Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

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Periodista, autor de Rúbrica.

Veracruz: Periodismo bajo acoso

Contrario al discurso oficial de “respeto irrestricto a la libertad de expresión”, en Veracruz el periodismo que se atreve a ejercer la crítica al desempeño de los actores políticos y gubernamentales está prácticamente proscrito.

Amenazas, hostigamiento laboral y personal, agresiones físicas directas y chantajes con convenios publicitarios son la nota dominante de la cobertura periodística en la entidad en los últimos años.

No por nada organizaciones no gubernamentales como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19 no han dudado en catalogar a Veracruz como el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo, por encima de los del norte de la República, donde el crimen organizado mantiene bajo acoso la actividad de los medios de comunicación.

Solo que en Veracruz el acoso proviene de quienes debieran favorecer un clima de certeza y seguridad para ejercer la libertad de información y expresión. Los amagos en contra de estas garantías constitucionales se han vuelto cada vez más recurrentes, al punto de que por el solo hecho de cubrir un acontecimiento público, un reportero o un fotógrafo pone en riesgo su integridad física y hasta su tranquilidad familiar.

No hay que olvidar que en los últimos tres años, mismos que lleva la administración de Javier Duarte de Ochoa al frente del gobierno estatal, nueve periodistas veracruzanos fueron asesinados. Todos los casos están impunes y existe zozobra entre los comunicadores. Nadie quiere ser el décimo.

La respuesta del gobierno ante los reclamos de los reporteros que han sido agredidos es de total desdén, rayando en el desprecio, como lo hizo evidente el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien -durante su comparecencia para la glosa del tercer informe de labores del gobernador Javier Duarte-, ante la protesta de los comunicadores por los excesos cometidos por la policía a su mando, expresó claridosamente lo que piensa de quienes nos dedicamos a esta profesión: “pinches medios”.

Agravio tras agravio

2013 quedó marcado por la cadena de agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación desde las estructuras del poder, en especial las encargadas de la seguridad pública.

Y el primero lanzar una amenaza fue el propio Bermúdez Zurita quien, el 14 de marzo pasado, fue cuestionado sobre la aparición de presuntos grupos de autodefensa en una comunidad del municipio de Tlalixcoyan, lo cual fue documentado gráficamente por el corresponsal de la agencia Cuartoscuro en Veracruz, Félix Márquez.

Visiblemente perturbado, el funcionario exigió a los reporteros que revelaran sus fuentes sobre este hecho, que calificó de falso, y afirmó que quien debería estar encarcelado era el fotógrafo, acusándolo -sin mayor prueba- de que le había pagado a los habitantes de la comunidad El Inglés para que posaran para las fotos con el rostro cubierto, cargando unos fusiles.

Un reportero respondió a Bermúdez que le constaba que las imágenes eran reales, pues había acompañado a Félix Márquez a hacer el reportaje. El secretario espetó: “dame los nombres y con gusto platicamos con ellos, ponlos en contacto con nosotros y buscamos atenderlos. Como veracruzano no debemos permitir esto”. La advertencia estaba hecha.

No pasaría demasiado tiempo para que los reporteros sintieran en carne propia, en su expresión más pura, la represión del estado.

La madrugada del 14 de septiembre, en plena efervescencia de las protestas magisteriales contra la llamada reforma educativa, el gobierno de Javier Duarte procedió al desalojo de la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en el corazón de la capital del estado, ocupada por un grupo de profesores inconformes, estudiantes universitarios y activistas.

Granaderos, policía montada y gente vestida de civil acometió contra los manifestantes con toletes, balas de goma y bastones eléctricos, y en el camino, arremetieron contra los fotógrafos y reporteros que documentaban el operativo, robándoles su equipo, amenazándolos y agrediéndolos físicamente, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza que después pretendieron negar.

El acoso no ha parado desde entonces. Por ejemplo, el 4 de octubre, el reportero Alfonso Parra fue golpeado por policías estatales en Xalapa. Su “delito” fue rebasar un convoy de patrullas en su motocicleta.

El 5 de noviembre, durante la toma de protesta de la LXIII Legislatura del Estado, se registró un zafarrancho entre profesores que acudieron a protestar al Congreso veracruzano e integrantes del grupo priísta Antorcha Campesina, quienes fueron apostados a las afueras del palacio legislativo para contrarrestar las manifestaciones.

De lo anterior dio cuenta en una crónica la reportera de La Jornada Veracruz, Norma Trujillo. Y eso le valió recibir toda una serie de amenazas, incluyendo llamadas a su teléfono particular para amedrentarla, por parte de los antorchistas, ante la mirada complaciente del gobierno estatal, que a pesar de las denuncias que se presentaron, ha sido omiso.

El 13 de noviembre, la Marina frustró un intento de secuestro a la periodista Viridiana Bretón Feito, jefa de información del diario El Buen Tono, de la ciudad de Córdoba (donde creció el gobernador Javier Duarte). Los directivos del rotativo culparon de este hecho a la administración estatal, de la que son bastante críticos.

De acuerdo con Balbina Flores, representante en México de la organización civil Reporteros Sin Fronteras, “por lo menos 20 periodistas han tenido que abandonar Veracruz por amenazas de muerte. Las condiciones para el ejercicio periodístico no están dadas”.

