Ángel Trinidad Zaldívar

Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)

Transparencia y rendición de cuentas

No cabe duda de que el tema de la transparencia es incómodo. Los gobiernos de todo el mundo preferirían trabajar sin la mirada molesta de los ciudadanos, esos seres siempre inconformes y exigentes. Como bien decía Bentham: “No intento negar que una política secreta aleja de sí a veces algunos inconvenientes; pero no dudo de que ella a la larga los forma en mayor número que los impide”.1 En efecto, aunque por un lado la falta de transparencia “podría” dar eficacia a ciertas políticas al no tener que someterlas al escrutinio social, por el otro, bajo el manto de la opacidad los gobiernos no sólo pierden legitimidad, si no que la supuesta “eficacia” se transforma en clientelismo y paternalismo, que son formas ineficaces de implementar políticas públicas.

Los gobiernos autoritarios gustan mucho del clientelismo y el paternalismo porque en ellos fundan su poder. Por el contrario los gobiernos democráticos edifican su autoridad en la participación social. Los gobiernos autoritarios se guían además por la consigna del Marqués de Croix, (colaborador del monarca Carlos III en 1770) que decía que “deben saber los súbditos del Gran Monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos de gobierno”.2 Los gobiernos democráticos por el contrario, establecen mecanismos institucionales que fomentan la construcción de ciudadanía aunque ésta les resulte un poco molesta. A diferencia de los súbditos que son sumisos y dejan a los gobiernos autoritarios y sus secretos en paz, los ciudadanos gustan escudriñar en los rincones del poder precisamente para discurrir y opinar respecto del ejercicio de ese poder. Así pues, la eficacia de la democracia se sustenta, entre otros aspectos, en una nutrida participación ciudadana por lo que resulta indispensable contar con leyes de acceso a la información pues éstas permiten a la sociedad obtener documentos no solo para conocer qué políticas públicas está implementando el gobierno, sino evaluarlas y en su caso exigir ajustes a las mismas o la generación de nuevas políticas. En otras palabras, el acceso a la información permite la deliberación pública que trae como consecuencia políticas en verdad eficaces y eficientes.

En este sentido, el instrumento básico de participación ciudadana es la solicitud de información. Al respecto, desde la entrada en vigor de la ley hasta la fecha se han presentado 645,290 solicitudes de acceso a información pública a nivel federal.3 No está por demás decir que algunas de las solicitudes no han sido bien recibidas. Por un lado porque implica trabajo adicional y por el otro porque los funcionarios se sienten invadidos en su territorio. ¿Cómo es que alguien osa preguntarles algo o pedirles un documento que es de “su propiedad”? Las preguntas incomodan porque “todo preguntar es incursionar [y porque] cuando la pregunta se practica como medio de poder, corta como una navaja en el cuerpo del interrogado. Puede que sean cosas sin importancia, superficiales, pero le han sido extraídas por un desconocido. La pregunta a fin de cuentas es una especie de disección” que nos permite adentrarnos, dicho en lenguaje coloquial, “en las tripas” del gobierno.4 Y esto no les gusta porque como afirma Elías Canetti “el secreto ocupa la misma médula del poder”,5 por ello, pretender conocer sus secretos, sus maneras de actuar o de decidir es querer trastocar la esencia de los que mandan; es desnudarlos.

Por otro lado, si bien este esfuerzo de hacer solicitudes y responder las mismas es loable, mentiríamos si dijéramos que con ello tenemos un gobierno que rinde cuentas. Es oportuno hacer una precisión conceptual muy breve pero necesaria: hay que distinguir entre transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Es común que se hable de estos tres conceptos como sinónimos, lo cual es incorrecto. Puede haber transparencia sin que haya acceso, y puede haber transparencia y acceso sin que haya rendición de cuentas. Y lo fundamental en un sistema democrático es que los gobernantes rindan cuentas, lo cual implica que la sociedad tenga información para poder evaluar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos. Para que esto sea posible es necesario que el Estado construya un verdadero sistema de rendición de cuentas.

Que se transparenten las compras gubernamentales o se tenga acceso a ciertos documentos no debe entenderse como un fin en sí mismo si no como el medio a través del cual los ciudadanos -previamente informados- pueden exigir cuentas a sus gobernantes. La sociedad no sólo requiere documentos, quiere explicaciones. En los nueve años de vida que el derecho de acceso a la información tiene en México, nos hemos percatado de que obtener información gubernamental no es, como suponíamos, un punto de llegada sino apenas el punto de partida. Rendición de cuentas es más que acceso a información, es el paso siguiente, es la meta del sistema, el fin último. De nada sirve saber que una carretera o una clínica tuvieron cierto costo si no podemos saber quién tomó la decisión de llevar a cabo esa construcción en ese lugar y no en otro, y por qué era mejor esa opción que otras alternativas, eso nos dará la certeza de que se hizo pensando en el mayor beneficio social y que no fue una decisión discrecional y caprichosa. Gastar los recursos “correctos” (es decir sin que nadie se robe un centavo) en una obra innecesaria, es otra forma de corrupción. Cómo olvidar por ejemplo, que hace pocos lustros un Presidente de la República construyó un aeropuerto -que no se requería y que hoy está abandonado- en su pueblo, sólo porque era su pueblo, o que diversas autoridades han construido avenidas cerca de sus viviendas o carreteras para servicio de sus ranchos.

