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Un relato sobre Juan Pablo Guerrero en la OEA

Como informó etcétera en junio, el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán, pretendió ser Relator Especial de Libertad de Expresión de la OEA y, aunque al principio negó esa intención, a fines del mes pasado, efectivamente, se registró como candidato al cargo y llevó a cabo todas las acciones para ello. Sin embargo, el 23 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que el comisionado del IFAI no integró la lista de cinco finalistas.

La llamada “lista corta” quedó así: Catalina Botero, Christina Cerna, Ronalth Ochaeta, Marcello Scarone y Juan Pablo Olmedo quien, hasta el momento de redactar estas líneas, y según las expresiones de respaldo, se perfilaba como favorito. Juan Pablo Olmedo, originario de Chile, ha ganado los principales juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.

¿Y el centinela de la transparencia?
A pesar de no tener una trayectoria relacionada con la libertad de expresión y pretendiendo el tema con la transparencia, la estrategia de Guerrero Amparán fue apostar por el desprestigio del antiguo Relator, el argentino Eduardo Bertoni –Ignacio Álvarez no fue Relator sino el encargado del despacho antes de la renuncia de Bertoni y por eso el cargo permanece acéfalo–, de quien se filtró un supuesto manejo inadecuado de donativos recibidos durante su periodo.

El comisionado del IFAI creyó, que con esa forma –el descrédito del otro que a él le ha resultado muy redituable en otros casos–, el perfil del nuevo Relator estaría más relacionado con los temas de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que propiamente con la libertad de expresión.

Sin embargo, en ese su cabildeo en Washington, Guerrero no contó con que él mismo sería investigado por la contraloría mexicana, como dio cuenta la prensa de este país durante junio. Como sucede con el IFAI que, desde 2003, ha sido sujeto de más de 70 auditorías, la Secretaría de la Función Pública determinó lo propio sobre el proyecto Hewlett-Comunidades del que se encargó Juan Pablo Guerrero y que implicó un manejo de recursos por un millón de dólares. Nada hay más natural que cualquier funcionario se sujete a los ordenamientos que la ley establece al respecto aunque, en el caso del comisionado del IFAI, impere el discurso de hacerse la víctima.

Además, un error estratégico del señor Guerrero ha sido su alianza con la directora de la Fundación Hewlett, C.R. Hibbs, quien no sólo lo defiende para el cargo sino que ha conminado a varias organizaciones no gubernamentales a mostrar su apoyo al candidato mexicano a Relator. El problema es que la mayor parte de los firmantes de un desplegado de apoyo son donatarios de Hewlett, entre ellos Fundar, Locallis, Sonora Ciudadana, el Colectivo por la Transparencia, Artículo XIX, entre otros más. Por si lo anterior no bastara, el CETA (Centro de Estudios Internacionales de Transparencia), que dirige Juan Pablo Guerrero, cerrará sus puertas en los próximos días (como en su momento lo informamos aquí en etcétera), después de que sus dos únicos directores, Issa Luna Pla y Octavio López Presa, renunciaran por las presiones de la propia C.R. Hibbs en su papel de donante e integrante del consejo del CETA.

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