José Luis Peralta

Comisionado de la Cofetel.

Resoluciones de interconexión como acto administrativo

La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal.

Nikola Tesla

Generalmente utilizamos la palabra “descomponer” en su sentido ya evolucionado y derivado, equivalente al término averiar o estropear. En un primer momento, su significado era lo opuesto a formar o construir algo. El prefijo “desindica inversión o negación, y así descomponer significa separar las partes, los componentes del todo; algo muy similar a desarmar una determinada cosa.

En el presente artículo realizaremos la descomposición de diversos conceptos que juzgo relevantes para la Comisión Federal de Telecomunicaciones en su quehacer de establecer condiciones de interconexión a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. La palabra descomposición como acción y efecto del segundo sentido, como separación de compontes o elementos de un todo, está íntimamente asociado a la función analítica, como estudio de una cuestión para entenderla a integridad y en su propia integridad. En consecuencia, descompongamos entonces.

Acto administrativo

Dentro del estudio del Derecho emerge un concepto básico conocido en la literatura jurídica como acto administrativo. Éste se encuentra asociado a un actuar de entes estatales al que le corresponden determinados atributos y características.

Formalmente, existen actos administrativos de carácter particular y general. Ejemplo de estos últimos son las disposiciones administrativas de tales reglas, normas, lineamientos, etcétera, que derivan de cláusulas habilitantes por las que una norma legislativa o reglamentaria, habilitan a un órgano de la administración para regular una materia concreta y específica.

El acto administrativo particular es aquel que incide en destinatarios específicos y concretos, a quien para efectos prácticos llamaremos sencillamente como acto administrativo, en lo sucesivo.

Una referencia muy ilustrativa sobre lo que debe entenderse por acto administrativo en un ordenamiento, se encuentra contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal:

Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tienen por objeto, crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés general;1

En la resolución sobre la contradicción de tesis 268/2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo, “SCJN”) proporciona una definición que no es muy diferente a lo expresado:

“Teóricamente, se ha concebido al acto administrativo como la declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos directos e inmediatos; así, por acto administrativo se entiende toda declaración jurídica unilateral y ejecutiva en virtud de la cual, la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas”.

Continua señalando esta resolución, y la especificación resulta conveniente, que a diferencia del derecho privado, en los actos administrativos el Estado impone unilateralmente obligaciones y cargas a los particulares; complementariamente, la administración pública en su potestad dispone de los medios efectivos para cumplirlas y hacer cumplir, al tiempo que es un creador de derechos. A modo conclusivo, termina, la función administrativa se concreta en actos jurídicos consistentes en una declaración de voluntad del ejercicio de la potestad pública, en beneficio del interés público.

Ahora bien, generalmente las características o atributos que definen al acto administrativo particular son cuatro:

a) Presunción de validez Descansa sobre un elemento de practicidad muy elemental: el acto se asume válido para que pueda producir efectos directos y sin condicionamientos, con el propósito de cumplir con su finalidad sin demora, de interés público, con la que fue emitido y así lograr la consecución de los objetivos.

La autoridad emisora define derechos y crea obligaciones de forma unilateral a través del acto administrativo. Sus determinaciones son inmediatamente eficaces y crean obligaciones para el destinatario de cumplimiento inmediato; todo ello con independencia de su validez intrínseca.

b) Ejecutoriedad

Es el atributo de los actos administrativos para que su finalidad pueda materializarse con prontitud e inmediatez por el destinatario del mismo, o bien por la autoridad quien se encuentra investida de la potestad para exigir el cumplimiento del acto, inclusive coactivamente dentro del marco normativo y prescindiendo de acudir ante el órgano jurisdiccional.

c) Irrevocabilidad

Como atributo de los actos administrativos, consiste en la imposibilidad jurídica de una autoridad para unilateralmente modificar, alterar o restringir un derecho constituido a favor de una particular para quien representa una garantía para asumir por cierto y definitivo el derecho o situación determinada por la emisora del acto. La irrevocabilidad se asume como una cualidad que brinda el carácter estable a un acto administrativo, limitante de la arbitrariedad en la que pudiese incurrir una autoridad al revocar o modificar los actos previamente dictados y que constituyen derechos individualmente determinados.

d) Impugnabilidad

Es la posibilidad de acudir ante las instancias jurisdiccionales procedentes a demandar invalidez o modificación del acto administrativo. Ello significa que si bien el acto tiene el carácter definitivo, es susceptible de ser modificado o invalidado a través del cause de defensa que se interponga o que pudiese ser interpuesto mientras no se consume el plazo previsto por la norma para que cumpla efecto.

