Cinque Terre

Ariel Ruiz Mondragón

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“En 1968 no queríamos dialogar”: Joel Ortega Juárez en entrevista

En la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 no han faltado las voces que, entre los relatos epopéyicos, heroicos y generalmente victimizantes, buscan expresar perspectivas  críticas y aportar datos para una comprensión más compleja de aquella etapa histórica.

Entre los esfuerzos más destacados en esa dirección se cuenta Adiós al 68 (Grijalbo, 2018), libro de Joel  Ortega Juárez en el que el autor se refiere “a la condición de sobreviviente de una generación que  consiguió cierta cantidad de cambios, que soñó con tanto y que al final sufrió también un conjunto de  derrotas”. 

Sobre esa obra, etcétera conversó con Ortega Juárez (Ciudad de México, 1946), quien es maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Participante en el movimiento  estudiantil de 1968, posteriormente fue profesor de diversos planteles de la UNAM: del Colegio de  Ciencias y Humanidades y de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Economía. Miembro  fundador del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, es autor de al menos cinco libros y ha colaborado en  publicaciones como Nexos, Foro Universitario y Milenio Diario, entre otras.

¿Por qué otro libro sobre el movimiento estudiantil de 1968, esta suerte de memoria de un sobreviviente de 1968, 1971 y otras luchas?

Primero porque estamos a 50 años de ese fenómeno mundial que, desde mi perspectiva, había que acotar en términos históricos. Yo lo considero un ciclo cerrado porque es dañino estar dando vueltas con la misma historia.

La principal idea es que tenemos que salir de esa nostalgia por el pasado; creo que eso daña mucho y que tenemos que pensar en una perspectiva de futuro. Las izquierdas fueron siempre las que lo encarnaban, por lo que tenían como sujeto a los jóvenes. Últimamente ha ocurrido lo contrario: parece que es la derecha la que se hace cargo de ellos. Nos pueden parecer güeritos y mamones, pero el PAN tiene más jóvenes en actividad que el PRD y Morena. Esto es contra natura.

Adiós al 68 pretende también quitarle a los muchachos la lápida que cargan con la epopeya de ese año, que es como que ellos no existen o no tienen importancia, pero que nosotros, los héroes del 68, sí la hicimos. Eso es muy discutible; veamos el factor numérico: el CEU hizo movilizaciones tan grandes como las del 68, las del CGH aún más. También están las del Politécnico en 2014, y las del #YoSoy132 no se diga. Se puede argumentar que la ciudad creció, pero esos movimientos también llenaron el Zócalo. Además, los jóvenes intervinieron en otras movilizaciones importantes, como las de apoyo al EZLN, contra el desafuero de López Obrador y por el asunto de Ayotzinapa.

Usted comenta que el movimiento del 68 no se puede analizar sólo con las demandas del pliego petitorio.

En términos de planteamientos políticos: en 1968 no tuvimos nunca lo que hizo #YoSoy132, quienes elaboraron un contrainforme que leyeron en San Lázaro, y que fue una propuesta política alterna a la oficial, en la que se hablaba de economía y otros temas. Eso no lo hicimos en 68. Entonces no es tan sagrado este movimiento.

¿Cuál es, trágicamente, el distintivo del 68? Los muertos. Voy más lejos y con tristeza: es la única seña identitaria del 68 mexicano frente al resto. Es un abismo el que hubo entre nuestro movimiento y el francés en términos de planteamiento, de tesis contraculturales que se resumen hasta en consignas: “Prohibido prohibir”, “Seamos realistas, exijamos lo imposible” y muchas más que el mayo francés compiló.

Hubo otros casos con planteamientos conceptuales y teóricos: por ejemplo, en EU con el Partido de la Juventud, y el movimiento en Trento, Italia, que era muy avanzado con aquella tesis que decía: “Hay que darle organización a la espontaneidad, y darle espontaneidad a la organización”. Así que no es fatal que entre los estudiantes pueda haber cuerpos estructurados y también espontaneidad: hagamos una mixtura.

Aquí rompimos con los aparatos de control del movimiento estudiantil, como las federaciones Nacional de Estudiantes Técnicos y Universitaria de la Sociedad de Alumnos. Fue sano sacudírnoslas, pero no construimos nada a cambio. Entonces el movimiento estudiantil se quedó, desde el 68, huérfano de una estructura permanente.

