José Luis Peralta

Comisionado de la Cofetel.

Telecomunicaciones: mucho por hacer con la participación de todos

Para el momento en que usted, amable lector, dedique su tiempo a considerar este artículo, es muy probable que el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se haya constituido ya en tiempo y forma.

Un nuevo pleno de siete comisionados tendrá a su cargo el concretar los mandatos Constitucionales contenidos en la Reforma del 11 de junio de este 2013, incluso en los tiempos acotados, y a la vez desarrollar un vigoroso programa de trabajo para hacer realidad tanto lo que ya se ha promulgado como lo que habrá de determinarse en la legislación secundaria y en la reglamentación asociada. Traducir estos mandatos en planes e iniciativas concretas no será tarea fácil. A la complejidad técnica, económica y jurídica que entraña cada uno de los temas, se suma que la sociedad en su conjunto ya está muy pendiente de lo que se decida y por lo mismo podrá pedir explicaciones y cuestionar las resoluciones que se determinen. La expectativa social de la Reforma Constitucional (Reforma en adelante) es mucha, y deberá satisfacerse a plenitud.

Mas la labor intensa que se anuncia para Ifetel, habrá de desahogarse de mejor manera si otros sujetos sociales coadyuvan a lograr sus propósitos. La transformación del sistema de comunicaciones del país no puede ni debe llevarse a cabo sólo mediante la voluntad y empeño de quienes serán los titulares en el órgano de gobierno del Instituto. Tampoco implica únicamente el concurso de los recursos humanos y especialistas que ya están integrados en su plantilla laboral, y de otros más que lleguen para fortalecer sus estructuras. Así como la sociedad se ha involucrado en esta temática a nivel de opinión y de cuestionamiento, del mismo modo debe y puede participar en la modernización.

Uno de los muchos aciertos regulatorios que la Reforma contiene es el dedicar acciones sustantivas tanto al diseño institucional del nuevo órgano regulador, como la realización de iniciativas puntuales, encaminadas a enfrentar problemas de fondo del sector que incluso tienen antecedentes de larga data. Al definir a Ifetel como organismo constitucionalmente autónomo, en efecto se le otorgan facultades amplias y sustantivas para impulsar el desarrollo armónico del sector, con base tanto en la competencia entre particulares como mediante la intervención puntual de los recursos y el accionar del Estado. Así, la competencia entre concesionarios comerciales por el favor de la audiencia, encuentra su par en la concurrencia y pluralidad de las fuentes de información, cuyo origen estatal -que no solo gobierno-, puede representar y concretar la amplia diversidad que como país y como sociedad nos distingue.

Por su perfil estratégico para el desarrollo nacional y por el interés público implícito en el funcionamiento óptimo de los servicios y sistemas, cumplir los compromisos definidos la Reforma es una obligación que debe congregarnos a todos.

En tanto las iniciativas planteadas se encuentran en vías de definir su contenido, propósitos específicos y acciones particulares, en las páginas que siguen me permito retomar varios de los ordenamientos que se han determinado en la Constitución para plantear diversos considerandos sobre su concreción material. Quizá alguno de los planteamientos que aquí se presentan pueda despertar el interés y servir de insumo en las tareas de definición e implementación que hoy se llevan a cabo. Como es conocido, buena parte de la definición de las acciones sexenales de gobierno se realiza con el concurso de la sociedad. En materia de telecomunicaciones, uno de los insumos para el diseño de las metas programáticas respectivas fue la realización de mesas de trabajo donde expertos y especialistas en la temática asociada aportaron sus conocimientos para contribuir a forjar el programa asociado. En abril de 2013, tuve el gusto de coordinar uno de estos eventos, justo el dedicado a los Mecanismos de regulación para impulsar la Competencia. La mesa de trabajo contó con la participación de 40 invitados de la academia, la industria; el gobierno y la sociedad civil. Sus aportaciones, importantes todas, ahora nutren las propuestas que enseguida comparto.