Pinches medios

La respuesta del Gobierno del Estado a las protestas y denuncias ha ido de la negación a la ofensa. Los reporteros tuvieron que manifestarse durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, para que se les hiciera caso. Pero el menosprecio es la nota distintiva de la relación entre el gobierno veracruzano y los periodistas que no son sus “aliados”, lo cual quedó plenamente de manifiesto en dos frases, ambas enunciadas por titulares de dependencias estatales durante sus comparecencias ante el Congreso de Veracruz.

La primera fue la ya referida “pinches medios”, expresada por Arturo Bermúdez cuando los comunicadores se le plantaron enfrente para demandar el cese al hostigamiento policiaco.

La segunda la profirió ni más ni menos que la vocera y coordinadora de Comunicación Social del gobierno estatal, Gina Domínguez Colío, luego de ser cuestionada por una diputada acerca de un supuesto robo en su residencia, difundido por el columnista Luis Velásquez. “Los medios de comunicación se mueven por percepciones y a veces difieren de la realidad. No hay que creer en todo lo que se dice en los medios de comunicación”, afirmó Domínguez.

¿Una sociedad sin periodistas?

Para Alfredo Zavaleta, académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y especialista en temas de seguridad pública, es preocupante que un régimen político sueñe con una sociedad sin periodistas, sin profesionales críticos.

“Lo más grave de los últimos años en el estado ha sido que esta función policial de contención y restricciones afecta no solo a los ciudadanos comunes, sino a aquellos que a través de su profesión construyen la opinión pública o se dedican a la producción de conocimiento.

“El caso de Veracruz es un ejemplo típico de régimen político que basa el control social en decisiones policiales, en el control de la opinión pública, incluso en el acompañamiento ideológico de las iglesias. En esas circunstancias, les resulta inaceptable que haya periodistas que disientan de la opinión con la cual presentan sus decisiones, generalmente más sentimentales que racionales, o en determinadas circunstancias, que algunos profesionales critiquen de manera pública las consecuencias de las decisiones que han tomado.

“Hemos observado en Veracruz y en otros estados del país cómo la clase política tomó la decisión de hostigar o de restringir la libertad profesional de los periodistas, pero también de los académicos universitarios, que cumplen la función de divulgar lo que se considera básico para que los ciudadanos piensen soluciones a los problemas que enfrentamos”, enfatiza.

Zavaleta va más allá. Afirma que si hay una institución del Gobierno del Estado que enfrenta gravísimos problemas, es la Procuraduría, en la medida que no es capaz de resolver de manera eficaz y convincente los casos que más alarmantemente han llamado la atención de la opinión pública dentro y fuera del país, y que tienen que ver con el periodismo y con algunos movimientos sociales que han enfrentado la persecución.

“Las policías, como las instituciones, pueden certificarse en sus procedimientos, pero en los hechos seguir funcionando de forma tradicional y arbitraria como lo hacen en Veracruz, en la medida que ésa es la función que les asigna el régimen. Cuando tú no quieres una opinión crítica, diferente, de periodistas o de otros profesionales, enfrentas con la fuerza los movimientos que reivindican este tipo de demandas.”

Desafortunadamente, añade, no hay un interés institucional para modernizar las policías, los ministerios públicos y los tribunales, porque tal como funcionan es como son útiles para mantener el régimen político en el estado.

“En el caso de Veracruz, es alarmante lo que acontece, no solo por lo que se dice internacionalmente acerca del ejercicio periodístico, particularmente las condiciones en las que se ejerce la profesión, sino los casos de desaparecidos o de ejecutados, que son resultado de distintas causas, pero que también involucran algunas decisiones políticas”, expone.

Hace una crítica del papel de “paleros” del régimen que juegan organismos supuestamente autónomos como la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, creada a instancias del gobierno de Javier Duarte tras la oleada de asesinatos a reporteros en Veracruz, pero que en los hechos no es más que un elefante blanco, inservible.

“Las comisiones que existen no han logrado cumplir su función, en la medida que se encuentran subordinadas y no pueden más que pedir una explicación pública sin avanzar hacia lo legal, que sería lo adecuado para impulsar investigaciones puntuales en torno a casos particulares y que se tomen decisiones judiciales al respecto.

“Y no sólo es la necesidad de obligar legalmente a los responsables a rendir cuentas por sus actos en términos públicos, sino en términos legales, y eso implica una reforma de la Procuraduría y del Poder Judicial en lo que atañe a los casos particulares de periodistas. Pero no hay garantía de que esto suceda en los hechos”, explica Zavaleta.

En esas circunstancias -afirma el investigador universitario- es necesario fortalecer a las organizaciones civiles, de manera que puedan ejercer influencia en los medios de comunicación y en el diseño de las políticas públicas.

“En Veracruz, el régimen funciona con un estilo de gobierno populista de baja tecnificación, que no se basa en la información que trata de legitimar sus decisiones a corto plazo, que en realidad no tiene un control del conjunto de las variables, porque la complejidad en la que tienen que gobernar es muy grande”.

Para concluir, Alfredo Zavaleta manifiesta que el control del régimen se ha extendido hacia los medios de comunicación sin que los lectores ejerzan el derecho a exigir medios diferentes por distintas vías, como dejar de comprarlos, de leerlos o consultarlos. “Seguimos consumiendo esos medios atrapados en la lógica del viejo régimen”.

“Esto es posible porque una vez concebido que la opinión pública está subordinada, no contamos con una sociedad civil fuerte que haga debate público, que haga propuesta alternativa, y sobre todo que sea capaz de ejercer contraloría social frente a este tipo de mecanismos de control tradicionales. La sociedad civil en Veracruz es minimalista”, sentencia.

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