Aquí no hay memoria histórica, la que acumula un movimiento; por ejemplo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile cumplió un siglo en 2011, y se mantuvo incluso durante la dictadura. Tenían una educación política superior a la de aquí. Esta incapacidad de construir es una herencia negativa del 68: desde entonces no hay formas de organización de los estudiantes a nivel nacional.

Hay que cerrar ese ciclo, porque la sacralización del 68 tiene también lados muy negativos, como que los muchachos tengan ese referente de sangre y de epopeya. Los del Consejo General de Huelga (CGH) en 1999-2000 querían sangre; si no ocurría así, no había movimiento. Ahora ya nos dio un poco de martirologio Ayotzinapa, pero es un precio muy caro para un movimiento de cambio.

También hay que cerrar el ciclo en el plano general. Más allá de los seis puntos del pliego petitorio, el de 1968 fue un movimiento pionero en la conquista de las libertades políticas: los derechos de manifestación, de pensamiento, de cuestionar a los padres, a los maestros, a la lengua, a la familia.

También hubo aportación en la conducta sexual, que se combinó con la píldora, la influencia del feminismo y otras luchas. El 68 contribuyó mucho en lo referente al respeto al otro, a los gays, a los minusválidos, a otras fuerzas que eran vistas con desdén o que ni siquiera registrábamos porque en la liturgia izquierdista sólo existía la clase obrera.

Usted dice que a ésta no lograron atraerla.

Uno de los déficits, el más grande, del 68 mexicano fue que no tuvimos la capacidad de ganarnos a los trabajadores, y no lo pudimos hacer porque la estructura de control del charrismo nos lo impidió (y permanece: Napoleón Gómez Sada era el líder del sindicato minero en 68, y nos impidió a balazos entrar a ver a los trabajadores; 50 años después, el dirigente de los mineros es su hijo, quien, con impunidad total, ahora es senador).

No rompimos el control del charrismo. Cuando surgió el movimiento sindical insurgente de Rafael Galván en los setenta, los estudiantes estuvimos fuera. Esta incapacidad de sincronizar los relojes de los movimientos estudiantiles y los obreros ha sido un lastre para la acción política en el país, como también lo ha sido no conquistar plenamente la libertad política.

Entonces teníamos un partido único, pero hoy tenemos un sistema que se llama partidocracia: el PRI se desdobló en varios partidos: el Morena, el PRD, el PT, el Verde, etcétera. Todos los PRI se desdoblaron para hacer uno solo.

En realidad estamos viviendo la refundación del PRI: por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, fue jilguero de Gustavo Díaz Ordaz en 1968: en un discurso lamentable, festejó y saludó la gallardía del presidente al actuar contra los estudiantes porque defendía, decía él, la soberanía del Estado.

Es una tristeza que hayamos cerrado el ciclo con una vuelta. Es terrible seguir con la misma lógica 50 años después. Tenemos que cerrar eso para que las generaciones próximas se propongan las tareas que están a la altura del presente en todos los planos.

El libro va sobre un tema que, comenta, se ha analizado muy poco acerca del movimiento estudiantil: el nacionalismo revolucionario. ¿Cómo afectó a los estudiantes?

En el 68 dijo Octavio Paz: “México fue por primera vez contemporáneo del resto del mundo”. Y Carlos Fuentes agregó que el 68 rompió la cortina de nopal.

El gran problema del país (o la virtud, dirían otros, y hay datos para sustentar una y otra opinión) es la hegemonía del nacionalismo revolucionario. Estuvo detrás del movimiento, y la razón y la sinrazón por la que no pudimos dar un viraje después del 13 de septiembre y levantar la huelga fue porque estábamos sometidos, contagiados, ilusionados con la ideología de la Revolución mexicana.

Se trata de, palabras más, palabras menos, lo que decía Vicente Lombardo Toledano: el Estado mexicano contiene en su interior a las fuerzas populares que coexisten con las fuerzas reaccionarias. La vía mexicana al socialismo, afirmaba, es la Revolución mexicana. Con más sofisticación, Adolfo Gilly decía algo semejante: el Estado mexicano surgido de la Revolución es bonapartista, uno en el que no han vencido total ni plenamente las fuerzas populares ni las de la burguesía; por lo tanto, hay que ayudar a que se produzca el desempate empujando a las corrientes avanzadas del Estado.

