Cinque Terre

Laura Islas Reyes

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Periodista

Reforma integral, el fracaso

La discusión sobre la reforma a la ley de radio y televisión es una larga historia de fracasos. Durante más de 30 años, se han organizado múltiples foros y consultas, de los cuales se deriva una gran cantidad de propuestas que simple y sencillamente no han prosperado.

La responsabilidad de este ostracismo radica, principalmente, en la propia industria de radio y televisión que, a lo largo de estos años, vio a la reforma legal como la posibilidad de que se menguaran los privilegios de los que goza.

Pero el avance de la tecnología alcanzó a las telecomunicaciones y a la radiodifusión en México; los grandes consorcios lo saben y, particularmente, desde 2005 han buscado que la ley les permita contar con la “certidumbre jurídica” -como acostumbran llamarle- para poder aprovechar todos los beneficios que ofrece la era digital.

Sin embargo, la industria no es la única responsable de la imposibilidad de contar con una ley adecuada en materia; también han contribuido las visiones que apuestan al todo o nada con una reforma integral, y desestiman cualquier intento o avance que no coincida con su punto de vista. Así sucedió, por ejemplo, en el último episodio de esta historia, que tuvo lugar en diciembre de 2009.

Este texto ofrece un repaso a los últimos diez años de esta discusión que cada vez más precisa de acuerdos.

2001: la apuesta por la autorregulación

El 5 de marzo de 2001, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la instalación de la Mesa del Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de Medios Electrónicos, con miras a “lograr, en el ámbito de un absoluto respeto a las libertades -y particularmente a la libertad de expresión- una relación sana, transparente y responsable entre el gobierno, medios y sociedad”. Ésto según palabras de Santiago Creel Miranda, quien entonces era titular de dicha dependencia.

La polémica desatada por la transmisión de talk shows en ambas televisoras1 hizo que, semanas antes de este anuncio, el Congreso planteara la necesidad de revisar la ley de radio y TV y su reglamento. El gobierno federal, por su parte, informó a inicios de febrero de 2001 que después de muchos años, se instalaría el Congreso de Radio y Televisión, tal como se encontraba dispuesto en la ley.

Dicho consejo nunca se instaló. Al respecto, el ex subsecretario de Normatividad y Medios, José Luis Durán Reveles dijo: “Vamos a instalar este consejo con la oportunidad y los tiempos más adecuados”.2

Un día después de que la Segob instaló la mesa de diálogo para reformar la ley de radio y TV, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) anunció la creación del Consejo de Autorregulación, como un “esfuerzo complementario”, cuya finalidad sería “construir una regulación ética y cívica, ahí donde la ley no regula”.3

Finalmente, ambas iniciativas no trascendieron y no fueron más que un par de episodios anecdóticos en la búsqueda por una nueva legislación en materia de radiodifusión.

La mesa de diálogo instalada en Gobernación fracasó, pues su finalidad era elaborar un proyecto de ley que considerara los pareceres de todos los participantes en las discusiones.4 Sin embargo, dicha iniciativa nunca llegó a buen puerto.

2002: El decretazo

El 10 de octubre de 2002, las ocho columnas de El Universal sorprendían: “Cambian reglas para radio y TV”. La nota no se refería a algún acuerdo alcanzado en los trabajos de la mesa de diálogo instalada en Gobernación, sino a un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que el que se derogaba el 12.5% de tiempo fiscal que los concesionarios estaban obligados a pagar desde 1968.

La medida tomada por el gobierno federal -que a lo largo de la administración foxista se mostró proclive a los intereses de los concesionarios- redujo los tiempos fiscales a 18 minutos en el caso de la televisión y 35 en la radio. Este grave retroceso significó que el Estado perdiera 80% del tiempo fiscal del que tenía derecho en radio y 90% del de televisión.

En defensa de lo aprobado, el gobierno alegó que se tendría acceso a espacios en horarios de mayor audiencia, lo que a su vez sería un ahorro en la compra de spots en medios electrónicos.

