Ana Cristina Ruelas

Oficial adjunta del programa de acceso a la información de Artículo 19.

Publicidad oficial: vicios y costumbres

La asignación de publicidad oficial en las entidades ha sido y sigue siendo utilizada como la herramienta de premio y castigo para los medios de comunicación. Esto genera una manipulación recíproca entre gobiernos y medios. Y esta relación es una constante que no varia con las alternancias políticas. Solo cambian los actores pero el problema no evoluciona ni se minimiza.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación y ARTICLE 19, a través de investigaciones de campo en los estados de Oaxaca y Puebla, confirmamos que la falta de regulación y transparencia en materia de publicidad oficial es la causa de la asignación discrecional, concentrada e indiscriminada de la pauta, que produce una afectación real en los contenidos informativos y una censura sutil en la línea editorial de los medios. La dependencia económica de los medios al gobierno podría ser un buen inicio para este análisis. La sobrevivencia de la mayoría de la prensa escrita local en ambos estados depende en más del 70% de sus ingresos de los montos que le otorga el gobierno para publicarse. Así, en razón de su línea editorial, un medio puede verse beneficiado a través de la pauta oficial durante un periodo de gobierno y desaparecer o casi desaparecer con un nuevo gobierno que pertenece a otra fuerza política.

Esto sumado a la creación de nuevas empresas de comunicación por parte de los propios gobernadores, a quienes impulsan y fortalecen con la finalidad de aplaudir sus actos y contrarrestar la crítica de las demás. Así, en muchos de los casos los dueños de los periódicos, revistas o portales de internet a los que se les asigna más publicidad son cercanos a los mismos políticos.

Otra consideración sería la visión de los medios hacia la publicidad oficial. Los propios periodistas y reporteros malinterpretan lo que esta debiera ser. La mayoría de los entrevistados consideran la asignación de la publicidad oficial como un derecho y algunos señalaron que la propaganda disfrazada de publicidad oficial es de interés público y por lo tanto, se asume que los contratos globales incluyan entrevistas, infomerciales, etc.

Uno de los entrevistados nos comentó por ejemplo, que la dinámica para asegurar espacios en la radio era tan sencilla que lo único que tiene que hacer un funcionario público es hablar por teléfono, decir que necesita una entrevista y programarla de inmediato porque es información de trascendencia social. Las entrevistas pactadas como los informerciales o la publcidad encubierta forman parte del paquete a la hora de negociar la publicidad oficial. Así el gobierno se convierte en el patrón de todos, y tanto las empresas como los propios reporteros, apuntan la pluma hacia los objetivos enmarcados por este. Es decir, las empresas por no perder el “subsidio” del gobierno trazan la línea editorial hacía objetivos comunes y los reporteros, por no dejar de recibir el “chayote” (prebenda) siguen utilizando boletines y entrevistas como si fueran reportajes e investigaciones.

El otro lado de la moneda es la de los medios que golpean fuertemente los intentos gubernamentales por fijar reglas claras y criterios de asignación que dan lugar a la pluralidad. Por ejemplo en Oaxaca, varios comentarios reflejan la intención inicial del gobernador entrante de regular la asignación de la pauta, pero la resistencia y los golpes mediáticos lo hicieron desertar en el intento y seguir con la arraigada costumbre.

A pesar de todo no existen voces interesadas en tomar cartas en el asunto y subir el tema a la agenda en los estados. Las organizaciones, periodistas o personas que apoyan el tema en lo local son aún pocos e insuficientes para crear un frente que exija orden y transparencia.

“La sociedad solo despierta cuando se entera que los montos gastados son indiscriminados, pero luego se olvidan del tema”, nos compartió un periodista.

Las palabras de todos los entrevistados, contextualizan y le dan cara y figura al problema, estamos frente a un sistema de vicios y costumbres arraigadas de corrupción en la que los más golpeados somos las y los ciudadanos que recibimos contenidos parciales y poco útiles para la toma de decisiones y el ejercicio de derechos.

La publicidad oficial debe ser un canal de comunicación entre el Estado y sus gobernados. No es un instrumento para rendir cultos personales ni para callar voces. Es un instrumento para ejercer derechos.

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