Cinque Terre

Eduardo Ruiz Vega

Experto en telecomunicaciones

RENAUT, el regreso a la privacidad

Los mexicanos estamos bajo amenaza (que paradójico, podríamos hablar, inclusive, de extorsión): en el supuesto de no registrar nuestro teléfono celular en el RENAUT, seremos desconectados. Medida peculiar, si consideramos que México tiene un déficit de conectividad y que gracias al esfuerzo y determinación de los integrantes de la Cofetel a finales de la década de los 90, la telefonía celular se convirtió en la principal alternativa para comunicarnos.

Existe un principio general de derecho, elevado a ley, que indica que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. En otras palabras, aunque no la conozcas, la ley se debe cumplir. Sin embargo, creo que debemos preguntarnos qué pasa cuando la ley es dictada por ignorantes, como en este penoso caso. Si, el RENAUT es un producto de la ignorancia y la proclividad a la demagogia de los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión.

Primero, porque el denominado RENAUT, lisa y llanamente, no servirá para nada; al menos nada lícito. Esperemos que los datos personales de los buenos ciudadanos que se registren no circulen pronto en Internet, en bases de datos de call centers o, peor aún, en la crujía de diversos centros penitenciarios.

Segundo, porque el RENAUT es violatorio de los derechos fundamentales que nos otorga a todos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Empecemos por la garantía de inviolabilidad de la privacidad en las comunicaciones, que incluye, aunque no lo sepan nuestros geniales diputados y senadores, la información relativa al emisor y receptor de una comunicación, ya sea en carta escrita, telegrama o cualquier otro medio de telecomunicación.

Continuemos con la garantía que impide a los poderes públicos molestarnos en nuestra persona o patrimonio, cuando no existe competencia legal para ello. En este caso, el Congreso es una autoridad que carece de competencia (legal y mental) para, mediante la emisión de una ley, pretender reformar o de plano anular las normas de la Constitución.

Y, al final, la garantía al trabajo. ¿O, acaso, alguien puede discutir o negar que en esta era de la información, el teléfono celular constituye una herramienta fundamental de trabajo? Pero todo lo anterior no es lo peor; de hecho, las violaciones a nuestras garantías individuales son buenas noticias para las personas que, como yo, decidan interponer un juicio de amparo en contra de la medida.

Lo que resulta insultante es el incentivo nefasto que el Congreso de la Unión, la institución que debería ser el regulador primigenio de este país, introdujo sobre un objeto de uso básico, el teléfono celular, para la comisión de un delito, el robo. Si, en efecto, en breve, el celular debidamente registrado se volverá el objeto más codiciado para los delincuentes. Algo así como el caballo para los cuatreros del siglo XIX y el automóvil para los ladrones de bancos del siglo XX.

¡Gracias, ilustres legisladores! Por eso celebro el regreso de la privacidad. Sin celular podré comer, dormir y hacer muchas otras cosas con una paz perdida hace años.

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