Emiliano Meza

¿Amparo al desafuero?: reseña de El juicio político y la declaración de procedencia

Una república federal está sometida al movimiento homeostático de las reformas. Sin embargo, es necesario prevenir el mal uso de esta maleabilidad para evitar que una tendencia efímera dañe a las leyes o a su espíritu. En este sentido existen algunas figuras jurídicas que buscan encaminar la dinámica de su desarrollo; por ejemplo, en Honduras existen las llamadas “leyes pétreas”, las cuales no pueden ser reformadas por ninguna instancia en que se divide el poder de su república. A principios de este milenio, el expresidente hondureño Manuel Zelaya habló de reelegirse como mandatario del país centroamericano. Esta intención contrariaba una de las “leyes pétreas” que prohíbe la reelección del Ejecutivo, de modo que, al intentar reformar mediante una Asamblea Constituyente esta ley, Zelaya sufrió en 2009 un golpe de Estado. Hoy día, sin embargo, el mandatario Juan Orlando Hernández obtuvo la aprobación institucional para postularse como candidato para un segundo mandato.

Solo esta clase de cambios produce la suerte de experiencia jurídica que requiere cada Estado para pulir la adecuación de la ley a la circunstancia particular. Por ello es necesario preguntarse: ¿es el siglo XXI el mejor momento para preservar una figura jurídica que sea inatacable y no pueda ser sujeta a revisión, controversia o amparo? La magistrada Odilisa Gutiérrez Mendoza, autora de la investigación El juicio político y la declaración de procedencia en el derecho mexicano (la cual le mereció un título doctoral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid), considera que es el momento de tomar las medidas para reformar nuestra ley en otra dirección.

El Juicio Político y la Declaración de Procedencia son parte de un procedimiento penal que busca sancionar a un funcionario público de alto cargo, ya sea de elección popular, administrativo o judicial; es decir: diputados, senadores, secretarios, fiscales, magistrados, directores generales. Estos son procedimientos que sólo se realizan ante crímenes graves y tienen por objetivo dictaminar si existen razones para poner al funcionario a disposición del Ministerio Público, separado del cargo que ocupaba y desprovisto de la protección del fuero (en caso de tenerlo), aunque en algunos casos se estipula que el Juicio Político prosigue hasta dictar la sentencia penal del indiciado. Por eso es que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, y la decisión no puede ser sujeta a revisión o controversia, menos aún permite que se presente un amparo.

Esta situación, sostiene Odilisa Gutiérrez, no solo vulnera los derechos humanos de un funcionario que fuera víctima de una venganza política sino que además ignora los tratados internacionales a los que México está suscrito. Esto ocurre porque aunque los principios de dichos acuerdos están contemplados en la ley, existe una jurisprudencia que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación en 2014 y que dictamina que debe darse prioridad a nuestra Constitución si hubiera alguna contrariedad entre los lineamientos que se dictan en estos documentos. En este caso la Constitución declara inatacable la resolución de los legisladores. Sin embargo, la magistrada argumenta que la sola separación del cargo pudiera dañar los derechos humanos de dicho funcionario, por lo que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos obligaría al Estado mexicano a garantizar los recursos jurídicos que blindaran estos procedimientos de gran envergadura, mediante la evaluación por parte de la Suprema Corte de Justicia de permitir un Juicio de Amparo ante la resolución del Juicio Político o la Declaración de Procedencia. Aunque esta propuesta aparenta proveer una transición sencilla, no estaría desprovista de bemoles.

Gutiérrez Mendoza esboza el desarrollo de ambos procedimientos a través de los tiempos. Así, el nodo histórico que une a México con la evolución del derecho Occidental es la Nueva España, que instauró una serie de formas jurídicas en el gran parte del continente americano bajo las influencias que ejercían sobre la península ibérica Francia y el Reino Unido. Así mismo, se construye un esbozo de la evolución de estas maniobras penales en la Carta Magna, desde que fue promulgada. Además, se describen los procedimientos: qué funcionarios son susceptibles y bajo qué condiciones; durante qué periodo y bajo qué circunstancias.

La autora, magistrada del Tribunal Superior Agrario desde 2014, expone no sólo la necesidad de reformar el sistema jurídico en vías de proveer recursos de revisión a los dictámenes parlamentarios que en la actualidad son inatacables en aras de garantizar la protección a los derechos humanos de los funcionarios públicos, obviando el significado del gesto que es restar la jerarquía jurídica de la Constitución Política ante una instancia externa. No sólo expone esta necesidad, sino que también plantea las vías mediante las cuales nuestras máximas instancias políticas podrían instrumentar esta transición. De acuerdo a sus respectivas funciones, repasa las acciones que tendría que llevar a cabo cada órgano para que fuera posible atacar una resolución que requirió el debate de las organizaciones parlamentarias de mayores dimensiones, y así permitir que una contraparte tenga la facultad de revisarla. En esta propuesta señala a la Suprema Corte de Justicia como posible candidata para adquirir esta facultad, sin profundizar la circunstancia en que alguno de sus miembros estuviera sujeto al escrutinio de la ley.

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