Para septiembre parecía que éstas no predominaban…

Después del 13 de septiembre ya habíamos agotado todas las formas de lucha: brigadas, manifestaciones, huelga. Ya no podíamos ir más lejos; no habíamos logrado atraer a los trabajadores y faltaba un mes para los Juegos Olímpicos.

El gobierno estaba ya sacado de onda, y decidió que eso no podía seguir: primero tomó Ciudad Universitaria y pensó que nos agarraría a todos y se acabaría el movimiento.

Pero, lejos de apaciguar, la toma de la UNAM fue peor: comenzó a generalizarse la violencia del lado estudiantil (esto yo lo digo, porque todos lo han escondido). Resistimos: incendiamos 200 vehículos o más, entre patrullas, jeeps, trenes, trolebuses y camiones. ¿Para qué? Pues para defendernos de la policía.

Fue gente que defendió sus espacios con lo que había. La noche del 23 de septiembre, en el Casco de Santo Tomás se inventó una especie de bazuca hecha con un tubo de albañal al que se le metía una paloma, salía el estallido y parecía que te habían disparado. Los pinches granaderos salían despavoridos. Esa batalla duró varias horas, hasta que ya no pudieron y entonces metieron al ejército. Lo mismo ocurrió en la Preparatoria 1 cuando los soldados dieron el famoso bazucazo (Díaz Ordaz dijo que una puerta se abre empujándola).

Toda esa resistencia se ha querido esconder porque se cree que le damos armas al gobierno.

Después del 13 de septiembre ya no teníamos nada, ninguna otra arma. Habíamos agotado todo, hasta la imaginación de la Marcha del silencio, cuando dijimos: “Bien, para que ya no nos estén chingando con que somos provocadores, que insultamos al presidente, vamos callados. A ver ahora qué nos van a decir”. Y no les importó a las autoridades: esa misma noche fueron y saquearon los carros que había en Antropología, persiguieron a la gente, etcétera. Tomaron la Universidad y no pudieron; la regresaron el 30 de septiembre, y el 2 de octubre citamos a una marcha para recuperar el Casco. Imagínate la ingenuidad: “Señores soldados: ya salieron de CU, ahora sálganse del Poli”. Era completamente infantil.

No hay más justicia.

También usted destaca una limitante clave del movimiento estudiantil: “No asumimos la posibilidad real de dialogar”.

En realidad no queríamos dialogar, esa es la verdad; inventamos mil pretextos y coartadas: “A ver, ¿qué es diálogo?”. Un día alguien llamó por teléfono a la Escuela de Trabajo Social y dijo que hablaba a nombre de Echeverría. Fueron rápido al CNH a informar, y se discutió durante horas si esa llamada se podía considerar diálogo o no, y se votó que no, ¡imagínate! ¿Y cómo vamos a dialogar 400 a nombre de 300 mil? Pues en el Estadio Azteca. Y luego ya fue el colmo la provocación de Sócrates: “Compañeros: ¿están de acuerdo en que nos quedemos a esperar aquí en el Zócalo hasta el primero de septiembre para que venga aquí Díaz Ordaz a dialogar con el movimiento?”, “¡Sí!”. Y eso fue la chispa para desatar la represión.

Entonces no queríamos diálogo, por lo que se inventaban pretextos. No deseábamos dialogar porque había una cierta lógica a la que se refería mucho Marcelino Perelló: el movimiento no era negociable porque lo que nosotros queríamos no era conseguir seis puntos, sino dar un ejemplo a la sociedad de que se podía luchar y enfrentar al Estado sin tener que recurrir a la violencia.

Sin embargo la hubo.

El gobierno decidió: se acabó la diversión. Así, con días de antelación ocuparon departamentos en Tlatelolco, organizaron perversamente que Servando González y Demetrio Bilbatúa filmaran todo lo que iba a ocurrir. Cinco batallones del ejército cercaron un mitin de 10 mil personas, que además decidimos no marchar. Los soldados bajaron por el pasillo que está entre los vestigios prehispánicos y la antigua Vocacional 7. Por allí venían marchando con los rifles en ristre (aquí desmiento a varios compañeros que han dicho que los soldados venían apuntando y disparando, lo cual es mentira).

