viernes 29 marzo 2024

Una democracia infectada

por Rolan Rodríguez B.

El ejercicio del periodismo siempre ha sido una lucha continua y fragorosa con los focos del poder en los países de América Latina. Y Panamá no ha sido la excepción. Todo lo contrario, la lucha ha sido constante. Panamá vivió 21 años de dictadura militar (1968-1989), periodo en el que los mandos militares -junto con gobiernos civiles títeres- “amoldaron” las leyes sobre el ejercicio del periodismo para facilitar su intervención en caso de ser necesario.

En esos 21 años, la comandancia del Ejército tomó el control de diarios, radios estatales y privadas -en complicidad con periodistas que servían al régimen-, así como los medios escritos. Los comunicadores disidentes sufrían el cierre de sus emisoras o el de sus diarios o se les castigaba impidiendo que obtuvieran publicidad estatal, incluso, privada.

La peor parte la llevó el diario independiente La Prensa y el Canal 5 de televisión, ambos con líneas independientes, que sufrieron prolongados cierres, incluso de años. En el caso de La Prensa, además, perdió gran parte de su mobiliario y equipos, pues los militares los destruyeron para evitar a toda costa que el periódico reviviera.

A finales de 1999, el Ejército estadounidense derrocó el régimen militar, que era entonces encabezado por el general Manuel Antonio Noriega, hoy detenido y condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con drogas y lavado de dinero. Aunque su condena era mayor, por su buen comportamiento, tendrá el privilegio de abandonar la cárcel federal donde cumple su pena.

¿Acaso su pronta liberación pondrá en peligro libertades como la de expresión o los derechos de información o el ejercicio del periodismo? Es muy improbable. Noriega llegará a un país que ha madurado, un país cuyas instituciones responden a otra realidad, a otros problemas. Sin embargo, los peligros que amenazaron la libertad de expresión y el derecho a la información durante su régimen siguen siendo los mismos de entonces, aunque ahora Panamá se gobierna bajo un sistema democrático.

Por ejemplo, las leyes que crearon los uniformados tuvieron vigencia hasta hace muy poco, cuando se derogó la legislación que normaba el ejercicio del periodismo. Los gobiernos democráticos renunciaron a la posibilidad de cambiarla sólo con el propósito de mantener a raya a medios y periodistas.

Al mismo tiempo, las autoridades han permitido -mediante la aprobación de cómodas leyes hechas a la medida- que haya conglomerados de medios electrónicos -como es el caso de la Corporación Medcom, que aglutina varias radios y las dos principales televisoras del país: los canales 4 y 13-. Pero, al mismo tiempo, impiden que medios escritos puedan tener acceso a plataformas multimedia.

Peor aún. En recientes discusiones de la Asamblea Nacional para reformar el Código Penal, los diputados de los partidos oficialistas introdujeron artículos que han puesto en peligro los derechos a la información y a la libre práctica del periodismo, especialmente el de investigación, pues restringen, hasta la prohibición, el acceso a información. También se imponen sanciones penales contra periodistas que hagan uso de ella sin la autorización de las personas que resulten afectadas.

Inicialmente, los gremios periodísticos habían acordado con algunos diputados que manejaban este proyecto que en el caso de los funcionarios públicos, el tema de los delitos relacionados a la difamación y el honor se resolverían en tribunales civiles, lo cual era un paso importante para despenalización completa de los delitos de injuria y calumnia. Pero en su discusión plenaria, los diputados decidieron mantenerlos en la esfera penal. Sólo las protestas callejeras han impedido hasta ahora que este tema sea aprobado como lo pretenden los diputados.

Los legisladores deberán discutir nuevamente este capítulo del nuevo Código Penal, y en la discusión se definirá finalmente si estos delitos mantendrán las sanciones penales o si éstos serán analizados por un juez de lo civil.

Y mientras los gremios periodísticos se afanan en tratar de ganar esta difícil batalla, otro frentes están abiertos desde hace años. La Ley de Transparencia es pisoteada no sólo por funcionarios que pretenden hacer suya la “interpretación” de esta legislación, sino por la propia Corte Suprema de Justicia, que hace poco por hacer más transparente la administración pública.

Sistemáticamente, niega las solicitudes de hábeas data que frecuentemente hacen los periodistas sobre materia de la gestión administrativa de algunos servidores públicos.

A ello se suma la forma en que los gobiernos suelen castigar a los medios y periodistas que los critican o cómo se premia al que es sumiso ofiel al gobierno. Tanto ahora como en el pasado, el gobierno suele destinar pauta publicitaria a medios que tienen una línea favorable a la administración de turno. Y, al mismo tiempo, es notable cómo el presupuesto publicitario se engorda en aquellos medios que suelen alabar abiertamente la gestión del Presidente o la de su administración.

“Plata para el amigo, palo para el enemigo”, era una de las frases favoritas del dictador Noriega. A casi 20 años desde que pronunció esa frase, ésta aún no ha perdido un minuto de vigencia. Los actores son ahora civiles, pero con alma de dictadores.

La buena noticia es que en Panamá los periodistas -los comprometidos- no están dispuestos a dejarse vencer por la voluntad de unos cuantos diputados. Un compromiso con la verdad y con la transparencia impide que los políticos impongan sus agendas personales o partidistas.

Aunque el periodismo panameño no puede ser catalogado entre los mejores del continente -acosado por bajos salarios y por la poca preparación académica- una nueva generación de estos profesionales aspira a ser el “perro guardián” que evidentemente necesita la aún joven e inexperta democracia panameña.

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