Andrés Aguirre Aguilar

Tercer Visitador General de la CNDH.

Privatizar cárceles, significa reconocer incapacidad del Estado

El Estado mexicano no debe renunciar, ni eludir una responsabilidad como la que implica el control y la administración de las prisiones.

El abandono, desinterés y falta de capacidad de las autoridades, producto de la corrupción, así como su tolerancia ante ello, no se va a resolver poniendo en manos de particulares el manejo y control de las prisiones. Al contrario, parecería oficializar el reconocimiento expreso, del gran negocio que significa o puede significar el manejo y administración de los centros penitenciarios.

Las graves deficiencias que presenta el sistema penitenciario tienen un origen estructural, directamente vinculado con la seguridad pública y la procuración de justicia. Y su atención requiere un enfoque sistémico e integral.

La experiencia de otros países en la materia, no ha ofrecido los resultados esperados; en México va a ser un desastre y como siempre, en muy poco tiempo el Estado tendrá que ir a su “rescate”.

Hay una realidad incuestionable en este país, que hay que tomar en cuenta si se pretende entrarle en serio, a la atención de los problemas y es que:

En el diseño o adopción de programas y políticas públicas en México, se tienen necesariamente que tomar en cuenta, la corrupción endémica que existe y a partir de ello, entonces tomar decisiones y destinar recursos. De otra manera, es condenar al fracaso o reducir la cobertura o beneficios que con los propios programas y políticas públicas se pretende atender. Lo cual es una realidad observable día con día y por eso las cosas no funcionan más que en los discursos y estos al parecer cada día menos.

Por ello, es que las experiencias de otros países en temas tan delicados como el del manejo y administración de las prisiones, por lo que se refiere a su privatización, no son aceptables. Y menos en este tema, el penitenciario, copiar el modelo norteamericano, culturalmente incompatible, con una enorme carga de restricciones que sin duda vulneran los derechos humanos de los internos, y rompen el principio de la reinserción enarbolado por nuestra Constitución y los convenios internacionales en la materia.

El Estado destina enormes recursos para detener a los delincuentes y una vez que los tiene en sus cárceles, literalmente los abandona.

Ese es uno de los significados prácticos que podemos identificar al observar la situación en que se encuentran las prisiones, donde no solo la sobrepoblación, sino los autogobiernos son parte del signo distintivo de la incapacidad de las autoridades en materia de prisiones.

Si ante la incapacidad observable en un tema de Estado, se pretende privatizar por ello cárceles, se tendría que estar pensando en privatizar la seguridad pública y la procuración de justicia, además de otros sectores donde existen graves deficiencias, ineptitud y corrupción.

La Constitución Política es muy clara al respecto, en el segundo párrafo del Artículo 18 establece: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”… etcétera.

No obstante lo anterior, los centros penitenciarios siguen constituyendo una constante fuente de violaciones a los derechos humanos de los internos y sus familias; la premisa básica a partir de la cual puede pensarse en cumplir con los demás pilares para tratar de lograr la reinserción que señala el precepto constitucional arriba mencionado, tiene que ser el respeto de los derechos humanos y esta se traduce en términos llanos, en generar condiciones de internamiento digno y seguro.

Así, el internamiento digno y seguro, acompañado de un eficiente y riguroso control de los centros penitenciarios donde la disciplina, el orden y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales y reglamentarias de los servidores públicos que laboran en las prisiones, así como la de los internos, debe ser la línea de actuación.

La honestidad y el respeto a la dignidad de las personas, no esta peleado con la legalidad y la disciplina, al contrario, la legalidad, la disciplina y la honestidad, con respeto a la dignidad de las personas en la combinación ideal para el manejo de los centros de detención.

La extorsión, el maltrato, la arbitrariedad y la violencia a la que están sometidos de manera cotidiana los internos y sus familias, (pensemos en las revisiones indignas para ingresar a la visita, entre otras), generan un resentimiento que lejos de abonar en el animo de los delincuentes e infractores para un cambio de vida, se traducen en potencializadores de resentimiento, odio y venganza en contra de las instituciones y la sociedad.

Existen 233,227 mil internos en las prisiones del país a enero de 2012; si pensamos que cada uno de ellos tiene una familia de 4 o 5 integrantes, estamos hablando de un colectivo de más de 1 millón de personas, de muy escasos recursos en su abrumadora mayoría, que sufren las consecuencias directas del abuso, la extorción y la arbitrariedad cotidiana que representa el encierro de su familiar en los centros penitenciarios del país.

Centros penitenciarios donde la falta de respeto a su dignidad como personas es la constante. Además de la estigmatización de que son objeto. Todo esto como elemento de análisis y reflexión.

Si el 95% de tal población tiene condenas que en lo general rondan los 15 años de prisión, y de no cambiar el modelo y la atención de los mismos, en 2027 tendremos en las calles, a más de 200 mil personas delincuentes resentidos y con la experiencia y conocimiento depurado del crimen, producto de su paso por las prisiones.

Solo ver los muertos y la saña con que son victimados al interior de las centros penitenciarios, los internos que fallecen derivado de los motines y las riñas: más de 170 muertos en 2011, y en los primeros meses de 2012, tenemos Tamaulipas y Apodaca, con más de 70 internos muertos en tan sólo dos eventos.

Todo ello tiene un impacto inmediato en la seguridad ciudadana, y de manera directa en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, y por ello, objeto de atención permanente para la Seguridad Nacional, si las cosas se hicieran con visión de Estado.

Esa es la magnitud de la cuestión penitenciaria.

No me parece que deba ser un asunto en manos de particulares, que lo verán como negocio.

Por eso sostengo el grave riesgo que representa, la tentación de privatizar las prisiones.

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