jueves 28 marzo 2024

Obsoleta ley de radio y TV

por Andrea Recúpero
Kirchner prorrogó automáticamente
las concesiones

Una pareja de periodistas, de retórica formal y vestida como lo haría gente mucho mayor, conduce el noticiario del mediodía y el vespertino en un canal de televisión abierta de Argentina. Otra pareja, casi idéntica aunque más madura, compite en la misma franja horaria en otra señal abierta.

Son los mismos que llenan horas y horas de programación en los canales de cable que durante 24 horas transmiten noticias nacionales. ¿Por qué se repiten esas caras? ¿Por qué reconocemos las mismas voces cuando vamos en el automóvil o en el transporte colectivo escuchando radio? Algunos de estos comunicadores incluso tienen programa propio en las señales de paga, donde repiten las mismas noticias, pero con otro decorado.

En Argentina, si vemos los mismos rostros y escuchamos las mismas voces hasta la exasperación es porque la Ley de Radiodifusión vigente permite que un mismo grupo empresarial obtenga hasta 24 licencias y, en consecuencia, que un puñado de periodistas se convierta en portavoz y envase de todos sus productos.

Por si fuera poco, desde la década del 90 se eliminaron los obstáculos que impedían que un mismo grupo participara en distintos sectores del mercado de medios. Hoy, los dueños de diarios y revistas de circulación nacional son propietarios no sólo de otros medios gráficos, sino también de señales de televisión abierta, por cable y codificadas, de frecuencias radiales AM y FM y hasta de acciones en las redes de telecomunicaciones.

Mientras los sucesivos gobiernos evitaron discutir la concentración por temor a las consecuencias derivadas de tocar intereses comerciales, intelectuales y organizaciones civiles insisten en denunciar que esa distribución amenaza el derecho de los individuos a acceder a una información plural y sin manipulaciones.

Aunque la Ley de Radiodifusión (22.285) fue sancionada durante la dictadura, en Argentina la regulación de las telecomunicaciones tiene una historia mucho más larga que comienza con la invención del telégrafo en 1879 y que continúa con la incorporación del teléfono.

En 1957 se sanciona una primera ley de telecomunicaciones y, recién en 1972, se aprueba una segunda que incluye por primera vez un capítulo de radiodifusión. Incluso se crea entonces el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), organismo que regula este ámbito.

Luego, en 1980, durante la dictadura militar, se divide la comunicación de las telecomunicaciones y se obtiene la ley que rige hasta ahora. Esa ley permitía cuatro licencias de explotación en manos del mismo licenciatario, pero ya en democracia, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) ese permiso se amplió a 24, que son las permitidas hasta hoy.

La ley es malísima porque refleja en la radiodifusión la doctrina de seguridad nacional e incorpora a las fuerzas militares en la regulación, pues el COMFER tenía que estar integrado por un comando de cada fuerza (armada), explicó a etcétera la diputada Silvana Giudice, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, donde debería discutirse una nueva normativa.

Por su parte, el director de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Damián Loreti, subrayó, al presentar una iniciativa de la sociedad civil frente a la tentativa de concentración y monopolización de los grandes medios, que una ley de radiodifusión debería generar cultura, identidad y pluralismo y que la norma vigente en Argentina es todo lo contrario.

En 2007, más de mil organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron ante el Poder Ejecutivo la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, que fue trasladada luego al Congreso nacional, donde está pendiente todo este debate.

Desde el retorno al sistema democrático, en 1983, se presentaron 80 proyectos de Ley de Radiodifusión, pero ninguno con resultados. Desde entonces, todos los gobiernos amagaron con abrir una discusión que jamás se concretó.

El mismo escenario se repite ahora. Durante la última Semana Santa, cuando se generó el enfrentamiento entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los productores agropecuarios por el aumento de los impuestos a las exportaciones de granos, el Ejecutivo hizo públicas sus diferencias con algunos medios de comunicación en especial con el Grupo Clarín, por la manera de informar sobre el conflicto y anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Radiodifusión.


Algunos sectores interpretaron el anuncio como una amenaza a Clarín, tras un evidente cambio de posición del kirchnerismo hacia los negocios que concentra ese grupo, fue el ex presidente Néstor Kirchner quien, mediante el decreto 527 de 2005, prorrogó automáticamente el vencimiento de las licencias de canales de televisión de aire y radios por diez años.

Sin embargo, según confiaron a etcétera fuentes legislativas, a pesar de que hace apenas unos meses el tema de una nueva Ley de Radiodifusión encabezaba la agenda legislativa del gobierno, desde que Alberto Fernández dejó la jefatura del gabinete y asumió en su lugar Sergio Massa, desapareció de la nómina.