Ya antes habían ejecutado esa táctica en la Alameda por el fraude de 1940. Al que encabezaba el cuerpo policíaco le dieron un disparo para justificar la reacción: el primer herido de Tlatelolco fue el general brigadier José Hernández Toledo, quien había realizado operaciones de ocupación de universidades en Michoacán y Sonora. Le dieron un balazo no tan dañino, y eso fue suficiente para que dijeran: “Si nos disparan, disparamos”. El gobierno inventó que el ejército había sido víctima de una celada con francotiradores, estudiantes que dispararon contra los soldados. Esa tesis la refuta un documento que publico en el libro, que es el informe del jefe del Servicio Forense dirigido al procurador el 17 de octubre, donde dice: de 26 cuerpos de personas en el Servicio Médico Forense, 22 recibieron balazos con trayectoria horizontal, y sólo cuatro con trayectorias descendentes.

¿Qué quiere decir? Que la tropa llegó disparando a nivel raso. Eso desmiente aquella teoría. Por si no fuera suficiente, el Poder Judicial determinó jurídicamente que en el curso del movimiento el Estado mexicano cometió el delito de genocidio; es decir y según el derecho internacional, hubo una política tendiente a eliminar a una minoría étnica, religiosa, nacional o política.

Esto último no estaba en el derecho internacional hasta que, cuando en México fue detenido el argentino Ricardo Cavallo, el país cedió su extradición a España. Se sentó precedente porque Cavallo había sido el jefe de torturas de la Escuela Mecánica de la Armada en su país, y eso fue contra grupos políticos.

Pasamos a la siguiente etapa: demostrar que los estudiantes constituíamos un grupo político. Luis González de Alba (quien ya murió y al que respeté aunque difería de él) se quería burlar de esto: decía que genocidios fueron el armenio, el Holocausto judío, pero 40, 100 ó 500 muertos no. ¿Cómo iba a haberlo si, en lugar de desaparecer a los estudiantes, Luis Echeverría multiplicó la matrícula? Ninguno de los que sosteníamos la tesis del genocidio dijo que el Estado había eliminado a los estudiantes, pero sí que durante 10 años practicó una política para exterminar a un sujeto político que se llamaba movimiento estudiantil. Todo empezó con la invasión del internado del Politécnico en 1956, siguió con Sonora, continuó con Morelia en 1963 y después con la toma de la Universidad de Chihuahua y de otros planteles, como en Tabasco. Era una sistemática acción del Estado para suprimir a los movimientos estudiantiles, la que desplegó también en Chapingo y en la UNAM.

Los jueces admitieron ese criterio.

¿Cuáles han sido los principales esfuerzos para que se hiciera justicia? Como usted comenta, la impunidad no fue total.

Hubo dos intentonas de comisiones de la verdad: una que promovió en la Cámara de Diputados Pablo Gómez Álvarez, y otra que promovieron los intelectuales, entre ellos Carlos Monsiváis, Jorge G. Castañeda y Sergio Aguayo. La primera obtuvo algunos informes, pero no concluyó en nada; sus miembros ni siquiera pudieron ya no digamos indiciar, sino ni siquiera platicar con Echeverría, quien los recibió en su casa de San Jerónimo, les ofreció agua de Jamaica, les dictó una conferencia explicando por qué había ocurrido el 68, y les dijo “váyanse”.

La segunda ni siquiera logró eso porque hubo una serie de diferencias al interior del grupo. Cuando llegó al poder Vicente Fox, algunos como Adolfo Aguilar Zínser, Castañeda y yo, dijimos: si hay transición debe haber justicia transicional. Santiago Creel planteaba que no había que crear una comisión, sino que el sistema jurídico mexicano era suficiente para procesar a los delincuentes y castigar los delitos cometidos por el Estado. Por eso propuso crear la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Hubo varios errores en su constitución: por ejemplo, no se establecieron periodos. Si extendíamos el tiempo, tenemos que la derecha, hasta los años cincuenta, fue la víctima principal de la represión estatal: la guerra cristera, la represión en 1946 en León contra los sinarquistas, la matanza de los Camisas Rojas contra los feligreses en el atrio de Coyoacán en 1940 y otros hechos. A partir de entonces la víctima principal es la izquierda: 1 de mayo de 1952 en Bellas Artes, en 1956 en el Politécnico, los presos de 1958, etcétera.

La temporalidad se acotó sin decirlo claramente: del 68 para acá. Pero tampoco se distinguió: fueron mezclados movimientos políticos de masas, como el 68 y el 71, las invasiones a las universidades, con la guerrilla. Eso no puede ser, no tienen nada que ver.

