La terrible tragedia ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el pasado 24 de agosto, en la que más de 70 migrantes, entre éstos mujeres y niños, perdieron la vida víctimas de la delincuencia organizada, no es más que el rostro descompuesto de un Estado que ha fracasado en su obligación de defender los derechos humanos de las y los migrantes en nuestro país.
En materia migratoria y, en específico, en lo que respecta a la tutela de los derechos fundamentales de migrantes, el Estado Mexicano tiene, entre otras, dos obligaciones muy importantes; por una parte, prevenir las conductas ilícitas en perjuicio de este grupo en situación de vulnerabilidad y, por la otra, procurar justicia en aquellos supuestos en que lamentablemente ocurran hechos como esta tragedia humanitaria.
El caso San Fernando es el síntoma de una muy grave enfermedad que aqueja a nuestras instituciones, cuyo padecimiento no ha encontrado cura, pero más preocupante aún, es que no parece, hasta este momento, que se hayan tomado medidas contundentes, eficaces y prontas para encontrar la “medicina” que permita que no se repitan actos de estas características en el futuro.
Son muchos los pendientes en materia migratoria y, por ello, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trabajamos, todos los días, en lo que nos corresponde: la protección y promoción de los derechos humanos de las y los migrantes.
Para el Ombudsman nacional es tan evidente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante que, desde el comienzo de su gestión, nos ha instruido a buscar a las víctimas, a darles la palabra, a escucharlas, pero, sobre todo, a dar a conocer su testimonio y velar por la efectiva tutela de su dignidad.
De enero a agosto del 2010 se han realizado mil 102 visitas a estaciones migratorias, en las que se ha atendido un total de 25 mil 919 personas. En estas visitas se realizaron 4 mil 538 gestiones en favor de los asegurados ante las autoridades de las estaciones migratorias, trámites que van desde garantizar el acceso a una inmediata atención médica, información sobre su situación jurídica migratoria, acceso a alimentación, enseres básicos de limpieza y de aseo personal, colchonetas limpias, permiso para comunicación telefónica, posibilidad de ampliación de declaración ante el Instituto Nacional de Migración, inventario de bienes y agilización de trámites de repatriación, entre otras medidas tendentes a garantizar los derechos fundamentales del migrante.
Además, personal de la Comisión ha realizado 138 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria y a puntos de concentración de migrantes, tales como aeropuertos, terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión, en las cuales se ha atendido a un total de 2 mil 243 personas; 343 visitas a casas o albergues para migrantes, en las que se atendió a 10 mil 31 personas, se iniciaron 174 expedientes de queja y se realizaron 107 gestiones ante diversas autoridades.
Como resultado de estas acciones, en comparación con el mismo periodo del año 2009, se ha incrementado en un 44% el número de quejas radicadas en la materia y en un 179% las gestiones en favor de migrantes ante diversas autoridades.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cejaremos en nuestra labor de velar cotidianamente por el respeto pleno a los derechos humanos del migrante, pero nuestro esfuerzo no será suficiente sin la voluntad política del Estado Mexicano para llevar a cabo acciones concretas de diseño, implementación y seguimiento de una política migratoria integral, con perspectiva de derechos humanos y desarrollo, que implique la revisión de la legislación vigente y articulación de políticas públicas eficientes y adecuadas a la realidad migrante del nuevo milenio.