La concentración neoliberal

Varios académicos y legisladores coinciden en que el modelo neoliberal fue lo peor que le pasó a la radiodifusión argentina: Fue la democracia en el gobierno de Menem la que incorporó las peores aberraciones jurídicas a la radiodifusión, permitiendo que de cuatro licencias se pasara a 24, mediante el decreto 1005 de 1999, precisó Giudice.

Durante el menemismo todo se desregulaba para privatizar, aplicando el criterio de que el Estado no tenía que intervenir en ninguna cuestión de mercado. Entonces, la desregulación también llegó a la radiodifusión tras la ley de Reforma del Estado (1989) que cambió el perfil de los que pueden tener licencias de radiodifusión y permitió que los medios gráficos obtuvieran licencias que hasta entonces no podían tener.

La reforma del Estado modificó sustancialmente los regímenes de tenencia y multiplicidad de licencias y de lo que se llama propiedad cruzada. Además, circunscribiéndose a algunos países, se permitió el ingreso de capitales extranjeros.

También durante el menemismo, la privatización de Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) derivó en la creación de dos monopolios privados, Telefónica y Telecom, que se dividieron el país y luego se beneficiaron con el negocio de la telefonía celular.

El sociólogo belga y profesor en Ciencias de la Información y la Comunicación Armand Mattelart asegura, en Por una nueva ecología de la información (2006), que mientras el poder económico y poder ideológico, los actores del oligopolio, eufemísticamente autollamados interlocutores comerciales, se movilizan para defender sus intereses (ejerciendo presión sobre los gobiernos e instituciones internacionales) para quebrar los marcos jurídicos que limitan las concentraciones o que impiden la constitución de posiciones dominantes (toda crítica a esas posiciones) es fustigada como un intento de restauración de la censura.

La dimisión de muchos gobiernos hace el resto resume Mattelart. Cuando ignoran la propuesta elaborada por las organizaciones sociales y civiles, de reforma de la ley de radio y televisión, por miedo a perder el apoyo del oligopolio audiovisual. Cuando asignan casi la totalidad de sus presupuestos publicitarios a los medios de comunicación hegemónicos, poniendo en peligro la sobrevivencia de medios, de otras opiniones, establecidos desde las diferencias.

Lejos de todo azar, la presidenta Cristina Fernández decidió relanzar una semana después de los cacerolazos en apoyo a los productores agropecuarios y en contra del gobierno, el Observatorio de Medios, que desde que cobró protagonismo se llama Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión y que en pocos días sumó varias denuncias en contra de los medios de comunicación por la cobertura del conflicto.

Más allá del contenido de las denuncias, que iban desde presunta discriminación de un dirigente contra personas de piel blanca hasta un reclamo contra una autoridad de organización agraria por dichos discriminatorios en virtud del color de piel de los piqueteros, este movimiento del gobierno generó inquietud de inmediato en las entidades periodísticas que alertaron sobre la posibilidad de que con este instrumento se intentara ejercer la censura a la libertad de prensa y también motivó un pedido de informes de la oposición en el Congreso para saber cuánto cuesta y qué se propone este observatorio desde el ámbito del gobierno.

El informe arrojó, entre otros resultados, que se trata del relanzamiento del Observatorio de Medios creado en 2006 y no de la creación de un nuevo ente de control, y que entre sus atribuciones figura la de emitir dictámenes sobre formas y contenidos inapropiados para promover su cambio, sin que implique fijar multas o sanciones. Como carece de presupuesto propio, ese asunto lo manejan los organismos que lo integran: el COMFER, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) , el Consejo de la Mujer y desde abril pasado las facultades de Ciencias Sociales de las universidades nacionales.

El decano de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, es autor de un informe hipercrítico sobre el rol de los medios de comunicación en la cobertura del conflicto agropecuario, que según señala la oposición fue premiado por la Presidencia con la invitación a integrar el observatorio. Ese gesto no pasó inadvertido para el Consejo Superior de la UBA, que lo invitó públicamente a conservar autonomía respecto del gobierno nacional.

La existencia de este observatorio contradice las tendencias mundiales en torno al control de medios que, en general, corre por cuenta de universidades y organizaciones civiles atentas a fomentar la participación ciudadana para asegurar la libertad de expresión.


En ese sentido, el periodista Danilo Arbilla, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, recomienda en el prólogo del libro Periodistas y magnates no dejar únicamente en manos de los gobiernos de turno el control del cumplimiento de las reglas: Debería existir un organismo, extra gobierno, que administrara estos bienes de la sociedad (…) es muy fácil plantearlo y decirlo, pero la sola integración de ese cuerpo es en sí mismo un asunto harto delicado. No puede ser un organismo manejado desde el poder político, pero tampoco estar dominado por un sinnumero de sellos con autoproclamadas representatividades.

