Premio Nacional de Protección Nacional
Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

[email protected]

Periodista, autor de Rúbrica.

Veracruz y la borrachera de poder

El ambiente de crispación y violencia que se vive en Veracruz en contra de la tarea de informar es público. Diez reporteros muertos en lo que va del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, otros cinco en el periodo de Fidel Herrera Beltrán, seis desaparecidos desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco a la fecha, más una treintena de exiliados, dan cuenta del riesgo que entraña ejercer esta profesión en esta entidad del Golfo de México.

A ello hay que sumar las constantes agresiones a los comunicadores “no alineados” con la versión oficial del “no pasa nada”, que van desde ataques en redes hasta amenazas sobre las “consecuencias” que puede haber si no se es “inmaculado” en el actuar cotidiano personal.

Pese a las múltiples condenas internacionales hacia Veracruz, considerado el estado más peligroso para ejercer el periodismo, el gobierno de Duarte no se inmuta ni cambia su proceder hacia los periodistas, a quienes ve como un “mal necesario” que en varios casos controla con dinero.

Acoso “padrísimo”

Un caso que muestra de cuerpo entero el comportamiento del actual régimen es la intimidación denunciada por la revista digital Era, que desde sus inicios apostó por hacer un periodismo de investigación de corte crítico, y que entre sus coberturas más destacadas por su profundidad y datos se cuenta la del asesinato del periodista del sur del estado, Gregorio Jiménez de la Cruz.

El pasado 16 de septiembre, durante las guardias de honor a los héroes de la Independencia, Duarte llegó mucho más temprano que de costumbre, visiblemente “contento” y “amigable” con la prensa que ya había llegado, a la que concedió una entrevista en la que hizo declaraciones poco ortodoxas, “padrísimas”, mientras los reporteros reparaban en un intenso aroma a alcohol en el ambiente.

Hacia el medio día, Era publicó la nota “Duarte, ¿acudió en estado inconveniente a la guardia de honor?”, en la que se describían los hechos, junto con la versión estenográfica y el audio de la entrevista antes mencionada.

Dos días después, Era publicó un escrito en el que “responsabiliza al Gobierno de Veracruz de cualquier ataque a los colaboradores de esta publicación digital y a periodistas de la capital que han sido hostigados por la entrevista pública dada por el gobernador Javier Duarte el pasado 16 de septiembre”.

“Desde el momento en que se subió la nota al portal ‹Duarte, ¿acudió en estado inconveniente a la guardia de honor?› ha empezado una investigación acuciosa a algunos de nuestros colaboradores.

“La entrevista es pública, el gobernador Javier Duarte de Ochoa la dio a un grupo de periodistas que acudieron a la cobertura de su guardia de honor (…) La revista fue el único medio que la publicó, donde cuestionó el estado del gobernador, una figura pública encargado de dirigir el estado de Veracruz. Los periodistas sólo reproducimos los hechos, no somos garantes de la actitud o actuación de los funcionarios públicos ni de las omisiones de las respectivas áreas gubernamentales.

“Por ello, lanzamos esta alerta a las organizaciones nacionales e internacionales y pedimos al Gobierno del Estado detener el ataque a la libertad de expresión y cualquier acción que derive en afectar a la seguridad física, psicológica y la integridad laboral de los periodistas y colaboradores de este portal”, concluye el editorial de Era.

El gobierno solo guardó silencio.

La desaparición de “Cuco”

Por los mismos días del secuestro y asesinato de Gregorio Jiménez, en el sur de Veracruz se reactivó un caso que no había trascendido: la desaparición desde hace tres años del reportero Gabriel Manuel Fonseca Hernández en la ciudad de Acayucan, una de las más violentas de todo el estado.

Fonseca Hernández, mejor conocido en Acayucan como “Cuco”, desapareció el 17 de Septiembre de 2011 en esa ciudad, sin que hasta la fecha se tenga noticia alguna de su paradero.

El 15 de febrero de 2014, tras las protestas de los reporteros de Acayucan exigiendo seguridad para el ejercicio del periodismo en la región sur de Veracruz, y con el trágico desenlace del secuestro de Gregorio Jiménez a cuestas, el secretario de Gobierno del estado, Erick Alejandro Lagos Hernández, comisionó a la directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito,

Mireya Toto Gutiérrez, a dar seguimiento a la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre la desaparición de “Cuco”, y se acordó proporcionar información a la Unión de

Periodistas de Acayucan o en su caso, a sus padres, sobre las condiciones de dicha indagatoria y hasta dónde se había avanzado.

Pero hasta mediados de septiembre, de acuerdo con los periodistas de Acayucan, ninguno de los dos funcionarios había cumplido su palabra.

La condena

Ante la inacción y la falta de interés del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por garantizar el ejercicio libre del periodismo en la entidad, un grupo de periodistas veracruzanos acudió ante el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para denunciar la situación de acoso y violencia contra los trabajadores de la información y el derecho a la libre expresión.

El TPP que se define a sí mismo como “un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos”.

“La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; y su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación que proteja tales derechos. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos; hayan sido perpetradas por los estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas”.

El TPP está integrado por aproximadamente 130 miembros, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos. Los “garantes” del capítulo México son la abogada especialista en Derecho Indígena, Magdalena Gómez Rivera, el obispo defensor de derechos humanos, Raúl Vera López, el escritor y activista Javier Sicilia, el magistrado Jorge Fernández Souza, el sacerdote especialista en culturas indígenas Clodomiro Siller Acuña, el antropólogo y ensayista Gilberto López y Rivas, y el académico Andrés Barreda Marín.

Tras analizar las constantes agresiones a los periodistas en Veracruz, documentadas durante los últimos tres sexenios, el TPP resolvió condenar al Gobierno de Veracruz “por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión; por no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos”.

Nuevamente, la respuesta del gobierno veracruzano fue ignorarlo todo. Como si la borrachera de poder fuera a durar para siempre.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password