En tal contexto, la presunción de validez puede ser destruida jurídicamente a través de la susceptibilidad de impugnación de un acto. El nexo causal entre ellas es el acreditamiento de la inobservancia o incumplimiento de las formalidades que exige la ley o, que respetadas, el acto sea violatorio de normas de mayor jerarquía normativa, y no reconozca o afecte otros derechos del interesado o de terceros.

Procedimiento administrativo

Un acto administrativo deviene de un procedimiento en el cual se deben cumplir con formalidades adicionales a aquellas que enuncia la legislación de la materia específica, y que el orden jurídico los identifica con los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad. Estos requisitos y formalidades esenciales proceden de preceptos constitucionales que contienen principios o garantías fundamentales.

Si bien sería deseable que la legislación secundaria contuviera la totalidad de estos requisitos y formalidades, la aplicación e interpretación coherente y sistémica exige la plena observancia y atención de estos principios elementales o primarios previstos en las normas constitucionales. No solo los juzgadores en la evaluación o revisión de un acto se encuentran sujetos o vinculados a aplicar las disposiciones constitucionales invocadas por la parte afectada; también las autoridades administrativas durante el trámite del procedimiento administrativo y al momento de dictar el acto, tienen esta obligación en virtud del principio de sujeción a la constitucionalidad de los órganos del poder público, léase todos.


La calificación de la SCJN de las resoluciones sobre desacuerdo en materia de interconexión como actos administrativos

Dentro de las facultades que la Ley Federal de Telecomunicaciones concede a la Comisión Federal de Telecomunicaciones encontramos en el artículo 9-A fracción X aquella que se refiere a resolver y determinar las condiciones que en materia de interconexión no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Algunas de las determinaciones que se han establecido con base en esa atribución han sido cuestionadas por los agentes afectados, y en la actualidad la SCJN se encuentra conociendo de diversos juicios de amparo en revisión cuyo acto reclamado corresponde a varias resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones para determinar las condiciones de interconexión no convenidas entre concesionarios distintos.

En las sesiones públicas que se celebraron respecto de esos juicios de amparo, y no obstante que la resolución a estos juicios fue pospuesta, antes de iniciar la revisión del acto reclamado y por la relevancia conceptual que se involucraba, se discutió ampliamente si los actos reclamados, es decir, las resoluciones que determinan condiciones de interconexión no convenidas- representan actos administrativos, y de ser el caso, cuáles eran sus características esenciales. En efecto, no existe un pronunciamiento que determine el resultado de esta discusión, ni el tratamiento que debieran tener. Sin embargo, en dicha sesión se realizó una votación que constituye un punto de partida y premisa fundamental para la elaboración de los proyectos futuros, lo que anticipa el sentido de un pronunciamiento formal. La determinación que adoptó el Pleno de la SCJN fue que estas resoluciones del órgano regulador de las telecomunicaciones constituyen actos administrativos y que por lo tanto, para su emisión se deben cumplir con determinadas condiciones y formalidades.

La clasificación como acto esencialmente administrativo

El considerar que estas resoluciones constituyen claramente actos administrativos trae consigo múltiples implicaciones y consideraciones que la Comisión Federal de Telecomunicaciones como autora y responsable del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en nuestro país, debe tener presentes y analizar con detalle. Cuestiones que sin duda modifican la concepción y los alcances de las resoluciones emitidas y por emitirse en su función reguladora futura.

Como es sabido, en el artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se autoriza a los particulares concesionarios que de manera libre convengan las condiciones y tarifas de interconexión de sus redes públicas de telecomunicaciones, con la idea subyacente de que ellos conocen sus necesidades, requerimientos y sus propias condiciones económicas, lo que justifica la oportunidad previa que deben tener los concesionarios para ponerse de acuerdo.

Esta oportunidad no significa que el Estado ceda su rectoría en esta materia, ni constituye una renuncia porque se les otorgue a los concesionarios la posibilidad de ponerse de acuerdo. La interconexión es una cuestión de interés público que busca garantizar la prestación de servicios de telecomunicaciones en las que la sociedad encuentra satisfechas sus necesidades de comunicación, bajo el presupuesto de la que la interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones es un requerimiento técnico para que la comunicación generada en un punto de una red pueda ser completada y comunicada con el punto de destino que corresponde a otra red pública de telecomunicaciones. Este es el argumento clave.

