursos a Televisa, como en su momento difundió la revista que dirijo). La resistencia más señalada que ha tenido AMLO en los últimos años respecto a la transparencia tiene que ver con la opacidad del origen de los recursos con los que este personaje público tan relevante participa de la política. Con astucia para evadir la responsabilidad ética de rendir cuentas en algo ligeramente más complejo que una asamblea informativa como las que acostumbra para pedir que los asistentes levanten la mano, López Obrador dice que quienes quieran conocer sus gastos al respecto, le pregunten al CISEN.
Para decirlo de otra manera, cuando Andrés Manuel López Obrador fue funcionario tuvo las mismas resistencias para informar sobre el gasto en publicidad que mostraron los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) y Manuel Velasco Coello (Chiapas), y similares reservas a las que han tenido otros mandatarios locales para informar sobre sus obras (en Coahuila por ejemplo, los señores Moreira). Pero ahora con su reconocimiento expreso sobre su rechazo a la transparencia –uno de los pilares centrales de nuestra joven democracia–, el político opositor da una cincelada clara de su rostro autoritario.
