En las últimas dos décadas se han introducido nuevas palabras a la política que buscan renovar la malgastada palabra democracia. En el siglo XXI un gobierno que procura una permanente relación entre gobernante y gobernado, que acepta órdenes de éste último y en el que ofrece hacer lo que los gobernados necesitan y no lo que a los partidos conviene, se ha visto forzado a hablar de transparencia y dar acceso a los documentos de gobierno.
Han proliferado en los cinco continentes, sí África incluida, leyes que buscan dar contenido a esta doble obligación de los gobiernos, hacer transparente, inteligible su actuación, y facilitar al ciudadano todos aquellos documentos que den cuenta de sus cotidianos quehaceres. Desde la posibilidad de entregar simples y sencillas facturas hasta complicados procesos deliberativos que acompañan las decisiones trascendentes de las políticas públicas.
Desde la campaña política que llevó a la presidencia a Barak Obama hubo una apuesta de su parte por restablecer y repensar en Estados Unidos las leyes y condiciones del Freedom of Information Act (FOIA), Ley de libertad de información. Era menester reconocer dos cosas, después de más de 40 años de existencia, la previsión resultaba un tanto cuanto obsoleta y en segundo lugar, después de ocho años de gobierno de Bush, la FOIA había quedado hecha añicos. Había que apostar por un nuevo concepto de Open Government, literalmente, abrir el gobierno de la Casa Blanca al escrutinio de sus ciudadanos. Había que repensar la política para hacer público los asuntos públicos, de los gobernados, en los que todos deberían tener la posibilidad de participar.
En septiembre de 2010, en el discurso que Obama pronunció en el Consejo General de la ONU, lanzó la propuesta: construir una exigencia formal de transparencia, de acceso a la información gubernamental, de combate a la corrupción, de transparencia de las industrias extractivas, que imponga ciertos estándares mínimos a los países miembros de dicha organización, quizá también estándares mínimos de transparencia y acceso a la información exigibles a la propia ONU y demás organismos multilaterales.
La Casa Blanca ha organizado una estrategia para dar contenido a la iniciativa, una iniciativa ambiciosa, que plantea objetivos muy concretos para septiembre de 2011. Busca sentar a la mesa a gobiernos de todo el mundo; pretende reunir organismos de la sociedad civil; ha convocado a representantes de la iniciativa privada; todos ellos tienen la encomienda de acercar posturas de diferentes países, de diferentes actores hacia metas de transparencia que transformen la relación entre gobernantes y gobernados, que trabajen en mecanismos de (re)construcción de la confianza en los gobiernos, que hagan exigible la rendición de cuentas a partir de ciudadanos participantes que están en posibilidad de allegarse información para vigilar y controlar a sus gobiernos. México ha sido reconocido líder en la materia y ha sido invitado a estas mesas que deberán darle contenido a esta exigencia internacional.
Dentro de sólo ocho meses, Obama espera lanzar esta iniciativa acompañado de varios países, entre ellos México, en el escenario de la Organización de las Naciones Unidas. La propuesta deberá ser ambiciosa para que valga la pena, y al mismo tiempo la propuesta deberá ser viable. Construir estos acuerdos, toman tiempo, exigen dedicación, buena voluntad, sacrificio de ideales maximalistas y, al mismo tiempo, entereza soñadora.
