Diego de la Mora Maurer

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Investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Símbolos del salinismo

La primera campaña política que recuerdo es la del “Programa Nacional de Solidaridad”: comerciales para cine y televisión filmados en gran formato, en los que se ensalzaba la solidaridad como un valor intrínseco de las y los mexicanos, un himno cantado por las estrellas pop del momento y varios millones de pesos en imágenes que transmitían constantemente mensajes muy estudiados sobre la política estatal que buscaba influir en la percepción de quienes criticaban al primer régimen cuestionado en las urnas en la historia de México.

Dependiendo del punto de vista que se tome, la campaña publicitaria de Solidaridad se puede describir como los estertores del régimen priísta de partido hegemónico que se resistía a morir o como el resultado de una política que buscaba entrañarse en símbolos tradicionales para regenerar las relaciones entre gobierno y sociedad a partir de la reconstrucción de comunidades violentadas por la política económica neoliberal.

Lo cierto es que la campaña parece haber sido muy exitosa: en una serie de encuestas realizadas por la oficina de la Presidencia de la República en 1992, 60% de los entrevistados respondieron que no sintieron que Solidaridad los beneficiara en lo personal y, sin embargo, una proporción importante estaba de acuerdo con el programa: 70%. Solo el .89%, menos de uno de cada diez estaban en desacuerdo con el programa.

La importancia simbólica de las políticas públicas, que los creadores de la campaña de parecieron entender bien es que, como señala Dye, además de “modificar las condiciones sociales […] dotan a la población de cohesión y mantienen un Estado ordenado. Por ejemplo, un gobierno en “guerra contra la pobreza” podría no tener ningún impacto significativo en los pobres, pero tranquiliza a la gente, tanto adinerada como pobre, haciéndole creer que al gobierno “le importa” la pobreza” (Dye, 1987: 355).

Las campañas publicitarias del nuevo gobierno parecen retomar algunos de los símbolos del salinismo:

la idea de unidad y acuerdos en el Pacto por México, aunque a nivel cupular, recuerda la frase “Unidos para progresar”. El término actual del “momento mexicano” también coincide con “la entrada al primer mundo” que pregonaba el salinismo. Y la cruzada contra el hambre, que paradójicamente invita a las empresas productoras de comida chatarra para contrarrestar la desnutrición, hace recordar la lucha por el progreso social del Pronasol.

Sin embargo, el uso simbólico de las políticas implica el riesgo de “no ser más que un proceso reactivo, enfrentando asuntos que cada vez se convierten en problemas en lugar de adelantarse a ellos, lo que con demasiada frecuencia puede generar peligrosos niveles de desilusión y frustración” (Parsons, 2009: 628).

El truco de las campañas publicitarias es que pueden, cuando están bien hechas, persuadir a una sociedad entera de que las cosas marchan más o menos bien, cuando, como en el caso del sexenio de Salinas, la verdad era muy distinta: la crisis política de 1994 y su consecuencia económica en 1995 destruyeron los intentos de la unidad para el progreso. Ahí también estriba su peligro: los valores y las experiencias organizativas que se lograron con el Pronasol se vinieron abajo cuando el gobierno mexicano tuvo que enfrentar la realidad que escondían la propaganda.

Las alternativas a políticas públicas creadas y dictadas desde el gobierno están cada vez más presentes y al alcance de la tecnología. La disyuntiva parece clara: los gobiernos pueden optar por impulsar y favorecer mecanismos de participación para la creación de políticas más racionales y cercanas a las necesidades y soluciones populares (para informar sobre los derechos de las personas y buscar mecanismos consensuados para resolver los problemas que impiden su garantía), o pueden seguir creando políticas desde los gabinetes y oficinas públicas e intentando manipular a las personas de que esas son las soluciones para sus problemas a través de la publicidad oficial.

La clave ya está en la Constitución: el artículo 1º garantiza los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales. El segundo párrafo del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es preciso en la definición del derecho a la participación: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

Parece que se están acabando los tiempos en los que se podían implementar acciones de gobierno sin críticas o participación de la sociedad. Si la nueva administración nos quiere beneficiar con sus políticas públicas, tiene que activar mecanismos que permitan a la ciudadanía construirlas, mejorarlas, evaluarlas y, a final de cuentas, aceptarlas. En vez de seguir derrochando dinero en publicidad (la cuenta del sexenio calderonista en comunicación social y publicidad asciende a 38 mil 725 millones de pesos) se podrían destinar esos recursos para crear mecanismos que permitan una mejor comunicación bidireccional entre gobierno y sociedad y para generar, ahora si unidos, las políticas que resuelvan los problemas más urgentes de la ciudadanía, garantizando sus derechos humanos y creando condiciones de vida más dignas para todas y todos

Bibliografía:

Dye, T.R. (1987). Understanding Public Policy. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, N.J.

Flores, Nancy. (2013). “Publicidad de Calderón costo 38 mil millones”. Contralínea. 25 de junio de 2013. Disponible en internet (julio de 2013): http://is.gd/KwWEqs

Parsons, Wayne. (2009). wwwww. Flacso México y Miño Dávila. México.

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