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Sobre otras conjuras

Sin que medie una orden judicial, en México es ilegal grabar y difundir conversaciones telefónicas. Vale la pena reiterarlo una y otra vez, con la misma obcecación de quienes delinquen con el pretexto de divulgar información de interés público, y aunque el tribunal paralelo que llegan a conformar los medios tenga sus propias leyes. Exhibir la falta de legitimidad de acciones como ésas es el único reducto que, al parecer, puede acotar la impunidad.

El 24 de febrero, Proceso incurrió otra vez en la intromisión de la vida privada al propalar parte de cierto intercambio telefónico entre dos directivos de Televisa. Hecha por Jenaro Villamil, si algo revela su transcripción son los intersticios poco claros que se dan entre grupos de poder y los medios que usan para dirimir así sus diferencias. Pero lo revela no porque quien asumió el dictado hubiera informado cuál es su fuente o dicho al menos que se trata de alguien que pidió el anonimato. Al no considerar siquiera la opinión de los personajes involucrados y al establecer sentencia sobre “el valor de la información”, la intriga se expresa tal cual en la portada con todo el estruendo posible: “Fue de Televisa la conjura contra Aristegui”.

Evidentemente, aquel material no es resultado del trabajo periodístico sino producto de una confabulación de quién sabe quién para defenestrar al contrincante (ése sí se sabe quién es), con la complicidad de la firma de alguien y el respaldo de una publicación que se colocó en la antípoda de la valentía inherente a la labor de la comunicación que denuncia con pruebas y, en efecto, sin concesiones pero sin transgredir la ley ni faltar a la ética. Pero además, al valorar los párrafos transcritos no hay primicia sino algo que es, además, natural: dos directivos molestos porque alguien que trabaja también para su empresa disiente de su plan financiero convertido en ley durante esos días (y que, por fortuna para el país, fue declarado inconstitucional en sus partes medulares por la Suprema Corte de Justicia).

El director de información de Televisa, Javier Tejado Dondé, le pide el vicepresidente jurídico de la misma empresa, Joaquín Balcárcel, que intermedie con Prisa porque “es increíble que aquí, en nuestra propia casa, sea donde tengamos todo esto (…) se me hace una injusticia brutal”. En realidad, esto prueba que las decisiones en la XEW las toma Prisa y que platicarlas con su socio, Televisa, es algo entendible. También prueba que aun en los momentos más álgidos de la discusión en el país sobre la Ley Televisa, la periodista no fue censurada aunque, eso sí, al momento de revisar su contrato, Prisa le propuso algunas cláusulas para su renovación que Aristegui no aceptó. La empresa, aquí lo dijimos en su momento, está en su derecho, incluso sustentando consideraciones políticas para su determinación (que fueron de la misma índole a las que hace poco más de cinco años decidierón su contratación).

Televisa es, para nosotros, un serio obstáculo para la democracia y así lo hemos dicho de manera insistente en toda la historia de esta revista, nada menos en la página 21 de este número documentamos las muy poderosas razones económicas que tiene la empresa para no querer el cambio y entorpecerlo, por encima de lo que le conviene al país que es una oferta amplia y versátil de medios radiofónicos. Lo hacemos con información oficial, esa sí incontrovertible porque se trata de datos que el consorcio está obligado a difundir a sus inversionistas. Lo hacemos también a partir de discutir sus planteamientos: nunca falta un texto al respecto en cada edición. Con lo que no estamos de acuerdo es que, en el nombre de la causa o del periodismo independiente, se infrinja la ley y se violen los más elementales derechos humanos. Tampoco coincidimos con el silencio en lugar de la denuncia de esos actos: ya quisiéramos ver a los muy activos y militantes organismos no gubernamentales de derechos humanos y en general a los defensores de las causas más nobles, expresarse al respecto porque incluso hasta con el adversario debe haber mínimas reglas de civilidad.

Estas definiciones nuestras no resultan del ánimo que pontifica, aunque en más de una ocasión hayamos tenido documentos “confidenciales”, “trascendidos” o la grabación de algunas conversaciones provenientes de la fuente que siempre se esconde en el anonimato. Más allá de que los editores de etcétera despreciemos esos métodos y que desde aquí se lo digamos una vez más a quienes los usan para que nunca nos tengan en cuenta, nos preocupa el clima de descomposición en el debate que se genera al difundirse materiales como el que comentamos. En especial, nos preocupa que actos como ése vayan en desdoro de quienes pugnamos por otro orden normativo al del actual esquema de concentración que priva en el uso del espectro radioeléctrico y del que Televisa es el principal responsable.

Tampoco somos adversarios de Proceso, en todo caso, al contrario. En más de una ocasión hemos reconocido el talante periodístico del semanario de política más importante del país (lo hicimos apenas en la edición pasada) y, en ésas, también hemos denunciado el boicot que, en relación con la publicidad oficial, opera contra esa revista; lo continuaremos haciendo mientras dure este proyecto. De igual forma seguiremos expresando nuestras diferencias, muy señaladamente, cuando incurra en la trasgresión de la vida privada e incluso íntima, como lo ha hecho. Lo mismo haríamos si fuera con ellos, si alguien invadiera la vida privada de sus integrantes (al respecto, hace poco, en un programa radiofónico, hubo un amago de ello hecho por un Duende pero no lo puntualizamos aquí porque se trató sólo de eso, de un amago). Y creemos que denunciarlo sirve hacerlo siempre, para deslegitimar aquellos métodos, incluso aunque seamos tan marginales, como lo somos, y políticamente incorrectos, como también lo somos.

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