El mapa de medios

El Grupo Clarín es propietario del matutino que lleva ese nombre y de un conjunto de medios gráficos que incluye el vespertino de distribución gratuita La Razón, el diario deportivo Olé, la agencia de noticias DyN, y las revistas Elle, Genios, Pymes y Tinta Fresca. Es además dueño de Canal 13 de televisión abierta y de los canales de cable TN y Volver. También es propietario de Radio Mitre y de FM 100. Este grupo integrado por Ernestina Herrara de Noble (82%), Héctor Magneto, José Aranda y Lucio Pagliaro, tiene 60% de Multicanal, Cablevisión (distribuidoras de señal de cable) y de Fibertel, Flash y Ciudad Internet (proveedores de conexiones a internet). Además, posee 50% de T&C Sports, Telered Imagen y TSC; 50% de CIMECO (La Voz del Interior, de Córdoba, y Los Andes, de Mendoza), una participación superior a 30% en Papel Prensa, 30% de la productora de contenidos Ideas del Sur, 30% de Polka y 30% de Patagonic Film Group.

De todos estos negocios, el de mayor impacto fue el de la fusión de Multicanal y Cablevisión, que le permitió a Clarín controlar el negocio de la televisión por cable de Argentina.

La historia del Grupo Clarín se inicia en 1945, año de la fundación del diario Clarín de Buenos Aires por Roberto Noble. Dirigido desde 1969 por su esposa, Ernestina Herrera de Noble, Clarín es hoy uno de los diarios en español de mayor circulación del mundo. El matutino lidera desde hace cuatro décadas el mercado de diarios y hasta hace poco era el más vendido en lengua castellana. Con una tirada de 500 mil ejemplares diarios, dicta agenda política y maneja casi por completo el negocio de los avisos clasificados.

El grupo es propietario, además, del único diario deportivo del país, Olé, y participa de CIMECO, el consorcio propietario del diario de mayor tirada fuera de Buenos Aires: el cordobés La Voz del Interior.

A principios de los 90, Grupo Clarín comenzó su diversificación horizontal, ingresando al mundo de la radio y la televisión, hasta posicionarse como lo conocemos hoy en día.

Internet constituye hoy una apuesta estratégica para el consorcio, que continúa avanzando en la puesta a punto de productos en línea, pues reúnen más de la mitad del caudal de visitas a sitios argentinos en la red.

En el ya citado Periodistas y magnates, Guillermo Mastrini y Martín Becerra, aportan datos precisos sobre la distribución del mercado de diarios: mientras Clarín ocupa la posición de liderazgo con 30.26% de la circulación, Crónica un diario dirigido a las clases populares lo secunda acaparando 14.93%, seguido de La Nación dirigido a un lector de clase media y alta con 11.08%. En cuarto lugar se ubica el diario económico Ambito Financiero (7.3%) y el resto, 35%, se lo dividen los diarios del interior del país, cuyos porcentajes de distribución no se pueden medir porque no participan del Instituto Verificador de Circulaciones.

Por su parte, Grupo La Nación también propietario de un porcentaje similar de Papel Prensa compite con Grupo Clarín en el mercado de diarios y revistas, pero no logra arrebatarle la supremacía. El diario La Nación y las revistas Lugares, Living, Jardín, First, Gatopardo, Cinemanía, Brando y Rolling Stone pertenecen a este grupo que, por otra parte, es propietario del otro 50% del consorcio CIMECO.

Al ser consultada sobre las consecuencias que la concentración puede tener sobre la libertad de expresión y la necesaria multiplicidad de fuentes, Giudice afirmó: Yo no estoy en desacuerdo en que los medios gráficos, a esta altura, en 2008, puedan tener medios en otros formatos, porque creo que hoy, los usuarios, a raíz de las nuevas tecnologías, buscan información por distintos canales. La sociedad de la información impone otro criterio sobre la relación medios-sociedad. Lo que no ha cambiado es la relación medios-Estado y eso es lo que tenemos que adaptar.

Mientras la legislación permite que un grupo empresarial sume negocios en el área de las telecomunicaciones, con sus eventuales consecuencias sobre la agenda política, muchos intelectuales señalan la inconveniencia de que los propietarios de medios gráficos tengan acceso a canales de televisión o a frecuencias radiales.

Sobre este último aspecto, la legisladora opositora respondió: Yo no estoy tan de acuerdo con ese planteo. En el mundo no hay ejemplos de que medios gráficos no puedan tener canales de televisión, quizá hay limitaciones y en eso sí estoy de acuerdo, no hay que conformar oligopolios, es decir que no sólo tengan un diario, una radio, sino cinco canales, tres radios. Hay que tender a desconcentrarlos. Lo cierto es que en Argentina eso hoy no se puede hacer.