* * *

Se ha señalado ya que uno de los aportes fundamentales de la Reforma es la constitución de un nuevo regulador autónomo, que habrá de disponer de un conjunto de facultades y funciones que otorgan un nivel superior a la regulación de las telecomunicaciones. Este dimensionamiento es respuesta sin duda a las importantes carencias que tanto en la regulación ex ante como ex post se han presentado a lo largo del tiempo. Tales obstáculos en mucho responden a las condiciones en que se produjo la liberalización de las telecomunicaciones nacionales. En otros estados, al arrancar la liberalización del sector con la privatización de los monopolios públicos de telefonía, se definieron las condiciones de dominancia en el servicio y se establecieron los mecanismos regulatorios para enfrentarla. En nuestro país no se generaron esas acciones y las consecuencias de esta omisión permanecen hasta nuestros días. Ello deriva en la urgencia por expedir medidas de regulación asimétrica, porque en 18 años se han presentado prácticas anticompetitivas sistemáticas y los niveles de concentración son por mucho superiores a los que se recomiendan para los mercados en competencia.

La Reforma busca corregir el escenario y la estructura desigual de los mercados y para ello el Instituto deberá definir la regulación asimétrica indispensable, incluso en un plazo no mayor a los 180 días naturales contados a partir de su integración. 1 Desarrollar este instrumento regulatorio es una labor compleja por el perfil multidimensional de los servicios y mercados y por la heterogeneidad de sus protagonistas. Demanda el desarrollo de un ejercicio integral que tanto reconozca las condiciones del suministro que prevalecen -la convergencia tecnológica y de mercados ya en activo en el sector- como genere una normatividad específica, acorde con el diagnóstico del desempeño en su conjunto del mercado convergente y del comportamiento particular de sus protagonistas, sobre todo de las empresas que hayan sido declaradas agentes preponderantes. En estos casos, es fundamental reconocer que analizar y evaluar la conducta del incumbente es una acción más completa que la calificación por tamaño, óptica desde luego común y representativa.

En consecuencia con la premisa señalada, puede afirmarse que en la regulación del sector de telecomunicaciones hoy debe prevalecer un enfoque sustentado en la flexibilidad. Con ese rumbo, se busca determinar la conducta de los agentes en el mercado y generar aquella acción regulatoria que o bien inhiba el proceder anticompetitivo de cualquiera de ellos, o favorezca el entorno de competencia a través de incentivos que propicien la estabilidad de los protagonistas activos, e incluso anime la entrada de nuevos jugadores. Esta flexibilidad que analiza cada caso y establece el dictamen conforme esa evaluación, igual debe tomar como objeto de estudio la situación actual del mercado como su proyección en el mediano y largo plazo, en especial porque todos los operadores buscan responder con la mayor velocidad posible a las alteraciones en su entorno de actuación y en la actualidad los mercados de servicios se caracterizan por el cambio y la dinámica de sus tendencias. Por ello, resulta conveniente analizar si la regulación debe buscar establecer obligaciones mínimas en lugar de facultades máximas de los operadores, así como determinar que el ingreso de muchos operadores emergentes no significa por necesidad que el mercado sea competitivo. De igual forma, otro considerando importante para la regulación es el reconocer que los agentes económicos presentes en el mercado tienen un dimensionamiento variable, polarizado inclusive, lo que implica definir e implementar criterios claros de diferenciación entre actores. Ello evitaría por ejemplo el imponer sanciones de tal magnitud que la constitución financiera de la empresa sancionada no alcanza a cubrirlas, lo que provocaría su expulsión del mercado, o la absorción por parte de otro jugador, en detrimento del equilibrio y la competencia efectiva.

