Militarización de la seguridad pública, reto de la Corte y de AMLO: Human Rights Watch

Salvador Cisneros Silva/Cuartoscuro

En un artículo escrito por Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW), para El Universal, comenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la gran oportunidad de definir el futuro de la Ley de Seguridad Interior, ya que debe aclarar cuáles son los límites de las Fuerzas Armadas para intervenir en los asuntos internos del país, así como “si deberían participar en operativos de seguridad pública” y “si estarán subordinadas a un control civil efectivo y al Estado de Derecho”.

De no ser así, considera Wilkinson, Andrés Manuel López Obrador “debería pedir inmediatamente que el Congreso revoque la ley en su integridad, y comprometerse a trabajar con el Congreso, así como con los gobiernos estatales y municipales y, en especial, con la sociedad civil mexicana, para fortalecer la capacidad del Estado para contener al crimen organizado y reducir la violencia”.

Lo anterior, considera el representante de HRW, implicaría abordar de manera eficaz “el factor central que perpetúa la catástrofe de seguridad pública del país: el uso de las fuerzas militares para sustituir a las autoridades policiales”.

En su extenso artículo, Wilkinson realiza una severa crítica de la intervención militar en las labores de seguridad pública, desde la guerra contra las drogas iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón, y que ha continuado durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Durante ese periodo, un poco más de una década, el problema ha sido, señala el especialista, “que hay elementos de las fuerzas militares que están operando en gran parte de México sin mayor control efectivo de las autoridades civiles”. Esto se debe a las grandes lagunas y ambigüedades legales en las que se ha dado la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.

Lo anterior “ha tenido resultados desastrosos”, dice Wilkinson, como “abusos generalizados, como ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas. Y no consiguió reducir la violencia. De hecho, es posible que haya sido un factor que contribuyó al drástico aumento de la cantidad de homicidios en esos años”.

Así se llegó a la Ley de Seguridad Interior, la que buscó establecer normas más claras para la operación de las Fuerzas Armadas, uno de cuyos objetivos, dice Wilkinson, era “que obligaría a las autoridades civiles a asumir su corresponsabilidad por la catástrofe en seguridad pública que sufre México”.

Sin embargo, más bien la ley termina por otorgar a las Fuerzas Armadas “más libertad respecto de las autoridades civiles, y mayor potestad sobre ellas”, además de un marco falto de transparencia.

Y considera que si la Ley de Seguridad Interior aprobada el año pasado es implementada según su texto actual, “sólo empeorará la situación”.

Al respecto, el autor del texto recuerda que en agosto pasado López Obrador dijo que tomará posición sobre la ley cuando la SCJN resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y otros.

También en agosto pasado, el presidente electo anunció su decisión de continuar con la utilización de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Entonces dijo: “Quiero ser lo más sincero: si no contamos con el apoyo del Ejército y de la Marina, no podríamos enfrentar el problema de inseguridad. En las circunstancias actuales no hay alternativa”.

Allí está uno de los nudos gordianos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno.

arm

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