Cinque Terre

Fernando Mejía Barquera

Periodista y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

¿Y las pruebas?

En torno a la salida de Carmen Aristegui de W Radio se generó una gran cantidad de opiniones que, podrían clasificarse en tres posturas: la de quienes afirmaron (sin pruebas) que la finalización de su presencia en el informativo Hoy por hoy fue un acto de censura; la de quienes sostuvieron (sin pruebas) que en el hecho no hubo censura y fue exclusivamente una decisión empresarial tomada por el grupo Prisa, y la de quienes pensamos que existen elementos para establecer la hipótesis de que la salida de Aristegui sí tuvo razones políticas.

Afirmaciones e hipótesis

Ninguno de los que hemos opinado al respecto tenemos pruebas para sostener, de manera categórica, nuestras impresiones o hipótesis, aunque a varios tanto entre los que opinan que hubo censura como entre quienes afirman que no existió eso les tiene sin cuidado.

Del lado de quienes ven la salida de Aristegui como una acción carente de implicaciones políticas, producto sólo de una legítima decisión empresarial, se exigió a Aristegui presentar pruebas de que fue objeto de censura y se le cuestionó porque en la única entrevista que concedió para referirse al tema (Proceso 13/I/2008) no las presentó. Efectivamente, en esa entrevista Aristegui afirma: Todo parece indicar que hay quien pidió mi cabeza y hay quien la cedió. No presenta pruebas, sólo ofrece un relato de la forma en que realizaba su trabajo en W Radio, de las dificultades que tuvo para efectuarlo y de momentos o situaciones en que percibió o tuvo información de que se ejercían presiones para que su presencia en la emisora concluyera. Es nada más pero nada menos el testimonio de Aristegui, que de esa manera cumplió con otra exigencia que justificadamente se le hizo: ofrecer públicamente su versión.

¿Qué pruebas podrían presentarse para afirmar que hubo censura contra Carmen Aristegui? Quizá una carta en donde Prisa le informa que ya no la recontrata porque no le gusta el contenido de su noticiario. Tal vez el audio de una conversación telefónica en donde un alto ejecutivo de Televisa le dice a uno de Prisa que al consorcio mexicano no le parece la manera en que la periodista trata determinados asuntos y le gustaría que dejara los micrófonos de la W. Acaso una grabación donde un jerarca religioso, un magnate empresarial o algún pesado del gobierno pide a la televisora o al grupo español que retire a la conductora del aire. ¿Alguien tiene esas pruebas? ¿Existen?

Percepción mayoritaria

Tampoco Prisa ha presentado pruebas de que las razones políticas estuvieron ausentes en su determinación de no renovar el contrato de Carmen Aristegui, ni Televisa las ha presentado de que no influyó en tal decisión.

Es muy probable que el caso Aristegui pase a la historia de los medios de comunicación en México sin que las hipótesis o las afirmaciones realizadas se comprueben. Lo interesante es que probablemente la percepción que prevalezca en la sociedad es que sí existió censura. Y no será el único caso en que la explicación formal u oficial es tenida como falsa por la mayoría de los interesados en el tema.

El 16 de agosto de 1982, el entonces concesionario de la emisora XEABC, Martín Martínez Ríos, recibió una carta en donde el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT), Netzahualcóyotl de la Vega, retiraba su autorización para que el programa Opinión Pública, que conducía el periodista Francisco Huerta, continuara al aire. Según los términos de la relación laboral entre el STIRT y las estaciones de radio, solamente afiliados a ese sindicato debían encargarse de realizar programas, pero en caso de que el concesionario quisiera contar con personal no sindicalizado para producir o conducir una emisión debía informarlo al STIRT y obtener su anuencia. Opinión Pública era hecho por personas que no pertenecían al STIRT. En su carta, De la Vega indicaba: En los términos del Contrato Ley, y por así convenir a los intereses de la organización sindical, estamos retirando la autorización concedida, por lo que rogamos a usted que a partir de esta fecha, el programa en cuestión, de continuar transmitiéndose, deberá efectuarse por trabajadores de base (sindicalizados) al servicio de la empresa.

El STIRT nunca aceptó haber ejercido censura. Paco Huerta siempre afirmó lo contrario. En la percepción colectiva quedó la impresión de que Opinión Pública salió del aire por órdenes del coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Galindo Ochoa.

 

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