“Antes el Estado tenía más tiempo de transmisión, pero mucho menor impacto en la audiencia. El Estado contará ahora por ley con mejores tiempos, mejores horarios, y sus mensajes llegarán así a audiencias de más del doble de lo que se lograba en la situación anterior”, diría el presidente Fox al repecto.5

Sin embargo, el gasto publicitario del gobierno federal en radio y TV ha crecido paulatinamente desde entonces.

El “decretazo”, como se le conoce a este episodio, dio al traste con las discusiones y propuestas en Gobernación y fue festejado por la CIRT, entonces presidida por Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, quien consideró que la reforma a la ley ya no era “tan necesaria”, porque se habían eliminado “por completo los trámites burocráticos y las condiciones de censura a cambio de la entrega o refrendo de concesiones”.6

2003 y 2005: más foros y consultas

Después del “decretazo”, un grupo de 62 senadores presentó, el 12 de diciembre de 2002, una iniciativa de ley basada en las propuestas recabadas en la mesa de diálogo de Gobernación.

Ante la posible aprobación de dicha iniciativa, algunos legisladores del PRI sugirieron discutir nuevamente el tema y propusieron realizar siete foros regionales y cinco audiencias públicas, las cuales transcurrieron entre marzo y abril de 2003.

Durante los siguientes meses, los concesionarios expresaron su inconformidad con la posibilidad de aprobar dicha iniciativa. El entonces presidente de la CIRT y vicepresidente de TV Azteca, Jorge Mendoza, dijo durante la 46 Semana de la Radio y Televisión: “Este sector no permitirá una reforma legal basada en ‘amenazas, resentimientos, chantajes, deseos de venganza y posturas deshonestas'”.7 Mientras que Karen Sánchez Abbott, entonces presidenta de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México y actual titular de la CIRT, reconoció en entrevista con etcétera (noviembre 2004), que “evidentemente hemos sido (los concesionarios) los más renuentes a que se reforme la ley”.

En medio de estas críticas, en diciembre de 2004, las comisiones del Senado encargadas de la revisión del predictamen de una nueva ley de radio y TV anunciaron que sería en febrero de 2005 cuando éste se discutiría.

Los miembros de la CIRT se quejaron por no haber sido tomados en cuenta por el Senado en la elaboración de dicha iniciativa y, por primera vez en la historia, acudieron al llamado del Legislativo para participar en la confección de una nueva ley.

La sesión en la que participaron los concesionarios, y que tuvo lugar en la Torre del Caballito el 10 de febrero de 2005, duró ocho horas, en las que la CIRT hizo saber con claridad su negativa a la ley, y para ello se valió de toda clase de mentiras y descalificaciones.8

Uno de los puntos de dicha iniciativa criticados por la industria fue el establecimiento de “tres categorías distintas bajo las cuales se pueda prestar el servicio de radiodifusión; concesión, permiso y medios de Estado, ya que cada una de estas figuras, aun cuando utilicen el mismo bien, cumplen con objetivos diferentes y el uso que realizan del espectro tiene distintas características (…) por lo que se considera necesario otorgarles una naturaleza jurídica distinta”.9

Como medida para evitar la concentración, se proponía que un concesionario que tuviera más del 35% “de las frecuencias operando en una misma zona geográfica de cobertura bajo una misma categoría (concesión o permiso), no podrá obtener otra concesión o permiso, según la categoría en la que rebase dicho porcentaje, para la misma zona”.

Dicha regla, expone la iniciativa, no buscaría “modificar de manera violenta el estado actual de la industria, pues no obliga a los prestadores del servicio a reducir su presencia en el mercado en caso de que rebasen el 35% de la oferta; sino que permitirá que en aquellas plazas donde exista una importante concentración, se abra la puerta a nuevos competidores”.

Ley Televisa: principio y fin

La iniciativa ciudadana no prosperó; en su lugar, la industria consiguió que fueran aprobadas reformas legales favorables a sus intereses. El 1 de diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, sin discusión alguna y en total sigilo, reformas a la ley de radiodifusión y a la ley de telecomunicaciones presentadas por los legisladores Miguel Lucero Palma y Javier Orozco.

