Jorge Meléndez Preciado

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Periodista

Represión y publicidad oficial

El Poder Legislativo aprobó un presupuesto de mil 200 millones de pesos para gastos de difusión de la Presidencia de la República. Una enormidad. De ellos, acordó que el 5% (60 millones) se destinara a revistas impresas, con el fin de que no todo fuera para radio y televisión. Pero ya sabemos que los diputados proponen y el Ejecutivo (Hacienda) dispone. Por lo tanto, hasta fin de año conoceremos qué ocurrió en realidad.

Mientras tanto, hay reclamo de algunos impresos porque no les dan publicidad gubernamental. Son los casos, entre otros, de Proceso, Contralínea y Forum. Las tres, aunque de manera abierta y extensiva esta última, han difundido que en realidad hay un boicot en el gobierno federal por las cuestiones acerca de las cuales han informado. Sobre todo lo que respecta a los negocios de Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación, y la situación del combate al narcotráfico.

Como será difícil que la situación cambie, algunos periodistas se han acercado a varios legisladores, entre ellos Carlos Navarrete y Carlos Sotelo, quien ha formulado un conjunto de iniciativas para intentar modificar las reglas del juego en los medios, especialmente los audiovisuales. Pero también incluye entre las propuestas una ley para que no sea el Ejecutivo quien otorgue la publicidad oficial, sino una comisión del Legislativo asesorado por un consejo ciudadano.

En el proyecto mencionado, se plantea que exista una partida especial para nuevas publicaciones, algo que es necesario en una sociedad cambiante como la nuestra. Y es que solamente posibilitando que existan nuevas voces, podremos saber qué piensan una buena cantidad de sectores que hoy no tienen una tribuna para manifestar sus intereses particulares. Desde mujeres y jóvenes hasta adictos y minorías sexuales.

El asunto es de suma importancia, pues no es posible que en un país que se pretende democrático, los dineros públicos sigan manejándose como si fueran arcas privadas y beneficiando a unos cuantos. La medida, de llevarse a cabo, beneficiará a la larga a todos si existe una relativa equidad.

Por otro lado, un grupo de compañeros ha planteado que la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado anualmente, se le dé en esta ocasión a Miguel Ángel Granados Chapa, por su trayectoria periodística. No hay que argumentar demasiado que el autor de “Plaza Pública” es merecedor de tal distinción.

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