Sócrates Vásquez García

Representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México

Por una nueva legislación

Desde nuestra perspectiva, el movimiento por el acceso a los medios de comunicación tiene que ver con un derecho humano universal, desde la filosofía de nuestras comunidades indígenas éste ha generado además diferentes procesos para el fortalecimiento cultural e identirario, razón por la cual enfatizamos que las iniciativas sociales de comunicación no deben estar condicionadas a estándares tecnológicos, más aún si consideramos que el uso, manejo y operación de los medios de comunicación es por sí mismo un derecho.

Desde un inicio las radios comunitarias permisionarias se han tenido que sujetar a los parámetros legales y administrativos condicionando, entre otras cosas, su financiamiento para ser autosustentables, dejando a la creatividad de cada radio su mantenimiento, en estas condiciones nos encontramos en el espectro de FM, porque el permiso no permite generar ingresos mediante publicidad. El otorgamiento de espacios radioeléctricos en AM, implica gastos estratosféricos para las comunidades indígenas y la sociedad civil que difícilmente lograrían la compra y mantenimiento del equipo técnico mínimo necesario, mientras no tengamos una legislación adecuada que reconozca hoy la diversidad de medios en nuestro país éstos seguiran siendo condenados a la ilegalidad y marginación.

Si bien compartimos el deseo de promover el acceso a los medios de comunicación, en AMARC-México, pugnamos por una nueva legislación que reconozca, en su amplia dimensión, la existencia de las radios comunitarias y los procesos transparentes, no discrecionales, para el otorgamiento de permisos y la utilización del espectro radioeléctrico.

La participación en las Radios Comunitarias es de personas de la propia comunidad; todo esto las coloca en una situación distinta, tal como lo ha reconocido el Instituto Federal Electoral. Por tanto, buscamos el reconocimiento pleno en apego a los criterios internacionales respecto del derecho a la libertad de expresión. No estamos solicitando condiciones extraordinarias ni favoritismos, sino que estamos apelando a situaciones de equidad (entendiendo la equidad como igualdad que reconoce las diferencias) para medios que atienden a poblaciones específicas y que colocan ante la opinión pública las agendas de las comunidades. En ese sentido, tenemos el derecho de solicitar cualquier tipo de frecuencias que nos permitan transmitir nuestros contenidos de acuerdo a las necesidades de las comunidades. En realidad el tipo de frecuencia y cómo se va a usar en México, a partir de la transición digital, es una discusión que no se restringe a las cuestiones técnicas, sino que tiene que ver en cómo se administra el espectro de una manera democrática y con la perspectiva de la función social que tiene cada uno de los medios que se reconocen en México. Por tanto, antes de definir, si las comunitarias se quedarían con las AM, tenemos que trabajar, primero en el reconocimiento legal del tipo de medios comunitarios, en segundo lugar, el tipo de transición que necesitamos en México y después discutir si es posible asignar las AM a las comunitarias y en qué condiciones sería esto. Antes no. Nos preguntamos por qué la prisa de asignar las AM a las comunitarias sin poner sobre la mesa la discusión sobre su reconocimiento, ¿tiene que ver esta prisa con el proceso de digitalización que se está planteando? Por otro lado, las estaciones de AM en este momento cuentan con una audiencia muy baja, principalmente en las zonas urbanas, ¿por qué arrinconar a las comunitarias a ello? Si bien, algunas AM podrían funcionar en comunidades rurales, esto no sucede en comunidades urbanas. No podemos dejar de decir que en AMARC entendemos comunidad como un grupo de personas con problemáticas e intereses comunes, no únicamente como zona geográfica.

Es así como también estamos trabajando para que las radios comunitarias de AMARC puedan ser reconocidas con sus especificidades en el nuevo reglamento del IFE, por mencionar algunos, la imposibilidad económica de pagar a una persona específica que se haga cargo de lo pautado por el IFE, por otro lado que se consideren los idiomas nacionales de los pueblos y comunidades indígenas y que los partidos políticos produzcan propaganda electoral con contenidos que tengan pertinencia cultural.

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