Cinque Terre

María Marván Laborde

Comisionada del IFAI

Sin archivos, la transparencia es demagogia

Uno de los grandes déficits de la transparencia está relacionado con el gran desconocimiento que existe de la información que se maneja dentro del sector público, ya sea gobierno federal, gobiernos estatales o municipales. Al interior de las instituciones pocos saben quién es el responsable de custodiar la información. A diario se reciben miles de datos y se procesan documentos que no se comparten con nadie.

No existe una preocupación sistémica por establecer verdaderas políticas públicas de la gestión de la información. Debido a que no existe una estrategia compartida por los cientos o miles de burócratas que trabajan en una dependencia o entidad, ha sucedido en los hechos, que una dirección reserva información, que está en su propia página de Internet. Con aquella tranquilidad declaran información inexistente -con la firma de la contraloría- por no saber donde buscar. Se reserva información que nadie sabe quién es responsable de custodiarla, mucho menos está definido quién puede y debe verla, nadie tiene certeza de cuantas copias existen de ese documento o en cuantas computadoras se ha guardado.

Después de ocho años de ejercicio de la Ley de Transparencia se ha ido aceptando entregar copias de documentos, oficios o facturas, pero cuando algún ciudadano solicita una base de datos, la resistencia es mayúscula. Los servidores públicos constantemente argumentan: “Ese es mi trabajo”.

Abren los ojos del tamaño de un plato cuando el IFAI determina que su trabajo es de todos los mexicanos y por tanto, deben entregarse esas bases de datos, que no son otra cosa que documentos electrónicos útiles y utilizables. La gran desconfianza que nos tenemos los mexicanos nos lleva a pensar que al entregar una base de datos la información se manipulará (despectivamente) y servirá para fregar al gobierno. No entendemos que al compartir bases de datos nos abrimos a la posibilidad de generar conocimiento.

La mala gestión de la información nos ha llevado a tener de más información que no procesa la institución, a tener información reservada que nadie cuida, y lo más grave, a desconocer información indispensable para hacer bien nuestro trabajo. ¿Cómo tomamos decisiones sin información? ¿Cómo modelamos políticas públicas sin estadística?

La reflexión es pertinente porque en el Congreso de la Unión se discute una nueva ley de archivos. Con grandes aciertos se propone revitalizar y fortalecer al Archivo General de la Nación. Fortaleza no significa, y así lo han entendido quienes lo discuten, sólo darle mayor presupuesto, además de dinero hay que darle un nuevo marco jurídico.

No deja de ser sorprendente que en pleno Siglo XXI, después de todo el proceso de transición a la democracia, el Archivo General de la Nación esté bajo el mando de ¡la Secretaría de Gobernación! Se está repensando esta importante institución, y por ello debemos decidir bajo el mando de quién hay que colocarla, ¿debe depender de la Secretaría de Función Pública y dedicarse fundamentalmente a los archivos administrativos? ¿Debe depender de la Secretaría de Educación Pública y darle una perspectiva más amplia?

El Archivo General de la Nación debe guardar nuestro pasado histórico y organizar la memoria de nuestro presente administrativo. Si queremos que la transparencia y el acceso a la información sean algo más que demagogia debemos establecer una política clara de gestión de la información que es, sin duda, mucho más que asegurarnos de que alguien acomode expedientes por orden alfabético en un cuarto oscuro y húmedo.

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