Los ejercicios de diagnóstico y desarrollo de medidas particulares, idóneas para cada caso, son apenas el principio de la labor regulatoria, según lo establece la Reforma misma. Conforme se determina en el párrafo tercero de la fracción II del Octavo transitorio, “las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate” (Poder Ejecutivo Federal, 2013). Por necesidad, la disposición otorga un perfil sumatorio y correctivo al accionar regulatorio. A la definición de las medidas iniciales de fomento a la competencia, debe seguir entonces un segundo ejercicio de control y seguimiento intensivo y a detalle de las disposiciones aplicadas, para detectar los efectos no deseados, y de ser el caso, enmendar las posibles desviaciones; así también se buscaría consolidar los aciertos y beneficios que se presenten. Esta actividad de retroalimentación, ajuste y vigorización del esfuerzo regulatorio, incluso debe considerarse como un proceder común en la implementación de cualquier política pública, y en el caso que nos ocupa toma una mayor relevancia porque la Reforma misma prevé que de no corregirse el entorno anticompetitivo y si las medidas regulatorias administradas no generan resultados en el corto plazo, deberá procederse a la separación estructural de activos, para combatir la dominancia. Este último paso, entonces, debiera darse si la regulación inicialmente gestionada es insuficiente, y la desincorporación es la acción derivada necesaria, urgente y apropiada. El proceso, así, tendría en su favor toda la argumentación teórico-práctica surgida de la propia experiencia regulatoria, y por lo mismo se justificaría ampliamente su pertinencia y ejecución.

El artículo Segundo transitorio establece en efecto que “las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones” (Poder Ejecutivo Federal, 2013). Para atender de inmediato tal ordenanza, puede definirse un cuadro de acciones indispensables que en forma gradual impacte el comportamiento de los agentes participantes en el mercado y sobre todo a los declarados como fuerzas dominantes:

i) Regular la aplicación de tarifas dentro de la red (on-net) para evitar que éstas conviertan el tamaño del operador en un factor decisor cuando los usuarios eligen un operador y evitar subsidios cruzados y trato discriminatorio, evitando que venda por debajo de sus costos, aprovechando su posicionamiento estelar en el mercado.

ii) Al momento de definir las tarifas de interconexión, tomar en cuenta su volumen de operación y las economías de escala que puede alcanzar.

iii) Para garantizar eficiencia operativa a nuevos entrantes, migrar de la señalización número 7 a señalización IP, con el propósito de instalar de manera gradual las especificaciones técnicas de las redes de próxima generación, cuya explotación es muy cercana.

iv) Permitir la instalación de un puerto universal y genérico, ya que el esquema actual no es económico porque implica gastos innecesarios frente al avance tecnológico. Ello facilitaría el empalme entre redes distintas mediante un esquema único, susceptible de soportar la prestación de servicios diferentes y por tanto de menor costo integral.

v) Reducir la cantidad de puntos de interconexión, que puede adelgazarse inclusive hasta los diez puntos para todo el territorio nacional. Esto coadyuvaría a la eliminación del servicio de larga distancia nacional y la conversión a local de la totalidad del tráfico generado. Tal medida tendría un enorme beneficio social al reducir los costos de las llamadas que se efectúan en todo el país, sobre todo las que se emiten por comunidades rurales donde se registran los menores ingresos económicos.

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Otro gran apartado de reestructuración del mercado que postula la Reforma refiere a la optimización de los recursos y activos de telecomunicaciones y de radiodifusión. Ante la necesidad de aumentar en forma sustantiva y rápida las plataformas operativas de los servicios, se determina que es imprescindible perfeccionar el aprovechamiento de todos los insumos disponibles. Es promisorio que la compartición deseada incluya recursos de todo tipo y también que se lleve a cabo tanto a nivel regional como local, aprovechando la flexibilidad tecnológica que ofrecen las plataformas de comunicación y de servicio. Ante estas posibilidades, la legislación secundaria deberá considerar la inclusión de alternativas novedosas que poco a poco generen una experiencia nacional y finquen con ello un aprovechamiento de los servicios conforme a nuestras propias necesidades socioeconómicas. En el ámbito regulatorio, la compartición puede tratarse incluso bajo el concepto de interconexión de facilidades entre operadores, para facilitar su implementación expedita y pronto desahogo operativo.

