Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

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Periodista, autor de Rúbrica.

Venganzas del poder contra el periodismo en Veracruz

Proverbialmente, el sistema de justicia en Veracruz ha estado siempre supeditado a los intereses de la clase gobernante, particularmente de quien esté al frente del Poder Ejecutivo del estado.

A lo largo del tiempo, en la entidad se ha torcido la ley para instrumentar venganzas políticas, para proteger crímenes o bien para dar “escarmientos” a quienes se han atrevido a romper las reglas del juego del poder o a salirse del “guion” marcado para perpetuar el status quo.

Hemos sido testigos de cómo el régimen que ahora encabeza Javier Duarte de Ochoa la ha emprendido en contra de quienes osan cuestionarlo, reprimiendo protestas y hasta inventando chivos expiatorios para proteger criminales.

Para ello el Ejecutivo estatal ha utilizado a dos instituciones que deberían representar el resguardo del Estado de Derecho, y que se han convertido en armas para instrumentar sus aviesas revanchas: la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia se han visto reducidos al nivel de comparsas que simplemente acatan las órdenes “superiores”, cuando deberían hacer cumplir la ley al pie de la letra.

Un caso arquetípico de la forma de conducirse de este gobierno es el de la periodista Regina Martínez, la corresponsal de Proceso asesinada el 28 de abril de 2012, a quien luego de su injusta muerte han querido seguir asesinando de forma permanente al intentar manchar su nombre y proteger con el manto de la impunidad al autor o autores intelectuales de su homicidio.

Sin compararla en lo personal y mucho menos en lo profesional con Regina, el caso de la columnista María Josefina Gamboa Torales también es ejemplo de cómo se puede sufrir en carne propia la revancha del duartismo gobernante, que se aprovechó de un accidente para, abusando cínicamente de su poder, humillar y hundir a quien lo ha criticado severamente desde las páginas del periódico porteño Notiver.

La segunda muerte de Regina

No bien se daba sepultura al cuerpo de Regina Martínez tras su infame asesinato y ya el Gobierno del Estado armaba conjeturas para deslindar la actividad profesional de la periodista como móvil del crimen.

El 29 de octubre de 2012 se confirmó esta tendencia cuando la ahora extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones presentó como presunto autor material del homicidio de Regina a Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, un malviviente infectado con el VIH quien, según la versión de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, para entonces encabezada por Amadeo Flores Espinosa, mató a la periodista “para robarla”, junto con su supuesto cómplice, de nombre José Adrián Hernández, alias “El Jarocho”, de quien se desconoce si está vivo o muerto, pues desde que se le implicó en este caso, nada se ha sabido de su paradero.

La Procuraduría estatal desoyó los reclamos de organizaciones de periodistas, de defensores de la libertad de expresión y de derechos humanos para que también se investigaran las publicaciones de Regina Martínez en Proceso y se encontrara en las mismas indicios sobre las causas y los autores del crimen. El robo fue suficiente causal para la Fiscalía, que el 9 de abril de 2013 sentenció a “El Silva” a 38 años de prisión por homicidio calificado y robo agravado, imponiéndole una sanción de 17 mil 724 pesos y la reparación del daño por el orden de 81 mil 473 pesos por la comisión de ambos delitos, dando por “esclarecido” el homicidio.

Desde un principio, “El Silva” aseguró que las declaraciones en las que se reconocía culpable del asesinato de Regina Martínez le fueron arrancadas bajo tortura, alegatos que fueron tomados en cuenta por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz para ordenar que se le dejase en libertad el 9 de agosto de 2013, por falta de pruebas e incumplimiento del debido proceso.

En el toca penal 673-13, en el cual se basó la sentencia absolutoria de “El Silva”, se establece que “no se llevó a cabo un debido proceso, en primer término, porque no medió orden de aprehensión para la detención del inculpado y éste fue detenido seis meses después de los hechos. Trasgrediendo así los artículos 14 y 16 constitucionales”.

Además -se continuaba en la resolución judicial-, “la sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez”.