La interconexión involucra cuestiones que van más allá de los intereses de los concesionarios propietarios de las redes involucradas. Existe un beneficio de la sociedad y una trascendencia vital para la colectividad dado que las redes interconectadas permiten la comunicación eficiente y abierta a cualquier número o punto terminal, cualidad que al reflejarse en las relaciones sociales trae consigo una mayor interacción e integración de la población en ámbitos culturales, económicos, financieros, y de otra naturaleza.

Ante esta relevancia social, resulta evidente que el Estado a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ejerce su rectoría en telecomunicaciones con la determinación de condiciones de interconexión no convenidas, y por ello, esta facultad representa un instrumento regulatorio para tutelar el interés de la sociedad en una eficiente interconexión; no se trata exclusivamente de intereses particulares contrapuestos de los concesionarios involucrados.

Según la legislación vigente, la interconexión es implícitamente considerada como un servicio intermedio cuya prestación debe ser garantizada y vigilada por la autoridad de la cual depende el sano desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, ya que contribuye a coadyuvar a la conformación de un entorno competitivo en la medida que elimina o atenúa los efectos de lo que puede presentarse como una barrera de entrada para los operadores. Las resoluciones que determinan condiciones de interconexión no convenidas buscan adicionalmente salvaguardar la seguridad y los intereses de la sociedad en la prestación final de servicios de telecomunicaciones, y por estos actos administrativos no sólo se pretende garantizar la oportunidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios de interconexión prestados entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, sino también la calidad y precio de los servicios finales autorizados en un marco de competitividad.

La resolución de la contradicción 268/2010 dictada por la SCJN sobre esta idea consideró: 2

“…

Cuando la autoridad correspondiente ordena en alguna resolución la interconexión de redes de telecomunicaciones, derivado de que las partes en conflicto no llegaron a un acuerdo, en realidad está velando por el establecimiento, continuidad y eficiencia en la prestación de un servicio público, en el caso concreto, el de telefonía, de suerte tal que una posible suspensión de este tipo de resoluciones, privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes y le inferiría un daño que de otra manera no resentiría, pues implicaría que uno o más operadores del mercado no pudieran operar, o bien que lo hicieran en condiciones desventajosas frente a otros competidores, lo cual redundaría en perjuicio de los usuarios finales, dado que, o bien no lograrían comunicarse a un punto en específico, cuya interconexión fue ordenada por el órgano regulador o, a efecto de lograr la referida conexión, se verían obligados a contratar con un operador en particular, afectando con ello las condiciones de libre competencia que, conforme a la ley, deben existir en el mercado de telecomunicaciones como área prioritaria.

…”

En concordancia con estas ideas, cobra relevancia lo manifestado por el ministro Luis María Aguilar en las sesiones de Pleno de la SCJN en las que se discutieron los amparos en revisión antes señalados:

“…

Con el artículo reclamado no se está dotando a la Comisión de facultades para ejercer la función jurisdiccional, ni siquiera se le dota de facultades jurisdiccionales pues la facultad que se le confiere es entre otras, determinar las condiciones que en materia de interconexión no hayan podido convenirse entre los concesionarios; es decir, la discrepancia de opiniones o desacuerdo en materia de interconexión que es llevado ante la Comisión, debe solucionarse en sede administrativa mediante el establecimiento de una regulación o determinación como dice la ley que constituye un acto administrativo en el que la autoridad ejerce la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones.

3

En suma, con esta atribución conferida a la Comisión en el artículo 9-A de la Ley se ejerce la rectoría del Estado, mediante el establecimiento de una regulación para la interconexión a través de un acto administrativo, el que no necesariamente debe pronunciarse a favor de una u otra postura de las partes sino en favor del interés público. Este es el argumento fundamental que justifica el empleo de modelos de costos que involucran los elementos y valores que deben considerarse como parámetro para la determinación de las tarifas de interconexión.

Quizá valdría la pena reflexionar sobre la justificación, necesidad e importancia de emplear modelos de costos para la determinación de las tarifas. Imagínese por un momento si el procedimiento y su resolución tuvieran que circunscribirse exclusivamente a las pretensiones de los concesionarios involucrados, es decir una litis cerrada, sin intereses de terceros y menos aún del interés público. Si fuera este el caso, no sólo carecería de sentido el empleo del modelo de costo como referencia metodológica con valores económicos objetivos para la autoridad, sino que sería indebido que ésta lo empleara para determinar las tarifas al momento de resolver sobre las condiciones no acordadas entre los concesionarios para la interconexión de sus redes, toda vez que se encontraría limitada la Comisión a resolver sobre lo específicamente planteando por las partes, y no sería admisible apartarse de las consideraciones manifestadas en el procedimiento correspondiente.