Los movimientos armados prohijaron una serie de atropellos del Estado: personas que eran tiradas desde aviones, torturas, se acabó con poblaciones enteras en Guerrero y Sinaloa. Pero esto tenía que ver con grupos que le declararon la guerra al Estado, que actuaron y efectuaron actos violentos, que cometieron delitos por razones políticas, por lo que no podían estar en el mismo saco que los movimientos estudiantiles. Fue otro error metodológico y de fondo muy grave.

De todas maneras se indició a Echeverría, Miguel Nazar y a varios más como posibles reos del delito de represión a los ciudadanos en los años 1968 y 1971. Lo anterior se basó en una demanda que hicieron, entre otras, tres personas: Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero y César Tirado, quienes firmaron la denuncia ante la Procuraduría General de la República, aún en la época de Ernesto Zedillo. Acusaron a Echeverría y a varios más de ser probables responsables de delitos de lesa humanidad.

La Femospp fue dirigida por Ignacio Carrillo Prieto, a quien yo no conocía; cuando lo nombraron escribí un artículo en Milenio en el que dije “¿Cómo vamos a creer en la justicia de un fiscal que ha sido toda la vida miembro de los aparatos del Estado?”. Me equivoqué: creí que iba a ser una trampa para aparentar que se hacía una indagación y en realidad no hacer nada. Pero no: tanto en los casos del 68 y del 71 como en el asunto de los desaparecidos de la Guerra Sucia la fiscalía realizó un trabajo de indagaciones. Eso culminó, en los dos primeros casos, en que se indició y luego se consignó a varias personas. Luego los jueces lo examinaron y dieron una sentencia.

Así, el 30 de junio de 2006 se emitió la orden de aprehensión contra Echeverría. Después Juan Velázquez, su abogado, trató de refutar la acusación y dijo que, en todo caso, el delito había prescrito porque ya habían transcurrido más de 30 años. Pero la fiscalía hizo un cómputo de la prescripción: en aquellos años el fuero se daba desde la candidatura presidencial, y por lo tanto esa parte no contaba, como tampoco los seis años de presidencia. Bueno, llegamos en safe al cómputo y los delitos aún no prescribían, por lo que Echeverría era sujeto de ser reo.

Pero fueron 14 personas las que fueron procesadas por genocidio. Antes intentamos hacerlo por desaparición forzada, y no encontramos a ninguno. Otro mito: ni Díaz Ordaz ni Echeverría practicaron la política de desaparición forzada, la cual se empezó a aplicar como práctica política hasta 1978, después del intento de secuestro de la hermana de José López Portillo. Esto no quiere decir que antes no hubiera habido desaparecidos o perdidos, que es otra categoría.

Entonces nos concentramos en algo que parecía delirante: todos nos educamos en la idea de que genocidio es desaparición de una etnia entera. Pero con lo del grupo político encontramos que había base jurídica. Entonces había que probar que los genocidas eran, entre otros, Echeverría, Nazar y Luis de la Barreda Moreno, quien argumentó que el 2 de octubre de 1968 fue operado de hemorroides. Nadie dijo que los genocidas estaban disparando: por ejemplo, Echeverría dijo que ese día estaba reunido con Siqueiros, que él no estaba en Tlatelolco. Pero no se trata del actor in situ , sino de los directores que dieron la línea de actuación. Así, el Comando Central eran Díaz Ordaz, los secretarios de la Defensa y de Gobernación, y jefes de los aparatos represivos (entonces aún vivían 14 de ellos).

Pero en abril de 2004 se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados una reforma penal que establece que para las personas de 70 años en adelante la penalidad puede purgarse en domicilio. Fue un traje a la medida: a los únicos que se les ha beneficiado con esa disposición es a Echeverría y, recientemente, a Elba Esther Gordillo.

Echeverría fue llevado a prisión domiciliaria porque se reformó la ley para eso. Varios que ahora son diputados de Morena y que estuvieron presos en 68, votaron a favor de esa reforma. ¿Fueron ingenuos, no se dieron cuenta? ¿Qué pasó? Fíjate la paradoja: Echeverría estuvo preso 848 días, y no fueron durante la gestión de Fox, sino durante la de Calderón. Al final Juan Velásquez logró que el juez diera un amparo: aunque había genocidio y se había computado bien, se dictaminó que no había elementos suficientes que probaran la participación de Echeverría. Esa es la razón por la que la quitaron el estatus de preso domiciliario.