El magistrado ponente del caso fue Edel Álvarez Peña, ex dirigente estatal del PRI y dueño de una cadena de periódicos en el estado de Veracruz que a partir de ese momento fue vetada de la publicidad oficial. Además, el togado fue sometido a una campaña de linchamiento mediático -tan usuales en la entidad- por haber soltado al único detenido por la muerte de la periodista, abriendo la posibilidad de que se indagaran otras líneas de investigación.

De manera inmediata, tras la sentencia absolutoria, se difundió por medio de la oficina de Comunicación Social del Ejecutivo veracruzano un documento firmado -que no escrito- por uno de los hermanos de Regina Martínez, anunciando la impugnación de la resolución de los magistrados. Ésta surtió efecto el pasado 19 de junio de 2014, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo de la justicia federal regresó el expediente a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia para que volviera a revisarlo junto con la sentencia, ya que sí se acreditaba responsabilidad de “El Silva”, pero únicamente en el delito de robo.

Con toda la presión del Gobierno del Estado encima, el 10 de julio de 2014 los magistrados Andrés Cruz Ibarra y Martha Ramírez Trejo votaron en favor de recapturar al “Silva” para que cumpliera con la condena de 38 años de cárcel a la que fue originalmente sentenciado, mientras que Edel Álvarez Peña ya no votó por su absolución, sino por reducir su pena, pues lo consideró “cómplice” y no autor del asesinato.

Al momento de escribir estas líneas, ni el “Silva” ha sido recapturado ni hay indicio alguno de justicia para Regina Martínez. Su caso es paradigmático de la podredumbre de la procuración y la impartición de justicia en Veracruz, que está al servicio de los intereses de la clase gobernante y que, como veremos en el siguiente apartado, no duda en torcer la ley para salvaguardarlos.

Maryjose: cómo aplastar a un crítico del gobierno

La madrugada del sábado 12 de julio de 2014, la columnista del periódico Notiver, María Josefina Gamboa Torales, protagonizó un accidente en el que perdió la vida el tatuador José Luis Burela al ser arrollado por la comunicadora.

Este asunto no habría tenido que ser citado más que en las páginas de la nota roja de no ser porque se trataba de una de las periodistas más furiosamente críticas del gobierno de Javier Duarte, quien vio en ello la oportunidad de ejercer una desquiciante venganza contra la también, en ese momento, funcionaria municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, que preside Miguel Ángel Yunes Márquez.

A diferencia de todos los demás periodistas agredidos en Veracruz durante lo que va del sexenio, María Josefina Gamboa ejerce un periodismo claramente militante en favor del grupo político que dirige Miguel Ángel Yunes Linares, excandidato del PAN a la gubernatura que mantiene un fuerte enfrentamiento con el actual mandatario Javier Duarte de Ochoa.

En ese contexto fue que inició una guerra mediática y política en la que Gamboa Torales ha sido victimizada por los medios afines al duartismo, que se dedicaron a despedazarla desde el momento mismo del accidente, politizando un tema que solo debería ser judicial, al punto de que el proceso está viciado de origen, se han cometido múltiples irregularidades en el transcurso del mismo y la culpabilidad de la comunicadora no está debidamente acreditada, lo que tampoco la exime de responsabilidad por la muerte de la persona a la que atropelló.

A tal grado llegó la intromisión gubernamental, que el caso fue abordado personalmente por el propio procurador estatal, Luis Ángel Bravo Contreras, quien ha ofrecido múltiples conferencias de prensa y entrevistas ex profeso para abordar el tema, lo que no hizo, por ejemplo, cuando se descubrieron 11 fosas clandestinas de las que -oficialmente- se exhumaron 31 cadáveres, en un rancho ubicado en el municipio de Tres Valles, al sur de Veracruz.

“Maryjose” Gamboa se convirtió en el ejemplo de lo que le “puede pasar” a los periodistas críticos si no andan “derechitos”, si se ven inmiscuidos en un accidente o una disputa judicial: si el Gobierno los “agarra” no dudará en aprovechar la oportunidad para aplastarlos en su dignidad, su derecho a un juicio justo o sus derechos humanos.

Y para que no quede duda, desde el duartismo se soltó una amenaza nada velada a través de sus textoservidores: los periodistas que no alaban al Gobernador, que critican los abusos de los políticos o que denuncian la corrupción, deben ser “inmaculados”.

De lo contrario, serán lanzados al infierno.

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