Mario Ramos

TV Azteca: Intimidación y chantaje


En marzo, Ricardo Salinas Pliego, por medio de TV Azteca, otra vez hizo gala de prepotencia contra la ley y la autoridad, pues a ésta sólo recurre, como en la demanda de Unefon al gobierno federal, cuando (cree que) le conviene. Arbitrariamente, la televisora decidió no transmitir los anuncios de los partidos. Al hacer caso omiso del mandato constitucional y de la instrucción de la autoridad electoral, la empresa incurre en un nuevo desacato con la intención de presionar a la autoridad y negociar un acuerdo más favorable a sus intereses comerciales (cosa que, al momento de redactar esta nota, desafortunadamente, parecía factible).

Pero eso sí, el fin de semana del 21 de marzo, Azteca trasmitió, violando la norma, los anuncios pagados del Frente Amplio Progresista que a través de éstos convocó a una concentración en el zócalo de la ciudad de México. El IFE ya inició la investigación respectiva.

¿Señal con valor?

No extraña esto. La ética y el interés público son recursos escasos en Azteca, donde el lucro y el interés privado prevalecen por encima del bien social como consta en la apabullante saturación de anuncios comerciales, la emisión de programas banales y la oferta informativa que se delimita en función de esos resortes financieros. En no pocas ocasiones la empresa usa sus pantallas para llevar a la agenda pública los temas que le incumben y los reviste como si fueran de interés público. Por eso desde su origen, Azteca ha estado rodeada de escándalos y litigios que la convierten en noticia.

Las expectativas generadas por su ingreso al mercado chocaron contra la pared. Suponer que Televisa ya no sería dueño absoluto de los espacios informativos y de entretenimiento de la televisión mexicana y que habría una competencia que refrescaría la pantalla, quedó en buenos deseos. Azteca no sólo reprodujo los vicios y las miserias de Televisa, sino que se convirtió en brazo de intimidación y chantaje que rápidamente conformó en un medio que encaja bien en la definición de Raúl Trejo Delarbre: un poder salvaje dentro de una mediocracia sin contrapesos.

Fallas de origen

Desde el 18 de julio de 1993, cuando la Secretaría de Hacienda informó que la propuesta de Salinas Pliego ganó la licitación de los canales 7 y 13 al ofrecer 645 millones de dólares, frente a los 495 millones de su más cercano competidor, iniciaron las sospechas de un manejo poco transparente del proceso, los cuales se agudizaron en julio 1996 cuando se supo que Raúl Salinas hermano del ex presidente prestó a Salinas Pliego 29 mdd para que se apoderara del canal.

Desde entonces el rol de Azteca da cuenta de cómo una empresa que trabaja con una señal concesionada y que es patrimonio del Estado responde, sobre todo, a sus negocios. Incluso sin importar que incumpla sus propios principios editoriales y sus criterios informativos. La televisora ofrece una agenda noticiosa integrada por la frivolidad, la hechura de la política como espectáculo, la relevancia del discurso gubernamental y en reiteradas ocasiones en los temas de su propio interés.

Los protagonistas

Cuando el asesinato de su conductor Francisco Stanley el 7 de junio de 1999, Azteca culpó a Cuauhtémoc Cárdenas, como si él fuera responsable del crimen. En esa ocasión, por si eso fuera poco, Salinas Pliego se cuestionó en un caso insólito en la televisión mexicana la viabilidad del gobierno: “¿para qué pagamos impuestos?, ¿para qué tenemos elecciones?, ¿para qué tenemos tres poderes?”.

Aquella declaración evidenció el intento de colocar a TV Azteca encima de los poderes constituidos, pero años después, esto cristalizó. En la madrugada del 27 de diciembre de 2002, un comando armado compuesto por personal de seguridad de Azteca, asaltó las instalaciones de CNI canal 40 en el cerro del Chiquihuite, para terminar así el pleito judicial que sostenía con Javier Moreno Valle. Su intención, hacerse justicia por propia mano. Pero esto no fue posible sin la complicidad del gobierno de Vicente Fox. El 4 de enero de 2003 varios trabajadores de CNI difundieron una carta que refleja cabalmente la forma de proceder de Azteca: “somos víctimas de los actos gangsteriles que TV Azteca llevó a cabo contra CNI Canal 40 el 27 de diciembre pasado, y de muchas otras acciones que TV Azteca ha realizado desde hace meses para sabotear el funcionamiento de Canal 40. Somos víctimas también.

Otro caso emblemático ocurrió en mayo de 2005 cuando Salinas Pliego enfrentó un juicio con la autoridad bursátil estadounidense, porque se le acusó junto con su socio Moisés Saba, de haber utilizado información confidencial que les sirvió para ganar más de 200 millones de dólares en dos meses, afectando a los accionistas de Unefon. Cuando el caso llegó al gobierno mexicano y estaba a punto de emitir sanciones administrativas por 27 millones de pesos contra el dueño de TV Azteca y sus socios, la televisora inició un linchamiento mediático contra las autoridades financieras por el contubernio que, según Azteca, efectuaron en la venta de Banamex para que no pagara impuestos. Esto, adjudicando la responsabilidad al entonces titular de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien antes había dirigido una empresa del grupo Banamex. A la par, Azteca se acordó de denunciar, como nunca lo había hecho, las irregularidades que hubo en el Fobaproa.

A todas luces fue una información que tenía la clara intención de chantajear a las autoridades para que desistieran en sus intentos de aplicarle la ley.

Uno de los casos más recientes fue la embestida que junto con otros medios emprendió Azteca el 12 de septiembre de 2007 en el Senado, contra la legislación electoral que en esos días se discutía y que atenta contra sus intereses. Pero no sólo eso, como en otras ocasiones también distorsionó la información e intentó confundir a la opinión pública, afirmando que la reforma atenta contra la libertad de expresión. Para ello, Azteca dispuso de los espacios noticiosos y de otros programas para dar voz a los actores afines a sus intereses y silenciar e ignorar a la contraparte. El final lo conocemos, la ley se aprobó y uno de los principales mandatos es que las televisoras y radiodifusoras deben destinar de los tiempos oficiales el espacio para que los partidos políticos transmitan sus mensajes.

El voto Azteca

Para no variar, Azteca hace gala de prepotencia, desdeña a la autoridad y decide no abrir los espacios en los tiempos estipulados por el IFE para transmitir los mensajes de los partidos que por ley debe difundir, y ahora considera el amparo como recurso leguleyo de la arbitrariedad. Javier Corral explica claramente la intención: “Quieren sentado al IFE, negociando la ley, los horarios, la duración de los spots, la frecuencia. Saben que no hay acción del Estado que los alcance, y tienen bien medida a la clase gobernante, en sus debilidades, en la estrecha mirada de sus pretensiones reformadoras”. TV Azteca pretende repetir su formula exitosa de intimidación y chantaje.

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