Cinque Terre

Gerardo Flores Ramírez

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El autor es economista y fiel seguidor de Pumas. Ex senador de la República

¿Qué buscamos con la legislación secundaria?

No habían transcurrido cinco horas de haberse divulgado la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del presidente Enrique Peña Nieto cuando ya la estaban descalificando con su acostumbrada intensidad algunos legisladores, analistas, consultores e incluso exfuncionarios de la extinta Cofetel. Los presidentes del PRD y el PAN llegaron al exceso de convocar a conferencia de prensa para leer un comunicado sobre un tema que aún hoy, estoy seguro, no han alcanzado a enteder en toda su magnitud. Digo exceso, porque al limitarse a leer un comunicado y no atender preguntas de la prensa convocada, quedó de manifiesto que no estaban preparados para atender cualquier tipo de cuestionamiento que hubiera surgido en dicha conferencia.

Es importante decir que no critico el hecho de que alguien no coincida con un proyecto, pues es perfectamente válido tener propuestas alternativas. Lo que cuestiono es la falta de seriedad y responsabilidad de actores que a sabiendas del papel central que pueden jugar como líderes de sus respectivos partidos, se prestan al juego y agenda de gente que no se ha caracterizado por proponer, ejecutar o construir políticas o decisiones que resuelvan o hayan resuelto el problema de fondo que significa la elevada concentración en telecomunicaciones o radiodifusión y que tiene que ver de manera central con el efecto negativo de dicha concentración sobre el bolsillo de las familias mexicanas. Sus demonios siempre han tenido que ver con la radiodifusión, pero es difícil encontrarles un pronunciamiento claro y concreto sobre lo nocivo que resulta para las familias el que en cerca de veinte años se haya fracasado en corregir los problemas verdaderos de las telecomunicaciones en nuestro país.

Eso es lo que no se puede perder de vista en un proceso legislativo como en el que ahora estamos inmersos. No podemos olvidar que hoy hay millones de familias que no tienen acceso a Internet de banda ancha, ya sea porque no hay infraestructura de telecomunicaciones donde viven o porque las tarifas de los servicios en donde sí hay dicha infraestructura les resultan imposibles de pagar. Tampoco debemos ignorar que hoy en día hay cerca de 50 millones de usuarios de servicios móviles a quienes las prácticas anticompetitivas del preponderante los colocan en una situación de no poder ejercer una libertad de elección plena para estar en condiciones de aprovechar las ofertas tarifarias de otros operadores, lo que les genera un costo importante en bienestar que podría evitarse si somos capaces de introducir medidas que inhiban o prohiban ese tipo de prácticas anticompetitivas.

No podemos perder de vista que en el caso de la telefonía fija, Telmex se ha opuesto de manera sistemática a reducir el número de áreas de servicio local, simplemente por el hecho de que esa conducta maximizadora le permite obtener una mayor ganancia por cada minuto de tráfico de llamadas de larga distancia, en perjuicio de millones de usuarios que están prácticamente atados a esa única opción. Recordemos que quienes hoy se ostentan como críticos de la propuesta del presidente Peña, cuando tuvieron la posibilidad de corregir esa situación en beneficio de esos millones de familias mexicanas, simplemente eligieron patear el balón o simular que intentaron hacer algo, lo que, en concreto, no se tradujo en ahorros para el bolsillo de esas familias y sí se tradujo en ingresos que este operador siguió obteniendo de manera injustificada. Casos como los que señalé arriba son claros ejemplos de temas que los ahora críticos acérrimos optan por no destacar. Se trata de una preocupación selectiva que ilustra que detrás de la estridencia discursiva en realidad no hay una preocupación central por el bienestar del usuario de servicios de telecomunicaciones. Una de las críticas centrales de quienes reaccionaron de inmediato tiene que ver con la supuesta falta de equidad en las medidas que se imponen a los agentes que se considera dominan en cada uno de estos dos sectores.

Esa crítica los muestra como son, con sus limitaciones para entender que ambos sectores tienen una naturaleza distinta, que los instrumentos que se requieren para uno no necesariamente pueden ser una buena idea para el otro. El proyecto sin duda no es perfecto, ningún proyecto legislativo, de hecho, puede considerarse así. Para eso está el Congreso, para discutir y en su caso corregir algunos aspectos. En la inmediatez de la crítica, quienes la esgrimieron enfocaron sus baterías a señalar múltiples casos de supuesta inconstitucionalidad, se convirtieron casi en automático en ministros de una suprema corte express que emitió una sentencia expedita que ya declaró la iniciativa como inconstitucional, simplemente porque suponen que algunos aspectos de la Constitución engloban sus muy subjetivas interpretaciones. Algunos, sin leer por ejemplo el dictamen del Senado, se atreven a interpretar cosas distintas de lo que de manera formal la Cámara Alta estableció como guía de interpretación.

Un caso muy particular es el de la declaración de agentes preponderantes, tema en el que, no obstante el dictamen del Senado, elabora con suficiencia sobre cmo debe entenderse este concepto, y respecto del cual el titular del Ejecutivo Federal incluye en su iniciativa disposiciones que se apegan fielmente a ese espíritu, hay quienes se atreven a sostener que dicha propuesta no se apega a la Constitución, simplemente porque ellos leyeron la Constitución de manera parcial.

Así las cosas, se anticipa un proceso de discusión y dictaminación complejo, lleno de estridencia. Por el bien de México, yo hago votos por que mis colegas Senadores no pierdan de vista cuál es el problema de fondo que hoy afecta a millones de familias mexicanas. Hago votos para que hacia el final del período ordinario hayamos sido capaces de demostrar a México que participamos con total responsabilidad y absoluta seriedad en la construcción de un andamiaje legal consistente con la letra y espíritu de la Constitución, y sobre todo, que se traduzca en mayor libertad de elección para los usuarios; en un proceso sostenible de mejoras tarifarias en beneficio del presupuesto de las familias y empresas; en mayor disponibilidad de infraestructura a lo largo de nuestro territorio; en mayor calidad de los servicios; en mayor disponibilidad de banda ancha en beneficio de todos, que nos coloque a la altura de la banda ancha a la que tienen acceso millones de usuarios en países avanzados; en mayor pluralidad en los medios; y en mayores opciones para ejercer nuestro derecho al acceso a la información, entre otras aspiraciones centrales. De eso se trata, no de ajustar cuentas.

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