Con base en la praxis conocida, la compartición puede celebrarse con tres esquemas iniciales, cuyo planteamiento y escenario regulatorio ya se prevé en la Reforma promulgada. Así se distinguen de comienzo:

a) El aprovechamiento de los insumos, materiales y componentes existentes que no se emplean o cuya utilización es reducida, acaso marginal.

En concreto, toda la infraestructura pasiva y activa que hoy se encuentra subutilizada -o incluso sin aprovechamiento alguno, como es el caso de la postería y ductos instalados por la Comisión Federal de Electricidad- puede y debe recuperarse para el despliegue de nuevas redes o bien para apuntalar las operativas de concesionarios autorizados. En esta línea de desarrollo puede incluirse el animar que los operadores privados igual compartan sus infraestructuras, para obtener ventajas de oportunidad en el suministro y asimismo una reducción de costos que pueda alcanzar dimensiones significativas.

Desde luego a nivel federal, la Reforma es precisa en cuanto a la compartición como medida estratégica para el crecimiento de las infraestructuras y redes. El Décimo Séptimo transitorio, efectivamente establece como obligación del Ejecutivo Federal el concretar “un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura” (Poder Ejecutivo Federal, 2013). Como se aprecia, la disposición determina que la compartición debe generarse en términos económicos justos, nunca como subsidio, y que en su celebración y acuerdo habrán de prevalecer condiciones igualitarias y simétricas para todos los operadores. El insumo no habrá de regalarse entonces, y tampoco se entrega con discrecionalidad o favoritismos.

b) Compartir el uso de infraestructuras en operación.

En esta línea pueden aprovecharse varias alternativas de regulación. Entre otras se destacan las siguientes:

– Desagregación del bucle local para el ingreso de nuevos proveedores.

La medida forma parte del núcleo más trascendente que incluye la Reforma. La fracción IV del artículo Octavo transitorio ciertamente ordena que una vez integrado el Ifetel, se dispondrá de no más de 180 días naturales para establecer medidas de desagregación efectiva de la red local del agente preponderante. La desagregación puede considerar medios físicos, técnicos y lógicos de conexión, se agrega, que pueden aprovecharse entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones, y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. La regulación específica de esta disposición habrá pues de buscar que el aprovechamiento planteado se traduzca en una oferta cierta y disponible para la sociedad en un entorno competitivo. Servicios como la proveeduría de Internet, por ejemplo, pueden soportarse en las líneas de cobre (ADSL) instaladas. Y al permitir que esta infraestructura tenga disponibilidad para ofertantes terceros, se tonifica sin duda la competencia porque todos los proveedores posibles buscarán suministrar sus paquetes mediante fórmulas atractivas en precio, capacidad y calidad. – Planeación prospectiva del espectro radioeléctrico.

Esta línea puede derivar en la búsqueda de nuevas frecuencias radioeléctricas de operación y en el aprovechamiento de las bandas catalogadas como de uso libre. Ambos temas con seguridad habrán de consignarse en el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, estudio y propuesta cuya redacción es obligatoria para el Ejecutivo Federal según instituye la fracción V del artículo Décimo Séptimo de la Reforma (Cf. Poder Ejecutivo Federal, 2013). En tanto la tecnología de telecomunicaciones ha avanzado en la modulación, el filtrado y la codificación de señales, se asienta la posibilidad de reutilización de las bandas de frecuencia. De conseguirse, ello permitiría transformar al espectro radioeléctrico de recurso escaso a insumo abundante, porque puede explotarse de manera inteligente e incluso con una funcionalidad cognitiva, ya que las terminales del suscriptor tienen ya capacidad para seleccionar la banda de operación con base en el análisis del entorno y del servicio solicitado por el usuario. Las alternativas de uso simultáneo y compartido del espectro, ya forman parte de las directivas de los países europeos, situación que enfatiza la viabilidad y utilidad operativa del mecanismo.

