Ni “chiques”, ni “chicxs”, ni “chic@s”. En los colegios de la capital argentina los docentes ya no podrán utilizar estas expresiones de género neutro, populares entre la juventud, para comunicarse con sus alumnos.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió en junio una resolución que limita el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en la educación inicial, primaria y secundaria.
La decisión prohíbe que se utilicen las terminaciones de género neutro “e”, “x” o “@” en comunicaciones institucionales y que se enseñen como parte de la currícula educativa.
También exige que estos se realicen “de conformidad con las reglas del idioma español“.
Al justificar la norma, las autoridades porteñas hicieron referencia a los bajos resultados obtenidos por los alumnos de la capital argentina en las últimas evaluaciones de lectoescritura.
“La deformación del uso del lenguaje tiene un impacto negativo en los aprendizajes, máxime considerando las consecuencias de la pandemia”, aseguraron desde el Ministerio de Educación porteño.
“Es muy importante aclarar bien y simplificar el aprendizaje”, reiteró el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tras la lluvia de críticas que recibió la medida.
La resolución aclara que la prohibición “aplica únicamente a los contenidos que dictan los/as docentes en clase, al material que se le entrega a los/as estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos”, y que los alumnos podrán seguir utilizando lenguaje inclusivo entre ellos.
Incluso reconoce que es importante “romper con las nociones sexistas que habilita el uso del masculino genérico e incorporar un lenguaje más inclusivo”.
Pero asegura que “la lengua española brinda muchas opciones para ser inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora”.
Así se enseña a conjugar verbos en las escuelas argentinas.
Para hacer hincapié en esto último, el gobierno difundió una “guía de prácticas y recomendaciones para una comunicación inclusiva”.
Sin embargo, el anuncio recibió muchas críticas por parte de algunos educadores, lingüistas e incluso del ministro nacional de Educación, cuyo gobierno se opone políticamente al de la ciudad de Buenos Aires y apoya el uso del lenguaje inclusivo.
Varios resaltaron que no hay evidencias de que el uso del lenguaje inclusivo haya tenido relación con los bajos resultados en las evaluaciones.
“No se puede obligar, menos se puede prohibir el uso y costumbres en el lenguaje”, afirmó la diputada porteña Alejandrina Barry, quien presentó un proyecto en la Legislatura local para derogar la norma.
Lo que más generó malestar fue el anuncio de Acuña de que quien no cumpla la norma enfrentará “un proceso administrativo disciplinario”.
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