Carlos Zarco Mera

Sociedad civil y seguridad alimentaria en México

La seguridad alimentaria se ubica en la perspectiva de la seguridad humana, es decir, en la idea de que el bienestar y los derechos de las personas de una sociedad estén garantizados por las instituciones que esa sociedad se ha dado a sí misma para administrar sus recursos y la riqueza que se genera a partir de los mismos.

El Estado (el conjunto de esas instituciones), existe como titular de la responsabilidad para garantizar ese bienestar y esos derechos. Desde esta perspectiva de derechos, la seguridad alimentaria sería un elemento fundamental de la seguridad nacional de un país. ¿Qué otra amenaza más grande puede haber para un país junto con la guerra, que la falta de alimentos para su población? Una sociedad donde se pasa hambre no es viable en términos de futuro.

Por otro lado, la industrialización y la mercantilización de los alimentos ha generado otra amenaza al bienestar social: la obesidad y el desperdicio. En diversos países no solo hay inseguridad por falta de alimentos sino también por su exceso y mala calidad.

En México, 53 millones de personas viven en situación de pobreza, prácticamente la mitad de la población, y 27 mil 4 millones de personas se van a dormir con hambre; somos el segundo país con obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil. Se estima también que cada año se desperdician 30 millones de toneladas de alimentos. Estas situaciones desfiguran el rostro de la justicia, del vivir dignamente y enmarcan los enormes retos de la seguridad alimentaria en México.

En Oxfam iniciamos hace dos años una campaña internacional, la Campaña CRECE: alimentos, planeta, vida, para alertar y cobrar conciencia sobre el sistema alimentario mundial con perspectiva de futuro. En el año 2050 seremos 9 mil millones de habitantes y se multiplicará la necesidad de alimentos, tierras, agua y energía en un mundo con recursos limitados. Desde ahora podemos corregir el rumbo, recomponer el sistema alimentario mundial, cuidar a quienes hoy poblamos el planeta y garantizar los derechos de las generaciones venideras. En esa lógica nos planteamos cinco objetivos:

Fortalecer y multiplicar los movimientos ciudadanos que se manifiestan a favor del derecho a la alimentación, la nutrición y el consumo responsable.

Detener la compra y el acaparamiento de tierras en los países más pobres por parte de grandes compañías transnacionales y de otros países que desde ahora buscan garantizar la producción de alimentos con los recursos de otras naciones.

Promover en la comunidad internacional políticas y acuerdos efectivos frente al cambio climático y sus efectos en las comunidades más vulnerables.

Incentivar la inversión pública en la agricultura de pequeña y mediana escala, con especial énfasis en el apoyo a las mujeres productoras.

Presionar para que se tomen medidas urgentes frente a la volatilidad de los precios de los alimentos, creando reservas, deteniendo la especulación y la producción de biocombustibles.

Esta campaña ha implicado acciones de incidencia en espacios globales en 45 países, poniendo énfasis en políticas específicas que se deben instrumentar.

A nivel global, junto con otros movimientos y organizaciones, en Oxfam hemos puesto especial atención y presión en las Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático (COP), en las Conferencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), y en las reuniones del G20, que agrupa a las veinte economías más fuertes del mundo y de las cuales participa México. También estamos atentos a la discusión que se está dando en Naciones Unidas sobre la evolución de las llamadas “Metas del Milenio” que buscan eliminar la extrema pobreza del mundo. En ese nivel, llevamos a cabo una campaña especial dirigida al Banco Mundial para congelar la adquisición de tierras en países pobres.

En México, hemos focalizado las acciones en 45 países de los diversos continentes para fortalecer redes y coaliciones de organizaciones ciudadanas que exijan a sus gobiernos programas y políticas que garanticen el derecho a la alimentación y la inversión en la agricultura de pequeña escala, así como medidas para apoyar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios de los alimentos. Hemos puesto especial atención también al vínculo entre las organizaciones de los productores y las organizaciones de los consumidores.

A nivel nacional nos sumamos a organizaciones y movimientos que lograron que se consagrara en el artículo 40 de la Constitución el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Ahora participamos en la incidencia para que la ley reglamentaria correspondiente responda a las necesidades de la población y no a los grandes intereses comerciales y económicos.

Igualmente se ha apoyado a las organizaciones que monitorean el rubro de la inversión en el campo en el presupuesto federal que cada año aprueba el Congreso, con la exigencia de un mayor apoyo financiero y tecnológico a la agricultura campesina que, además de garantizar el autoconsumo, puede generar cadenas de comercialización en las economías locales.

Como se sabe, programas como Procampo privilegian el apoyo a los grandes productores y agro exportadores y esto ha debilitado la autosuficiencia alimentaria en el país. México era autosuficiente en la producción de alimentos, pero con la apertura comercial perdimos esa capacidad. Hoy importamos el 42% de lo que comemos.

Cuando uno se acerca a la producción en el campo se percibe el rol cada vez más importante de las mujeres como productoras. En la mayoría de las comunidades rurales la migración ha dejado a las mujeres al frente de las familias, del trabajo de las milpas y de los asuntos de la vida pública de la comunidad. En justicia, hoy no puede haber políticas de apoyo al campo que no tengan una perspectiva de género y un énfasis en los derechos y fortalecimiento de capacidades de las mujeres. En muchos casos ellas no pueden ser dueñas de la tierra sólo por ser mujeres. En ese sentido, la Campaña CRECE en diversos países y en particular en México, ha puesto especial atención al apoyo a grupos de mujeres campesinas e indígenas.

Con el anuncio por parte de la nueva administración del gobierno federal de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en Oxfam hemos visto una oportunidad de incidir y favorecer los objetivos de CRECE. Esta política pública es una oportunidad para poner el tema de la pobreza en el centro del debate nacional y para impulsar cambios en la política social. Es un mérito que el gobierno reconozca el problema del hambre en el país y decida mejorar la coordinación entre las distintas dependencias federales y entre los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) para enfrentar esta situación.

La Cruzada tiene cinco objetivos. En Oxfam México nos interesa colaborar e incidir en el cuarto y el quinto: promover la producción local de alimentos y fortalecer comités locales, en las comunidades, para participar en las acciones que se realicen.

Dada la historia de nuestro país, la Cruzada está rodeada de escepticismo y sospechas: de ser usada como instrumento para la compra de votos, de favorecer a las grandes empresas de alimentos, de ser solo propaganda política… Y, lamentablemente, ha habido situaciones que han reforzado estas percepciones. Sin ingenuidad, pensamos, sin embargo, que es importante que la sociedad organizada vigile y participe en la ejecución de esta política. Si la Cruzada fuera un éxito el país saldría ganando y en particular las personas que viven en situación de pobreza.

Es importante que México aproveche la experiencia de otros países en este tipo de políticas sociales y por ello en Oxfam estamos promoviendo encuentros que fortalezcan los intercambios internacionales, tanto entre organizaciones campesinas y de consumidores, como entre funcionarios de gobierno.

No hay derecho más elemental que el derecho a la alimentación, de ahí la importancia de insistir en su pleno ejercicio y goce. Ello implica la responsabilidad social y política de todos. En primer lugar de quienes tienen el poder económico y político para tomar decisiones de alto impacto y enseguida de todas aquellas personas y organizaciones de la sociedad civil que seguimos creyendo y luchando por un mundo mejor.

Seguimos animados y comprometidos a que crezca la vida, el planeta, los alimentos.

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