– Compartición del uso del espectro radioeléctrico.

La actividad supone que varios operadores autorizados diseñan e implementan un diseño compartido de instalación, incluso de explotación, y compiten en la comercialización del servicio final. Esta alternativa implica un aprovechamiento más eficiente del espectro, y puede implantarse para varios servicios.

c) Maximizar las economías de alcance de las redes operativas.

La propuesta parte de considerar que la inspiración de la Reforma es por completo convergente, por lo cual se garantiza la libertad económica de los agentes en el mercado para que a voluntad proporcionen todos aquellos servicios que la tecnología utilizada les permita con niveles eficientes de calidad. En concreto, el artículo Cuarto transitorio es preciso en su ordenanza y dispone que en los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Reforma, es decir, a partir del 11 de junio, el Congreso de la Unión tiene el deber de:

[…] …expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, […]… la ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el IFETEL.

A partir de este ordenamiento surgen dos demandas regulatorias que deberán de atenderse con las resoluciones adecuadas. En la conformación de estas ordenanzas, los dos puntos centrales a garantizar son necesariamente:

– Que todo operador autorizado tiene el derecho de proporcionar la totalidad de servicios que su estructura económica y la tecnología utilizada le permitan, lo que en su conjunto deriva en la optimización máxima de la capacidad del uso de la infraestructura instalada y en el aprovechamiento de las externalidades de red; y,

– Que de ser el caso, la autoridad debe establecer la regulación asimétrica necesaria para impedir que el desempeño optimizado y convergente de todos los agentes derive en posiciones monopólicas o anticompetitivas, las cuales afecten el desarrollo de otros participantes, o bien impidan el ingreso de nuevas opciones de servicio.

La determinación de los mecanismos señalados, desde luego es motivo de un amplio dictamen por parte del órgano regulador. Y a partir de estos derivar la definición de lineamientos claros, precisos y sustentados, que faciliten su implementación en condiciones de sana competencia, no discriminatorias y en igualdad de condiciones para todos los participantes. El desahogo de estas actividades es prioritario y estratégico en tanto desde la perspectiva social no se justifica que las infraestructuras y recursos existentes sean subutilizados, y con ello se limite su aprovechamiento potencial para ofrecer más y mejores servicios a las comunidades de todo el país.

Igual apreciación merece la propiedad cruzada de medios, tema resaltado al mayor nivel institucional posible ya que nutre la modificación del artículo 28 Constitucional. El texto ya vigente manda que el Ifetel es la autoridad encargada de imponer límites a la propiedad cruzada “que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica…” (Poder Ejecutivo Federal, 2013). Al respecto, debe considerarse que las economías de escala y de alcance son inherentes al escenario convergente y ello puede derivar en forma natural en casos que pueden argumentar la propiedad cruzada que se establece. No obstante, es conveniente analizar con detalle cada ejemplo bajo la perspectiva de que es recomendable no prohibir de antemano estos ensambles, lo que desde luego no significa carencia de regulación. Es necesario destacar que las concentraciones verticales típicas de algunas empresas y el dominio sobre la producción de contenidos que asimismo las caracteriza, torna indispensable que se diseñen medidas regulatorias específicas, de evidente perfil asimétrico. Este requerimiento es aún mayor porque es la raíz en el tema de contenidos, de especial interés para firmas que no tienen concesión de radiodifusión y desean obtenerlos, sobre todo para su distribución mediante Internet. Unido también al tema anterior, aparece una recomendación general relacionada con la desregulación, entendida como la simplificación y actualización de las reglas aplicables.

La gestación y diseño de la nueva regulación debe soportarse en efecto en el reconocimiento de que la mejor política es la desregulación, lo cual lleva implícito el deconstruir las reglas actuales que operaron para servicios particulares, y construirles de nuevo para fomentar el desarrollo de los mercados convergentes.