Más justicia no va a ser posible porque ya se murieron todos, y el que está vivo ya fue procesado. No podemos llevar a Echeverría a ser juzgado en las cortes Interamericana ni Internacional porque sólo se puede cuando dentro de un país no se culminó un proceso, y aquí ya terminó.

¿Hay algo más que esperar al respecto en la conmemoración de estos días?

Puede haber una especie de circo romano para la plebe: que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y el electo, Andrés Manuel López Obrador, por separado o juntos, hagan un acto de contrición, y que digan “le pedimos perdón a la sociedad por las acciones practicadas en 68 contra la población que culminaron con una matanza en Tlatelolco”. No sería tan deleznable, sino hasta importante, aunque no suficiente.

Tengo la intuición de que algunos compañeros participantes en el 68 están negociando eso, y es probable que vaya el rector Enrique Graue. Pero te lo adelanto: yo no iría. Esto me lleva a insistir en que ya no podemos continuar con esto.

Hay también datos de que la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estuvo indagando cómo aplicar la reparación del daño. Hay algunos compañeros que estuvieron presos que tienen razón y que están exigiendo reparar el daño económicamente. Yo no lo haría ni volviendo a nacer, aunque es válido jurídicamente: se aplicó en Argentina, donde dieron una buena reparación a muchos presos que sufrieron tortura, que perdieron a sus hijos. Pero me parece muy cuestionable política y éticamente irlo a plantear. Pero es asunto de cada quién.

En el libro escribe: “No soy un niño héroe del 2 de octubre del 68. Haber estado en Tlatelolco no crea ningún mérito”. En ese sentido, ¿cuáles son los usos que se le han dado al 68?

Por la cultura de cierta izquierda católica mexicana, partidaria de la victimización, hubo cierta manipulación. Algunos medraron en cierta medida con los muertos del 68 y del 71 poniéndose esa medalla. Se la colocan y dicen: “Voten por mí: fui víctima de la represión. Estuve preso, me torturaron”. No son mentirosos, pero es un estilo que yo no comparto.

La idea misma de haber creado un Comité del 68 es aberrante. El CNH fue el órgano que dirigió el movimiento y se acabó. Esto se planteó en el manifiesto del CNH que se publicó el 8 de diciembre de 1968, y que dice con todas sus letras que se acabó, que dejó de existir para evitar que alguien medrara con esa etiqueta.

Bueno, el Comité se organizó creo que en los 25 años del 68, y fue encabezado, con una gran integridad y dignidad, por Raúl Álvarez Garín. Pero eso no exime que ese uso de la etiqueta Comité del 68 es una manipulación política. No es correcto.

Usted afirma que es insuficiente ver el 68 con el prisma de las elecciones de 1988 y como un simple antecedente de la transición democrática. ¿Cómo ubicarlo en la democratización del país?

Una primera dificultad a nivel conceptual, histórica, es que México, por asuntos muy complejos, en rigor no vivió una transición. En España hubo una del franquismo al Estado democrático, a la Constitución de la monarquía parlamentaria. Allí está clarísimo, no hay duda. En Chile fue el paso de la dictadura de Augusto Pinochet a una república democrática. Pero nuestro país es más complicado porque es muy camaleónico, tramposo. En lo formal aquí siempre ha habido una república democrática con elecciones. Pero ni con Fox ni con López Obrador hubo cambio de régimen político, sino que sólo fue a su interior. Por eso decía Mario Vargas Llosa que parece una boutade, pero no lo es tanto, sino más bien la dictadura perfecta. El control del PRI sobre el resto de la sociedad es tal que puede ocurrir todo, como que los intelectuales de izquierda sean becarios eternos de la Secretaría de Cultura, por ejemplo.

Entonces no hay, rigurosamente hablando, una transición; hubo un proceso democratizador que pasó de un régimen de partido casi único a un pluralismo político, y nadie puede negarlo. De una composición del Congreso que era 90% del PRI, semejante en cada congreso local; de un régimen que había tenido el 100% de presidentes y gobernadores de un solo partido, el cambio a un régimen de pluralismo político (como le llama José Woldenberg) es un paso adelante. Incluso llegamos a que en 1997 hubiera la primera Cámara de Diputados con mayoría opositora. Pero todo eso se dio en el marco de mismo régimen político, el federal presidencialista.

