1. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 (PPEF) se prevén 2 mil 108.5 millones de pesos para comunicación social y publicidad, en un país en el que según las cifras del Coneval, existen 52 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 28 millones tienen carencias en el acceso a la alimentación. Repitamos esas cifras: en un país en el que 28 millones de personas no pueden satisfacer el derecho humano a alimentarse se proyectan más de 2 mil millones de pesos en publicidad oficial.
2. Las campañas electorales del 2012 para elegir el nuevo Presidente de México iniciarán el 1º de abril y durarán 90 días. Para no poner en riesgo la equidad de la contienda electoral, a partir de la reforma electoral del 2007 se restringió la difusión de publicidad oficial durante dichas campañas. Esta restricción se debería reflejar en el presupuesto asignado a comunicación social y publicidad. Sin embargo, el presupuesto previsto para este rubro en el PPEF para 2012 es uno de los más altos de todo el sexenio.
3. Una fuente de control a este gasto en publicidad es el monto asignado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El artículo 20 del Decreto de Presupuesto de la Federación prohíbe los traspasos, incrementos y ampliaciones en el concepto 3600. A pesar de esta restricción, sigue existiendo una enorme brecha entre lo aprobado y lo ejercido. Urge fortalecer los candados y topes en el gasto de comunicación social.
4. De 2007 a 2010, los recursos ejercidos para comunicación social y publicidad del gobierno federal aumentaron 176% respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados. En un país en el que existen 1.7 camas de hospital por cada 1000 personas (el promedio de los países de la OCDE es de 5.1) se gastaron casi tres veces más recursos de los que se habían presupuestado para que el gobierno federal nos comunique sus logros. Urge poner un tope que permita evitar el incremento de este rubro: una posibilidad es establecer que no se podrán erogar recursos que excedan el 0.03% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación.
5. De 2007 a 2010 el gobierno federal se gastó 13 mil 542.7 millones de pesos en publicidad oficial. En Méxicolas reglas para la distribución de dichos recursos se establecen mediante lineamientos expedidos por la Secretaría de Gobernación, una legislación secundaria que no delimita un procedimiento de distribución competitivo, abierto, transparente y público. Se requiere una ley general que regule la publicidad oficial en México.
6. Existen grandes divergencias entre lo que aprueba la Cámara de Diputados y los presupuestos que autoriza la Secretaría de Gobernación para comunicación social. Para 2011, el presupuesto aprobado fue de 2,047.6 millones de pesos; en el reporte de la Secretaría de Gobernación se autorizó un gasto 2.7 veces mayor: 5,680.0 millones de pesos. Es urgente que las secretarías de Hacienda y Gobernación establezcan criterios consistentes para reportar estos recursos.
7. De 2006 a 2009 las cuatro dependencias más vinculadas con el tema de la seguridad (Defensa, Marina, la PGR y Seguridad Pública,) gastaron un promedio de 120.6 millones de pesos al año. En 2010 gastaron 181.7 millones y, en el Presupuesto de Egresos de 2011 se les aprobaron 469.7 millones de pesos para comunicación social y publicidad. Hasta 2011, esta estrategia de comunicación que, como hemos visto es en su mayoría propaganda, habrá costado un total de mil 134 millones de pesos. La mayoría de esos recursos, en lugar de informar sobre derechos humanos se destinaron a hacer propaganda de guerra. Se requiere una ley que regule los contenidos de las campañas de comunicación del gobierno mexicano.
8. Los países democráticos utilizan diversos regímenes para asignar la publicidad oficial. En algunos de ellos se realizan licitaciones para seleccionar a los proveedores de servicios de publicidad para limitar la posibilidad de abuso por parte de los funcionarios y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la transmisión eficaz de los mensajes gubernamentales. Urge crear un régimen de acceso a la publicidad oficial que no sólo se base en los niveles de audiencia, sino que además tome en cuenta el precio de la oferta, la especialización, una repartición equitativa entre iguales, el nicho de lectores y, sobre todo, el derecho a informar e informarse.
9. Presupuesto original y ejercido para Comunicación social y publicidad oficial de la APF 2005-2012
10. La asignación arbitraria y discrecional de recursos para publicidad oficial se traducen en acciones y omisiones que violentan la libertad de expresión y el derecho a difundir, recibir y allegarse de información según lo establecido por el derecho internacional de derechos humanos. Es necesaria una ley general que regule de manera efectiva e idónea la asignación de la publicidad oficial delimitando sus objetivos, estableciendo criterios y procedimientos de asignación equitativos, transparentes y precisos para su distribución y disponiendo de mecanismos de control para su evaluación y posible sanción. Lo anterior se hace más urgente cuando se requiere que se terminen de construir las condiciones necesarias para que los medios y las autoridades normalicen sus relaciones en el marco de un Estado de Derecho democrático respetuoso de los derechos humanos.