En la otra esquina, Arbilla considera que el primer paso para evitar la concentración con potencialidades monopólicas y para asegurar una sana y enriquecedora competencia, sería impedir el agrupamiento entre los diferentes medios. No debería haber multimedias que incluyan medios de prensa propiamente dichos, radios y televisión, y destaca que no se trata de ninguna innovación, por cuanto hay países en donde existen este tipo de limitaciones.



Pero no fue sólo Grupo Clarín el que diversificó sus negocios a partir de los 90 en Argentina. Grupo Torneos y Competencias, Grupo Admira (ex Telefónica), América Multimedios, ámbito Financiero, Grupo Uno-Vila/Manzano, Grupo Hadad, Liberty Argentina, Editorial Perfil, Editorial Atlántica, Grupo Recoletos, Grupo CIE, Rock&Pop, Grupo Hector García, Grupo Aldrey Iglesias, Grupo Lerner, Grupo Pierri, Editorial García Ferré y Capital Intelectual, entre otros, manejan en su conjunto multiplicidad de medios gráficos y explotan licencias de tele y radiodifusión.

Grupo América Multimedios, cuya composición accionaria comparten el Grupo ávila Inversora y el Grupo Uno-Vila/Manzano posee un porcentaje del diario ámbito Financiero, la mayoría de las acciones de Canal 2 (América TV, señal abierta), cuatro canales del interior del país y Radio La Red.

Por su parte, Grupo Uno es propietario de Supercanal y cinco diarios del interior. En tanto, para citar otro ejemplo, Grupo Hadad reúne negocios en Canal 9 (televisión abierta), C5N (cable) y tiene la licencia de cinco radiofrecuencias, entre ellas Radio 10, líder en audiencia.

Realidades semejantes reflejan los mapas de medios de otros países de América Latina. Según la investigación realizada por Mastrini y Becerra, en Bolivia, un país con escaso desarrollo del mercado de las comunicaciones, la concentración de medios se produjo con la llegada de nuevos actores y con la adopción de políticas neoliberales.

En Brasil el mercado más grande de América Latina, Grupo Globo es el mayor proveedor de contenidos, con una red de estaciones de televisión y un plan de exportación de su producción a todo el mundo. Además de los contenidos para televisión, este grupo cuenta con la principal red brasileña de televisión satelital, el diario OGlobo, compañías de radio, comunicaciones satelitales y telecomunicaciones.

Mientras, en Chile, las industrias de información y comunicación se destacan por la presencia de capitales extranjeros y de un elevado grado de concentración. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Argentina y en Brasil, los grupos constituidos se expanden en una misma industria, con escasos ejemplos multimediales.

El debate pendiente

Mientras el proyecto oficial de Ley de Radiodifusión se mantiene en absoluta reserva luego de que voceros circunstanciales del gobierno calificaron de golpistas a algunos medios periodísticos durante el conflicto del agro y la oposición insiste en que el gobierno busca instalar el clisé de que en Argentina la oferta mediática está concentrada y en manos de oligopolios, oficialistas y opositores, intelectuales y organizaciones civiles, coinciden en que es necesaria una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace la de la dictadura y que permita, entre otras cuestiones, ordenar el espectro y la entrega de licencias, supuestamente bloqueada desde 1984.

Desde 2006, cuando se modificó el artículo 45 de la actual Ley de Radiodifusión, se permite que las organizaciones sin fines de lucro tengan licencias de radiodifusión, pero la falta de controles posibilita la clandestinidad y la superposición de frecuencias. Además, muchas radios no pagan por la explotación del espectro, lo que redunda en importantes pérdidas para el Estado.
Pero no todos coinciden. Algunos periodistas y editores de medios dicen que no tiene que haber cambios en este gobierno, pero según se sinceró Giudice, los medios nunca quisieron el debate porque eso significa transparentar, dar a conocer (sus intereses).

Además del debate de esta norma, en Argentina no existe una ley que regule la distribución de publicidad oficial, pues se corre el riesgo de que el Estado condicione el reparto. El gobierno argentino invirtió 317 millones 85 mil 94 pesos unos 100 millones de dólares en publicidad oficial durante 2007, 51% más que en 2006. Además, se excedió 56% en el presupuesto previsto para ese rubro el año pasado, que era de 202 millones 792 mil pesos (casi 64 millones de dólares). Todos esos gastos se realizaron sin controles. (Ver etcétera, junio 2008)

En síntesis, no sólo está pendiente ordenar y controlar las licencias, sino también transparentar los gastos en publicidad oficial y crear una figura o conjunto capaz de garantizar la libertad de expresión, fuera del ámbito del Poder Ejecutivo.

En sintonía con esta última asignatura pendiente, la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia propone crear la figura de la Defensoría del público, con delegaciones en las provincias que reciban y canalicen las inquietudes de los habitantes. Deberá dice el documento incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. éstos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

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