Algunos de nosotros fuimos promotores, dentro del Partido Comunista, de que lucháramos por un régimen parlamentario, por la segunda vuelta, por el establecimiento de una Cámara integrada de manera proporcional, por candidaturas ciudadanas abiertas y que no fueran solamente los partidos los que registraran candidatos porque se vulnera el artículo 33 de la Constitución, que dice que los mexicanos tienen derecho a votar y ser electos. Pero en la ley reglamentaria se ponía que tenía que ser a través de los partidos. En una gran trampa, admitieron los candidatos ciudadanos, pero sujetos a un conjunto de restricciones que llevaron a que los candidatos ciudadanos fueran un gobernador y la mujer de un expresidente. Sólo hubo independientes en algunas candidaturas locales.

Pero hay que distinguir entre los votantes de Morena, que fueron 30 millones y que votaron por cambiar el país contra la corrupción, y otra es quiénes son los depositarios del voto, que son puros viejos dinosaurios como Manuel Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, Layda Sansores y Napoleón Gómez Urrutia, y grandes oligarcas, como Alfonso Romo y Ricardo Salinas Pliego. No hay gente nueva; los más jóvenes, como Martí Batres, son militantes de la izquierda oficial desde hace 40 años.

Pero quiero matizar: no es cierto que no haya habido ningún cambio político y que sigamos siendo los mismos, aunque tampoco hay un cambio fundamental del viejo régimen político mexicano, que aún está sometido al control de una partidocracia. Pasamos de la simulación democrática del partido prácticamente único, a la partidocracia.

En 1968 el movimiento no tenía matices frente a la política: hablábamos contra el Estado, contra el poder, ninguna mirada para los partidos. Era un problema inexistente para el país, por lo que no se nos planteaba el asunto de votar o no votar porque ya sabíamos que no había elecciones reales.

Pero nuestra generación logró, sin diputados y sin partidos, cambios en las leyes. Una muy concreta: la reforma al artículo tercero de la Constitución, que elevó a rango constitucional la autonomía, y también la que colocó a los trabajadores universitarios en el apartado A. Entonces no es fatal que sea necesario tener partido; es totalmente viable lo que yo llamo el otro camino: la organización de la gente en múltiples formas.

Somos un país que tiene una cantidad ridícula de asociaciones civiles: unas 30 mil. En EU tienen 10 millones, al igual que en Francia. Entonces no hay tradición de participación civil en México, además de que las ONG se volvieron una mercancía y un negocio.

Vivimos de mentirnos mucho: por ejemplo, decimos que este es un país con tradiciones comunitarias. Salvo el tequio y los mayorazgos en algunas partes del país, y para fiestas, ¿cómo convivimos? Cada quien se rasca con sus uñas.

De pronto hay un sismo y la gente sale; por el del año pasado se calculó que se movilizó un millón de personas, sobre todo jóvenes. Hubo un momento en que ya en lugar de ayudar obstruían, pero se vio su disposición y que no venían de ningún partido o sindicato.

Eso era también parte del 68: se decía que queríamos democracia directa. Pero ésta sólo es posible en universos pequeños: ¿cómo y dónde metes ya no digamos a 8 millones de habitantes de Ciudad de México, sino a los 300 mil estudiantes de la UNAM? ¿Y quién va a organizar la asamblea? Es imposible. Por eso hay democracia representativa o delegada.

En una sociedad de casi 130 millones es imposible la democracia directa. Por ello tiene que haber democracia representativa. Ese no es el defecto; el problema es que sea real, que sean elegidos verdaderos representantes, no a los que se salieron del partido A para entrar en el B.


 

  • “Con días de antelación ocuparon departamentos en Tlatelolco, organizaron perversamente que Servando González y Demetrio Bilbatúa filmaran todo lo que iba a ocurrir”
  • “El Estado mexicano contiene en su interior a las fuerzas populares que coexisten con las fuerzas reaccionarias
  • “Los movimientos armados prohijaron una serie de atropellos del Estado”
  • “Tampoco hay un cambio fundamental del viejo régimen político mexicano”
  • Había que probar que los genocidas eran también Echeverría, Nazar y Luis de la Barreda Moreno
  • “En el 68 dijo Octavio Paz: ‘México fue por primera vez contemporáneo del resto del mundo’”

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