Este procedimiento que instruye la Comisión como autoridad reguladora al imponer obligaciones e incidir en la esfera jurídica de los concesionarios se desarrolla en cuatro etapas o momentos que se asocian íntimamente con las formalidades esenciales del procedimiento: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se

finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar, argumentar y condensar los resultados del procedimiento en forma conclusiva; y 4) el dictado de una resolución que dirima efectivamente las cuestiones debatidas. Alcances y consecuencias de la determinación como acto administrativo Al conceptualizar las resoluciones emitidas como actos administrativos implica que se les imputen determinadas características y atributos, entre las cuales se encontramos las enunciadas y explicadas en el primer apartado, como la presunción de validez; ejecutoriedad; irrevocabilidad e impugnabilidad, principalmente.

La potestad pública se concretiza en atribuciones y facultades de las que es dotada una autoridad para el cumplimiento de sus objetivos, finalidades, mandatos y propósitos, así como para la vigilancia y aplicación de normas legales, reglamentarias y administrativas que regulan situaciones sociales. En contrapartida, el propio marco jurídico exige que se deben observar en el ejercicio de las mismas frenos, restricciones y condiciones. Nuestro ordenamiento constitucional como norma estructural del sistema tutela derechos e intereses privados que no pueden ser violentados por la autoridad. Estos derechos se ostentan como fundamentales en virtud de sus características de irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, progresividad e integridad.

En efecto, dado que nuestro sistema jurídico constitucional establece un régimen de restricción o de limitantes al poder público, tenemos que los actos y los procedimientos administrativos de los que emanan, y por lo tanto las resoluciones que determinan condiciones en materia de interconexión no convenidas entre concesionarios, deben respetar, observar y cumplir con las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas exigencias son sustantivas y deben atenderse previamente a la emisión o estar inmersas en el contenido mismo del acto. Lo cual se ilustra con su carácter orientador de lo que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, ordenamiento con mayor estructura lógica y desarrollo sustancial que regula los actos y procedimientos entre la Administración Pública de esa entidad federativa. El artículo 2º fracción X de esta ley dispone:

“Artículo 2º. – Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

X. Formalidades: Principios esenciales del procedimiento administrativo, relativo a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad, que deben observarse para que los interesados obtengan una decisión apegada a derecho;

…”

Si bien esta disposición evidentemente no es aplicable a los actos y procedimientos que se instruyen dentro de la competencia materia de la Comisión, su contenido es bastante ilustrativo, y aunque sería importante y práctico contar con una disposición equivalente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello no significa que tal contenido normativo respecto de los principios esenciales del procedimiento administrativo federal se encuentre ausente y que por lo tanto, las garantías de seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad no resulten aplicables y vigentes para la Comisión al momento de determinar tarifas de interconexión.

La Constitución y los principios que contiene permea todo el marco legal del sistema. La razón que justifica la existencia de estas garantías se vincula al nacimiento y origen de lo que conocemos como Estado de Derecho, al incrementar la seguridad jurídica de los ciudadanos con exigencias al poder público como la jurisdicción, la irretroactividad y la publicidad de las normas para que las relaciones sociales entre los ciudadanos y aquellas relaciones de supra ordinación entre el poder público y aquellos puedan celebrarse con certeza sobre sus consecuencias.

Como garantía intrínseca en un acto administrativo, la irretroactividad brinda en efecto seguridad jurídica a la ciudadanía, e impide que las resoluciones administrativas como son aquellas emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones que determinan condiciones en materia de interconexión no convenidas, tengan aplicación retroactiva respecto de situaciones ocurridas previamente.

No se desconoce que puede existir válidamente un acto administrativo con efectos retroactivos cuando produce efectos favorables para el interesado, condicionado a que los supuestos de hecho existieran en la fecha o al momento al que se retrotrae la eficacia del acto y éste, por supuesto, no lesione los derechos o intereses de terceros.

Sin embargo, las resoluciones de la Comisión que determinan condiciones de interconexión no convenidas entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no pueden tener efectos retroactivos por la sencilla razón de que existen por lo menos dos concesionarios con pretensiones opuestas, en cuyo caso, el beneficio de alguno se realizaría en perjuicio del otro concesionario involucrado; ante ello, no se justificaría la salvedad a la garantía de irretroactividad.

