Iván Benumea Gómez

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Integrante de #YoySoy132.

#YoSoy132 frente a la #ReformaTelecom

Para comprender del todo la postura de #YoSoy132 sobre la iniciativa de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, vale la pena ahondar un poco en el Documento de Exigencias Mínimas (DEM) realizado por la Mesa de Trabajo para la Democratización de los Medios del movimiento, el cual contiene, a grandes rasgos, los siguientes puntos:

1. Que la radiodifusión sea considerada de servicio público

2. Que el espectro resultante de la digitalización no se destine a las figuras dominantes del mercado.

3. La reorganización del uso del espectro a tercios, repartidos entre el sector social, el público y el privado.

4. La creación de un organismo autónomo que incluya la participación ciudadana.

5. Tasa mínima de participación en la radiodifusión para la producción nacional independiente.

6. Reconocimiento pleno de los derechos de las audiencias.

7. Con la finalidad de aportar piezas informativas a la sociedad para la comprensión del sistema de medios, el órgano regulador deberá hacer del conocimiento público un estudio sobre la publicidad exhibida por los medios, la conformación de su capital, de su consejo de administración y comités.

8. Prohibición de la propaganda oficial.

9. Infraestructura pública nacional de acceso a banda ancha que preste un servicio gratuito de Internet de al menos 1Mbs.

10. Mantener el principio de la menor regulación en Internet y garantizar la neutralidad de la red.

11. Integrar la alfabetización mediática y digital en las políticas públicas educativas.

12. Incluir reglas de propiedad cruzada que impidan la formación de monopolios.

13. La transmisión gratuita de las señales abiertas en los sistemas de televisión restringida.

14. Que el Estado respete el derecho de los periodistas para organizarse y que garantice el ejercicio de su profesión.

Como toda propuesta, nuestro DEM tiene aspectos que son perfectibles, e incluso habrá quien piense que nuestra lista debió ser más larga: y está bien que así sea. Sin embargo, creo no exagerar al afirmar que nuestra postura, como la de muchas otras organizaciones, tiene como premisa la desconcentración del poder político y económico de los agentes dominantes del mercado y la inclusión de la ciudadanía en todos los aspectos de la comunicación. Esto no parece atacarlo de raíz la iniciativa de reforma en telecomunicaciones.

La competencia privada no garantiza nuestros derechos:

Mediante la generación de un mercado más competitivo la reforma pretende garantizar el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, y de acuerdo con el DEM, la competencia en el sector privado es una medida insuficiente para tal propósito.

Cuando la reforma plantea que “el Estado establecerá condiciones efectivas de competencia para garantizar nuestro acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha”, parece que nos condiciona a ser consumidores para ser ciudadanos. Resulta alarmante que el artículo 6o constitucional deje a un lado la importancia del pleno desarrollo de los medios públicos y sociales y la posibilidad de que la sociedad tenga acceso gratuito a un mínimo de banda ancha. Sería deseableque se reservara cierto espectro radioeléctrico para el crecimiento de este tipo de medios y que se creara una red nacional de banda ancha que permitiera el acceso gratuito a las tecnologías de la información como mecanismos para la maximización de nuestros derechos.

Dos o diez cadenas nacionales no significan pluralidad ni una mejora sustancial de contenidos. La competencia en el sector privado está condenada a la promoción del consumismo y la violencia, a la discriminación y la ridiculización de los sectores marginados, a considerar a la mujer como un objeto. Dos cadenas nacionales con estas características difícilmente representarían un riesgo económico para Televisa (aunque sí para su relación de control sobre el Estado). Quien decida competir contra Azcárraga o Salinas Pliego tendrá que adaptarse a un mercado que se rige bajo lo único que genera certidumbre e inversiones a largo plazo: el tipo de programación que prefiere el televidente de Televisa.

Es cierto que la reforma impedirá que más del 50% del mercado en telecomunicaciones se concentre en unas solas manos, pero no sucede lo mismo para el caso de la radiodifusión, pues solo señala que se podrá declarar a un actor como dominante en este sector conforme a su “número de frecuencias”. Esto solo le garantiza a Televisa que mantendrá el control de la mitad del mercado de televisión abierta, ya que mientras no se fijen más criterios de desinversión en la radiodifusión como la participación en el mercado de la publicidad, cobertura geográfica, audiencia potencial y mercado de distribución de contenidos, los próximos dueños de las nuevas cadenas nacionales ingresarán a un sector diseñado de manera tramposa para legitimar los abusos de Televisa.

Resulta incongruente que para fomentar la competitividad se establezca una excepción a una de las reglas básicas de la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones: la regla del must carry/must offer. Según la reforma, cuando un agente económico sea declarado preponderante, la señal de los canales de televisión abierta no le será gratuita. Sin justificación alguna, los consumidores habrán de asumir el costo (¿político?) de contratar los servicios de televisión restringida prestados por Slim.

Tampoco queda claro qué sucederá con el espectro radioeléctrico que actualmente poseen las concesionarias cuando suceda el salto a la Televisión Digital Terrestre. De mantenerse la redacción actual, las televisoras podrían liberarse de su obligación de regresar al Estado las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas mediante la mera devolución de los canales espejos. El apagón analógico debe significar más canales de televisión, pero no para Televisa, sino para la ciudadanía. Nuestra propuesta es clara en exigir tal repartición de las señales.

En resumen, la reforma en telecomunicaciones pretende acabar con los monopolios y fomentar la competencia mediante un marco normativo que en el mediano plazo beneficiará principalmente a Televisa.

Debe incluirse a la ciudadanía

Aunque la reforma incorpora algunas de nuestras exigencias mínimas (radiodifusión como servicio público, reconocimiento de medios públicos y sociales, órgano autónomo) si no se incorporan más medidas para asegurar la participación de la ciudadanía se corre el riesgo de perpetuar el estado actual de las cosas.

El mecanismo de nombramiento de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones debería modificarse para que no sean únicamente los titulares del Banco de México, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del INEGI quienes decidan a los integrantes del nuevo regulador. La transparencia del proceso quizás inhiba las cooptación del Instituto (a propósito, es necesario eliminar la opinión no vinculante del Presidente), pero es vital fortalecer el proceso de nombramiento mediante la inclusión de la sociedad civil que cuente con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos.

El desarrollo de los medios públicos, sociales, comunitarios e indígenas es la única medida que en el corto plazo podrá fomentar el respeto y ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Lamentablemente la reforma no plantea ninguna reserva de espectro para el progreso de los medios sociales-comunitarios, y habría sido benéfico que los principios que deban regir a los medios públicos hubiesen sido parte del texto constitucional, o que, por lo menos, se hubiesen presentado en la exposición de motivos.

Los derechos de las audiencias es otro gran ausente, y su inexistencia prueba que la reforma fue diseñada para beneficiar a las empresas sin reparar en las consecuencias que conlleva su crecimiento. Aunque se prohíba la publicidad presentada como información noticiosa y se prometa (de nuevo) que se legislará el derecho de réplica, otros mecanismos como defensores de audiencias, prohibición a la interrupción de transmisiones, entre otros temas, deben reconocerse constitucionalmente bajo la figura del derecho de las audiencias.

La imperfección de la reforma se debe al mecanismo excluyente con el que fue elaborada. De haber contado con la participación de académicos, organizaciones, activistas y expertos en telecomunicaciones y derechos humanos, hoy contaríamos con un marco jurídico que habría permitido el rescate del Estado de manos del sector privado. Aún no es tarde para modificar este panorama.

(www.masparaver.org.mx)

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