El conjunto de reformas legales sería conocido como la Ley Televisa: un plan de negocios elaborado por esa televisora, que le permitiría ser no “solamente una concesionaria de televisión, sino de una red pública de telecomunicaciones con lo cual su espectro de negocios se ampliaría notablemente. Pero no sólo eso: al obtener concesión para operar una red pública de telecomunicaciones, podría solicitar, en los términos del artículo 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que esa nueva concesión le fuera otorgada ‘hasta por 30 años’. Asimismo, en los términos del artículo 12 de esa ley, estaría autorizada a recibir inversión extranjera hasta en un 49%. Finalmente, eludiría la obligación de participar en una licitación pública, procedimiento marcado en el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; o sea que mientras cualquier otro aspirante a operar una banda de frecuencias para usos determinados y una red pública de telecomunicaciones tendría que concursar frente a otros participantes en un proceso de licitación -por supuesto con el riesgo de perder- Televimex, en este caso hipotético, salvaría ese procedimiento y tendría la nueva concesión garantizada gracias a una reforma legislativa hecha evidentemente para promover el interés de los actuales concesionarios de la TV”.10

Las televisoras defendieron a punta de descalificaciones su plan de negocios, aprobado por el Senado el 30 de marzo de 2006. La consigna en aquel entonces fue no modificar ni una coma, y así ocurrió, a pesar de que días previos a la votación, la Cámara alta convocó a audiencias públicas para discutir la minuta.

En aquella ocasión, y como paliativo a la Ley Televisa, fue presentada una iniciativa paralela, en la cual se incluían los temas de la entrega de frecuencias combo, los medios públicos y comunitarios. Esta minuta fue calificada como una “estrategia engañabobos” y no tuvo ningún tipo de apoyo.

Ante lo ocurrido, un grupo de senadores -encabezado por Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri- interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia que, el 5 de junio de 2007, echó abajo los puntos medulares de la Ley Televisa.

“La SCJN declaró inconstitucional el refrendo automático de concesiones (segunda porción normativa del art. 16 LFRT que los aspirantes a una concesión presentasen sólo la solicitud de la opinión favorable de Cofeco y no el dictamen en sí (art. 17-E LFRT la objeción del Senado para los miembros de la Cofetel que nombre el Presidente (art. 9-C LFT), la subasta como criterio determinante en el otorgamiento de concesiones (art. 17-G LFRT el plazo de 20 años fijo de 20 años en la duración de las concesiones (primera porción del art. 16 LFRT), y la posibilidad de que los concesionarios de radio y televisión brinden servicios adicionales de telecomunicaciones con el simple hecho de solicitarlo y sin pagar una contraprestación al Estado (art. 28 y 28 de la LFRT)”.11

2007: el grupo plural

La caída de la Ley Televisa motivó una nueva discusión sobre la reforma al marco legal en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Para ello, en julio de 2007, el Senado dispuso la conformación de un Grupo de Trabajo Plural, integrado por coordinadores de los grupos parlamentarios; el Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos; tres senadores del PAN; dos del PRI; dos del PRD; uno del Partido Verde Ecologista; uno de Convergencia y uno del Partido del Trabajo.12 Julio Di Bella dejó entonces el cargo de director de Canal Once para fungir como secretario técnico y coordinador de los trabajos del Grupo Plural.

En la página web del Senado hay un minisitio dedicado a las tareas de este grupo; en éste se pueden consultar las actas de sesiones, las relatorías y el libro “Avances y aportaciones para la reforma legislativa de telecomunicaciones y radiodifusión. Un compromiso del Grupo Plural del Senado”.

En la sección Cronología de Trabajos, la última actividad registrada es del 2 de marzo de 2008: “El Grupo Plural se reúne en sesión de trabajo para presentar nuevos avances de sistematización y análisis documental”. Tampoco se informa que Di Bella ya no funge como secretario técnico de dicho grupo, pues desde agosto de 2009 es director de PCTV.