La intervención de la Comisión no es un arbitraje

Existen opiniones en el sentido de que al resolver sobre condiciones de interconexión no convenidas, la Comisión realiza una especie de arbitraje entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones involucrados. El arbitraje es un proceso de solución de conflictos -distinto a la jurisdicción del Estado estatalmediante el cual se dirimen controversias entre intereses particulares quienes voluntariamente adquieren el compromiso de solucionar sus entredichos con base en el consejo o avenencia de otra persona de su confianza a la que regularmente se le llama “árbitro”, en cuya responsabilidad las partes eligen colocar la solución al problema que las enfrenta.4

La calificación como acto administrativo de este tipo de resoluciones desmorona esta interpretación respecto de la intervención de la Comisión para determinar condiciones de interconexión. El arbitraje tiene su origen, justificación y limitación en la libre voluntad de las partes que pretenden solucionar alternativamente una controversia. La Comisión en esta materia actúa en función de una atribución legal, en el carácter de autoridad encargada de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones, actividad que realiza con una óptica de interés público más allá del interés privado de los concesionarios involucrados.

Si la Comisión no es árbitro, sino una autoridad del Estado, aún con la imperiosa necesidad de proteger y velar por el interés público, constitucionalmente está obligada a respetar y cumplir con los principios y garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad y demás formalidades que el sistema jurídico prevé para considerar que estas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho.

Una cuestión toral respecto de estos principios y formalidades esenciales del procedimiento, en tanto que derivan de derechos fundamentales, es que su protección constitucional obliga a las autoridades a orientar su actuación a no vulnerar estos derechos ni por asomo. Los derechos fundamentales son entre otras características, universales e irrenunciables; todas las personas tienen estos derechos y no pueden renunciar a ellos, inclusive, no tendría eficacia el acto a través del cual pretendieren desprenderse o negociar sobre aplicación de sus propios derechos. Su cualidad de derechos fundamental impide que aún por voluntad del titular, estos derechos dejen de ser respetados y atendidos por terceros y con mayor razón, por las autoridades del Estado, quienes además deben erigirse como garantes de su aplicación en la realización de las funciones encomendadas en un Estado democrático.

Por esta razón es que no puede soslayarse el respeto a estos principios constitucionales irrenunciables e innegociables, por lo tanto deben imperar aun en el caso de que los concesionarios involucrados convencionalmente pacten efectos retroactivos respecto de las determinaciones en materia de interconexión en una cláusula contractual o compromiso convencional; la autoridad ejerce una función en un marco legal que le dota de atribuciones y no actúa competencialmente por acuerdo de los concesionarios involucrados.

De los principios y garantías referidos, la irretroactividad es de los temas que ameritan mayor reflexión a luz de la consideración de la SCJN de las resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que determinan condiciones en materia de interconexión no convenidas entre concesionarios como actos administrativos sujetos a procedimientos en los que se deben cumplir determinadas formalidades esenciales.

Votos particulares

El interés, seguimiento y análisis respecto a las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos temas se explican por la emisión de diversos votos particulares que he manifestado en mi calidad de Comisionado respecto de resoluciones mediante las cuales el Pleno de la Comisión determina condiciones de interconexión no convenidas entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en los que se ha enfatizado y apartado de la opinión de la mayoría respecto de los efectos retroactivos contenidos en tales resoluciones.

Existe coincidencia entre lo que determinó la SCJN y las consideraciones expuestas en los votos particulares emitidos respecto a que estas resoluciones representan actos administrativos; lo que hacen estos votos es exponer y desarrollar las consecuencias que trae consigo esa determinación y conceptualización; tal como se muestra a continuación.

En las consideraciones particulares he señalado que la intervención de la autoridad para la determinación de las condiciones de interconexión que no hayan podido convenirse entre concesionarios en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones no puede apartarse del principio de irretroactividad de los actos de autoridad. Este dispositivo legal es el que faculta a la Comisión para realizar la determinación de condiciones de interconexión que no hayan podido convenirse en materia de interconexión. Si bien esto podría considerarse bastante claro, lo que se desea resaltar es que la intervención de la Comisión se realiza con el carácter de autoridad, se actúa por un mandamiento y en ejercicio de una facultad legal.

Los actos y resoluciones se realizan con base y apoyo en las normas aplicables, y si bien deben respetar los derechos y obligaciones que nacen de un acuerdo de voluntades como es un convenio de interconexión, estos no pueden tener efectos u obligar a terceros que no son contratantes, con mayor razón, no pueden sujetar a la autoridad reguladora en cuanto a los alcances ahí convenidos.