La rendición de cuentas posibilita exigir a los funcionarios públicos que informen sobre sus decisiones pero también -y fundamentalmente- que expliquen sus decisiones dando argumentos que sustenten las políticas públicas y su ejercicio.6 Es decir, los gobernantes están obligados a dar razones de cada una de las medidas adoptadas, lo que significa conocer no sólo cuánto gasta el gobierno, sino por qué y para qué gasta. Así pues, tienen que justificar que la obra ejecutada o la adquisición efectuada eran necesarias. Esto en sí mismo significa un avance porque obliga a razonar el ejercicio público y evita actuar de manera discrecional haciendo obras fastuosas pero innecesarias o adquiriendo productos inútiles o en exceso.

Así pues, la sociedad no quiere la información per se, si no, ya lo decíamos antes, para poder hacer una evaluación del gobierno y en su caso, poder sancionarlo. En efecto, el tercer elemento en el que descansa la rendición de cuentas además de la información y la justificación es la sanción. Y no se trata de buscar culpables sino de encontrar servidores públicos que acepten sus responsabilidades. A cada atribución incumplida debe corresponder una pena, un castigo.

Contrario a lo que se pudiese pensar, este sistema de rendición de cuentas fortalece al Estado porque genera instituciones sólidas. Sólidas en lo interno porque se obligan a contar con procesos administrativos claros y eficientes, y en lo externo porque al rendir cuentas y no cuentos, la sociedad las avala y respalda. A mayor confianza en las instituciones mayor fortaleza democrática.

El proceso electoral de este año nos da la oportunidad de asignarle el valor que le corresponde a la transparencia y a la rendición de cuentas dentro de nuestro sistema democrático. No dudo en afirmar que ambos elementos, transparencia y rendición de cuentas, son hoy definitorios de la democracia. Si antes la legitimidad gubernamental la daba casi única y exclusivamente el voto, hoy se requiere, además de ganar en las urnas, mantener las puertas y ventanas gubernamentales abiertas a fin de que los ciudadanos puedan escudriñar el quehacer de los servidores públicos para mantener la confianza y el respaldo ciudadano. En pocas palabras, un gobierno opaco deviene en ilegítimo, por más votos que hayan obtenido en las urnas. La transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, han venido a fortalecer nuestra democracia, pero también la han puesto a prueba. El ciudadano ya no solo participa en elecciones; ahora demanda conocer cotidianamente los resultados de la acción pública, lo que propicia igualmente que todos los días los ciudadanos evalúen a sus políticos y administradores públicos y demanden la aplicación de responsabilidades. En la opacidad la democracia palidece y el país en su conjunto sale perdiendo.

Hoy que los partidos y sus candidatos están en busca del voto, debemos exigirles que definan con claridad y sin ambages cuál es su postura respecto de este espinoso tema porque a pesar de que no hay discurso político que no incluya los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, lo cierto es que a la hora de la verdad, es decir a la hora de la acción concreta, los gobiernos buscan la manera de dar marcha atrás o por lo menos poner escollos. Y en eso la cromatografía política es igual. A todos les pesa. Así pues, nuestros candidatos a la presidencia deben hacer explícito si se comprometen con la rendición de cuentas o solo con la transparencia y por ello si se obligan a crear los mecanismos institucionales para llegar a las tripas del organismo público o si solo permanecerán como hasta hoy, en la epidermis burocrática. Asimismo tendrían que garantizar que no habrá marcha atrás en la ley de transparencia, y que las únicas reformas posibles son aquellas que fortalezcan nuestro incipiente sistema.

Notas:

1 Bentham Jeremy, Tácticas Parlamentarias, Senado de la República LX Legislatura, México 2006, pág. 99.

2 Quirarte Martín, Relaciones entre Juárez y el Congreso, Ed. Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, México 2006, pág. XLVII.

3 Actualizada al 19 de abril de 2012. Adicionalmente se han presentado 125,921solicitudes de acceso y corrección de datos personales en poder de instituciones públicas.

4 Canetti Elías, Masa y Poder, Ed. Alianza-Muchnik, Madrid, 1999, pág. 281.

5 Canetti Elías, Op Cit pág. 286.

6 Cfr. Schedler Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Transparencia IFAI, num. 3, 2005, pág. 14

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