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¿Y los medios públicos?


Recientemente hemos escuchado múltiples exhortos a la “apertura” informativa e incluso hasta denuncias sobre supuestas “censuras” y “boicots” en la radio y la televisión. El primero de ellos fue el caso de la periodista Carmen Aristegui quien, una vez finiquitado su acuerdo laboral no fue recontratada por Grupo Prisa, en W Radio. Ante eso, la periodista, como muchos analistas a los que daba espacio, señalaron un caso de “censura”. De igual manera Andrés Manuel López Obrador ha insistido en un “cerco informativo” en su contra, e incluso mandó escritos a varios medios electrónicos para que le abrieran espacios para un “debate” en torno a la reforma energética. Finalmente, el presidente del Senado, Santiago Creel, contrató un monitoreo para revisar el número de menciones que su persona y el Senado tienen en la TV.

Vale la pena agregar que la distinguida periodista rechazó ofrecimientos para integrarse a Radio UNAM y no buscó estar en algún otro medio público, que el ex candidato presidencial no mandó una sola carta solicitando espacio en los medios públicos y que el senador tampoco incluyó a éstos en su monitoreo.

Las causas y el cauce

Si bien los argumentos que han dado los personajes arriba citados no son fundados para argumentar ni censura oficial ni censura proveniente de los concesionarios, sí apuntan a dos conclusiones: i) que a nadie le interesa aparecer en los medios públicos, porque éstos se han vuelto irrelevantes en la agenda nacional y, ii) que los argumentos y la forma de pensar de un importante sector de la sociedad (y la política) mexicana no están encontrando medios que satisfagan sus intereses o necesidades. Incluso, muchas de sus posiciones y críticas han desaparecido de la radio y la TV. Esto no necesariamente tiene que ver con censura, pero sí con manejos editoriales que no comulgan con su filosofía y/o con criterios periodísticos que sencillamente privilegian otro tipo de información.

Justamente para que esas voces no se pierdan, en los países democráticos se ha avanzado en la figura de los medios públicos, que son un reflejo de todas las corrientes de opinión y estan abiertos a que múltiples formas de pensamiento encuentren cauce a la comunicación masiva.

Sin embargo, en México algo anda mal cuando estas importantes voces, estemos o no de acuerdo con ellas, no hallan espacios para la transmisión de sus mensajes. Función que debieran cumplir, por definición, los llamados “medios públicos”. Pero, reitero, llegamos al extremo de que la periodista “censurada”, el ex candidato “vetado” y el presidente del Senado “boicoteado” ni siquiera consideran aparecer en los medios públicos. Todo el debate gira en torno a los privados. Y, obviamente, los medios públicos a diferencia de la mayoría de los medios privados ni siquiera tienen la iniciativa de abrir espacios para estas corrientes. Llega a tal nivel el desdén por los medios públicos que incluso los partidos políticos, que tienen ahora como pre-rrogativa (gratuita) el acceso a la radio y televisión, la semana pasada no hicieron señalamiento para estar en alguno de los programas dentro de toda la gama de los medios públicos. Sólo se centraron en programas en la radio y TV privadas. Así, los medios públicos se han desdibujado del debate nacional.

Faltan espacios

Y no son pocos los medios públicos de que dispone el Estado: están los canales 11 (IPN) y 22 (CONACULTA) en televisión nacional; 17 estaciones de radio en el IMER más una en Radio Educación. Todos ellos sectorizadas en la SEP y con un presupuesto, tan sólo para 2008, de 626 millones de pesos. Además de media centena de medios públicos estatales. Esta amplitud de medios públicos hace inexplicable la falta de espacios para amplios sectores de la sociedad, y hace patente la necesidad de cambiar hacia un modelo que sirva a todas las corrientes. Se requiere que los cuantiosos recursos públicos que se destinan a los medios públicos federales no sean desperdiciados.

A mediados de marzo el PRD, por conducto de los senadores David Jiménez Rumbo y Héctor Bautista, presentó una iniciativa para consolidar y mejor fiscalizar a los medios públicos federales. Una vez presentada fue suscrita por todos los partidos en el Senado, a excepción del PAN. Asimismo, el PRI se ha manifestado por la creación del Instituto Nacional de los Medios Públicos. Con esto hay esperanza para que en el futuro mediato los medios públicos queden fortalecidos, se les dote de independencia editorial para que sea democratizado un importante segmento del espectro radioeléctrico que, si bien es financiado con recursos públicos, es utilizado como patrimonio del gobierno. De ocurrir esto se construiría una dinámica periodística que los medios privados no podrían ignorar, fortaleciendo en todos los ámbitos la libertad de expresión, la apertura y un periodismo crítico y constructivo.


Analista del sector telecomunicaciones y radiodifusión.

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