Las obligaciones contenidas en un convenio obligan a las partes contratantes y son exigibles entre ellas, razón por la cual la Comisión no puede actuar en la determinación de condiciones de interconexión con la aplicación de una obligación establecida en un convenio previo, dado que el cumplimiento de las obligaciones pactadas deberá exigirse entre las contratantes que así lo convinieron. Esto no significa que esta Comisión desconozca los derechos y obligaciones pactados entre los concesionarios, todo lo contrario, la Comisión debe reconocerlos atendiendo a la naturaleza y fuente de las obligaciones, esto es, el carácter convencional con el que nacieron dichas obligaciones.

La Comisión en su carácter de órgano regulador de las telecomunicaciones, cuenta con facultades legales para determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios. Esta atribución de la autoridad es expresión material de la facultad constitucional del Estado de ejercer su rectoría en materia de telecomunicaciones y tiende a cumplir con los objetivos que con la regulación en materia de interconexión persigue el ordenamiento legal. Es decir, se trata de una facultad reglada y limitada por el ordenamiento legal inserto en el sistema jurídico en el que se contiene el principio de legalidad que restringe el actuar de la autoridad ante los particulares a los supuestos que la ley expresamente le permite.

En la determinación de tarifas de interconexión en un desacuerdo de interconexión, la Comisión considerando que la resolución que emita constituye un acto de autoridad sujeta a disposiciones legales, no debe imponer obligaciones que tengan efectos sobre situaciones previas al momento en que alguna de las partes solicitó la intervención de ella para la determinación de condiciones de interconexión.

Las consideraciones expuestas en los votos concluyen que la Comisión, para la determinación de condiciones de interconexión en un procedimiento de desacuerdo entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, debe considerar que los efectos directos producto de su resolución deben partir del momento en el que alguno de los concesionarios solicita la intervención de este órgano regulador en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; perspectiva con la cual la autoridad no impactará, ni positiva ni negativamente, las obligaciones a las que se encuentra sujeto un concesionario que haya celebrado un convenio de interconexión con lo que se garantizaría el principio de irretroactividad de los actos de autoridad.

Finalmente, he manifestado que tratándose de tarifas de interconexión que deban ser ajustadas desde un momento determinado, en virtud de que así quedó pactado en un convenio de interconexión, corresponderá a los concesionarios que son parte del convenio hacer exigible y retrotraer la tarifa desde el momento convenido, pues se trata de una obligación que ellos mismos adoptaron en ejercicio de su autonomía de la voluntad.

Bibliografía consultada:

Nava Negrete, A. (1991). Derecho Administrativo, México; Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México.

Santofimio, J. O. (1994). Acto administrativo. Procedimiento, eficacia y validez. Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México. Venegas Álvarez, S. (2007). El Procedimiento Administrativo Federal en México. En: VVAA Temas de Derecho Administrativo.

México, Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, Secretaría de

Gobernación.

Notas

1 Artículo 2º fracción I. Poder Ejecutivo Federal. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. En. Diario Oficial de la Federación, 15 de diciembre de 1995.

2 Este es el criterio vertebral que consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar que es improcedente la suspensión de los efectos de resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en las que se fijan aspectos no acordados por las partes sobre las condiciones de interconexión, obligación de interconectar y fijación de tarifas, y se argumentó por parte de los ministros que con su concesión se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, la suspensión causaría a la colectividad una afectación y le privaría de un beneficio que de otra manera no resentiría, pues se estaría impidiendo que se logren las mejores condiciones en la prestación de todo un sistema de telecomunicación en las que están, desde luego, las tarifas al usuario, pero no nada más, sino también el servicio en general y aun las condiciones de equidad, reciprocidad, no discriminación y otras que exige la ley. Léase la jurisprudencia que lleva por rubro: “TELECOMUNICACIONES. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES QUE FIJAN ASPECTOS NO ACORDADOS POR LAS PARTES SOBRE LAS CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN, OBLIGACIÓN DE INTERCONECTAR Y FIJACIÓN DE TARIFAS.”

3 Cf r : ht tp: / /www. scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraf icas /pl201200228dsv3.pdf

4 Véase la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro expresa: “ARBITRAJE. SU CONCEPTO GENÉRICO Y SU FINALIDAD.” En: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre 2009, tesis: 1a. CLXIV/2009, registro 166504.

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