Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia sobre las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones fueron minimizadas por sus promotores, pero sus dichos no convencieron precisamente por la herida sistemática que llevaron a cuestas durante todos estos meses, su falta de solvencia argumental y ética. Tuvieron, por ejemplo, un doble discurso: adujeron que sólo dos artículos, junto con otras enmiendas menores según ellos, fueron declarados inconstitucionales aunque al mismo tiempo advirtieron que, con las resoluciones de los ministros, había incertidumbre en la industria y que el rumbo de la modernización había sido detenido, como si ésta fuera posible sólo a partir de dar cauce exclusivamente a sus intereses.
Ceñidos estrictamente a las determinaciones de la Corte podemos afirmar que se ha disuelto ese plan de negocios convertido en ley porque el centro de la cuestión financiera que la impulsó, en desdoro de los intereses de la nación, está cancelado, al menos por ahora. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que el sistema de privilegios de los grandes medios de comunicación en México permanece intacto y que, en ese terreno, tales empresas continúan alentando su interés económico sin concatenarlo porque eso implica entre otras cosas abrir el mercado y eso no lo quieren con una mayor oferta informativa, cultural y de entretenimiento.
Para quienes denunciamos el contenido de la Ley Televisa, un primer momento era procurar su dilución, como ya ocurrió. Por eso es sagaz pero vacuo el señalamiento que también se hizo en los días recientes en el sentido de que la supresión de esos ordenamientos era un retroceso al delegar otra vez en el Presidente el poder en la radiodifusión y las telecomunicaciones. El cambio no es virtuoso en sí mismo, como no lo era el que comprendía la ley de medios: restarle poder al gobierno, más aún, al Estado, y conferírselos a sí mismas las empresas mediáticas. Entonces había que procurar detener aquel proyecto y enseguida plantearse otro alternativo.
En etcétera tenemos la convicción de participar en una ruta incluyente para dar forma a un nuevo modelo de medios de comunicación en México. En nuestra opinión, esto supone plantear diagnósticos, ideas y propuestas, así como la concurrencia en ese tenor de los actores involucrados, donde sobresale el Congreso de la Unión que tiene la obligación y la oportunidad de responder, ahora sí, a esa necesidad de Estado por encima de los poderes fácticos.
Entre las estratagemas de los promotores de la Ley Televisa una aseguró que si no era convalidado su orden legal los medios públicos desparecerían. En el otro extremo, también hubo voces que aseguraron lo mismo acusando a la ley ahora fallida cuando, en realidad, el tema no estaba incorporado. Sobre esto precisamente, en la presente edición comenzamos con una serie de paquetes de lectura para contribuir a las reflexiones rumbo a una nueva estructura normativa. Reconocemos a los expertos internacionales que nos autorizaron a reproducir sus materiales porque estamos convencidos de la utilidad que tiene la perspectiva comparada, y agradecemos también a los analistas que crearon textos para la ocasión, así como a los funcionarios que aceptaron entrevistas. Creemos que en estas páginas se abordan los asuntos principales sobre esta asignatura central de una nueva ley de medios.
Haremos lo mismo en los siguientes números con otros asuntos porque ésta que es una revista de causas tiene entre sus principales la de aportar en el sentido arriba señalado, o sea, pugna por acotar el duopolio televisivo y a los principales grupos de la radio, por ampliar el mercado y fortalecer ofertas alternativas de comunicación como los medios públicos y las radios comunitarias, entre varios otros temas centrales como la convergencia digital. Esto lo impulsaremos seguros de que esa empresa reformadora comprende el concurso de los actores involucrados, los unos y los otros, de nosotros entre éstos, si nos hemos de ceñir al campo polarizado que arrojan los días recientes.
Una nueva ley de medios será con el concurso de los otros, o es inviable. Con esa certeza impulsaremos el debate con ellos. El intercambio de ideas lo prevemos ríspido pero lo queremos constructivo. Sin demérito de nuestras definiciones, al contrario, justamente porque confíamos en ellas, convocaremos a los actores involucrados en el asunto. A todos. Así festejamos la oportunidad de la reforma, invitando al otro. Ésa es la vocación de etcétera.