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Como se desprende en los acuerdos del Pacto por México y se concreta en la Reforma, el conquistar mercados competitivos es el principio estelar de la regulación y sus resoluciones específicas. Sin embargo, debe cuidarse el no erigir a la competencia como el mecanismo único y universal para la prestación de las telecomunicaciones en todo el país. Los operadores acuden a suministrar sus servicios en las regiones de mayor crecimiento económico, y no necesariamente atienden a los sectores sociales marginados. Con ello, las telecomunicaciones no tienen impacto en las comunidades que más las necesitan, lo que genera un contrasentido en el binomio que enlaza a las tecnologías de la información y comunicación como requisito indispensable para conseguir el desarrollo en todos los niveles posibles.

La enmienda del panorama anterior debe provenir del Estado, como también enfatiza la Reforma. La instancia estatal debe asegurar tanto que la competencia se resuelva a favor del ciudadano, como proveer el suministro en aquellas zonas no atendidas por el mercado, utilizando para ello todas las alternativas posibles. La modificación constitucional destaca tanto su papel como facilitador del suministro, así como en la operación directa de algunas plataformas para dinamizar la cobertura social y regional de los servicios.

El accionar del Estado en las telecomunicaciones que dictamina la Reforma es preciso, franco y exacto. El artículo Décimo Sexto transitorio ordena que el Ejecutivo Federal en coordinación con Ifetel deberá de garantizar la “instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones” (Poder Ejecutivo Federal, 2013). La red -cuya instalación deberá iniciarse antes de que concluya el 2014 para viabilizar su operación plena para el 2018- se plantea como una iniciativa insignia que ilustra tanto la responsabilidad del Estado en la creación directa de opciones de comunicación, como el papel que debe tomar la iniciativa privada. A ello se adiciona la definición de considerandos estratégicos que con el instrumento regulatorio garantizan la rectoría estatal en el sector, el protagonismo del ahorro nacional y la operación de la infraestructura a crear con base en la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el costo justo, que se transforma en insumo para facilitar el involucramiento del operador y garantizar que el suministro de servicios alcance a todo el territorio sin importar la condición geográfica, poblacional o socioeconómica. De esta forma, la red habrá de sustentarse en el aprovechamiento del recurso espectral en la banda de 700 MHz liberado por la transición digital del servicio de televisión abierta y cuya titularidad pertenece a la Nación. Asimismo, podrá aprovechar tanto los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, como cualquier otro activo del Estado susceptible de utilización.

El acierto mayor de la propuesta es que su funcionamiento se nutre de las mejores prácticas en materia de competencia. Las fracciones IV a VII del artículo Décimo Sexto transitorio de la Reforma clarifican estos principios, que sin duda redituarán el enorme beneficio social que se pretende. A la letra se expresa entonces que la red…

“IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red;

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de servicios;

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida, y

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal” (Poder Ejecutivo Federal, 2013).

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Las telecomunicaciones de nuestro país han tenido sin duda un gran crecimiento macroeconómico, que año con año se evidencia en sus estadísticas de desempeño. No obstante tal dinamismo, los beneficios de su funcionamiento no han estado acordes con esa expresión numérica, cuantitativa. Es por ello que el aporte de la Reforma constitucional que ya se ha promulgado y de las líneas de desarrollo que establece, deben de apreciarse como el ingrediente cualitativo que optimice todo lo logrado, enmiende las desviaciones y límites que el sistema también ha provocado, y busque alcanzar un nivel de desarrollo superior que permita la utilización de las telecomunicaciones y de las TICs en lo general, con todo el potencial de cambio que implican.

Bibliografía

Poder Ejecutivo Federal. (2013).

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

de los artículos 6º, 7º, 26, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

En: Diario Oficial de la Federación; 11 de junio.

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