2009: reforma posible

El episodio más reciente de esta historia se escribió en diciembre de 2009; pero podríamos decir que empezó a gestarse desde mucho antes. “La intolerancia de Televisa es un riesgo para el país, perpetuar la cultura de la derrota es afianzar ese riesgo”, advirtió etcétera en su editorial de marzo de 2006, pues desde entonces había visos de una posición extrema que no apoyaría sino una reforma integral.

Ante la posible aprobación de una iniciativa presentada por el senador Carlos Sotelo, dos extremos coincidieron: la CIRT descalificó la propuesta porque pretendía “legislar los designios del chavismo en México”, al regularizar la situación de medios comunitarios. Enfrente, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información despreció también la iniciativa, debido a que ésta considera que las prórrogas a las concesiones no deben someterse a concurso (contrario a lo que la SCJN señaló en sus resoluciones respecto a la Ley Televisa).

Entrevistado por etcétera justo después de que su propuesta fue desestimada, el senador Sotelo “felicitó” a la CIRT y la AMEDI por lograr “mantener el estado de las cosas”.

-Se juntaron los polos, Carlos

-Sí, y por ahora salieron triunfantes frente a esta oportunidad histórica de logar avances. Mira, te lo pongo así: supongamos que nuestra propuesta de refrendo, (que en la iniciativa se llaman prórrogas) es inconstitucional, yo lo dudo pero supongamos eso. Bueno, pues que se recurra al recurso de inconstitucionalidad y nos quedamos con los avances en los medios públicos y en las estaciones de interés social e indígena.

-Pero eso no lo aceptaron los críticos de la propuesta

-No, y por eso felicito a la CIRT y a la AMEDI, lograron mantener el estado de cosas.13

Apostar al todo o nada implica el riesgo de perder la oportunidad de conseguir avances importantes,14 y ése es un lujo que el país no se puede permitir.

Notas

1 Desde 1999, Televisa y TV Azteca transmitieron talk shows como Cosas de la vida, Hasta en las mejores familias, Cristina o Laura en América. Fueron muchos los actores, entre ellos legisladores, anunciantes, la CNDH, los que pidieron la revisión de los contenidos transmitidos por dichos programas.

2 “Legislación y autorregulación”, etcétera, abril 2001.

3 Palabras del entonces presidente de la CIRT, Joaquín Vargas Guajardo. Ver “Legislación y autorregulación”, etcétera, abril 2001.

4 Algunos de los participantes en dicha mesa fueron la Segob, Presidencia, SCT, Cámara de Senadores y Diputados, CIRT, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y representantes de la sociedad civil, entre otros.

5 Reforma, 13 de octubre 2002.

6 etcétera, noviembre 2002.

7 etcétera, enero 2005.

8 etcétera documenta el episodio en su edición de marzo de 2005.

9 Los medios de Estado es la forma en que la iniciativa denomina a los comunitarios.

10 Fernando Mejía Barquera, “Televisa: convergencia y ‘madruguete'”, en etcétera, febrero 2006.

11 “Ni las comas quedaron”, etcétera, junio 2007.

12 Los senadores integrantes del Grupo Plural son: del PAN, Santiago Creel, Marko Antonio Cortés, José Alejandro Zapata, Marco Humberto Aguilar y José Julián Sacramento; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Agustín Arroyo, Ángel Heladio Aguirre y Raúl José Mejía; del PRD, Carlos Navarrete, Pablo Gómez, David Jiménez y Carlos Sotelo; del PVEM, Francisco de Paula Agundis y Javier Orozco; de Convergencia, Dante Delgado y Gabino Cué; del PT, Alejandro González y Alberto Anaya.

13 www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=2487.

14 En 2001, cuando se impulsó un proyecto de ley de transparencia, éste fue calificado como “no fundamental” e, incluso, como algo sobrevalorado frente a la posibilidad de una reforma integral. A la larga la ley demostró ser una de las herramientas más valiosas de las que disponen los ciudadanos.

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