Cinque Terre

Ernesto Villanueva

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Coordinador del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde se desempeña como investigador de tiempo completo.

Notimex en peligro

El 2 de junio del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que tuvo como propósito crear precisamente un medio que no estuviera al servicio de uno de los poderes de la unión o de las entidades federativas. En la normativa se introdujeron algunas salvaguardas o garantías para que esos fines pudieran ser alcanzados. El principio rector que anima la ley en cuestión en el artículo 6 no deja lugar a dudas de lo que se espera de ese medio de comunicación:

“Toda información que genere o transmita la Agencia por cualquier medio de comunicación, deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las Entidades Federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la Agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.

No en balde se creó en la ley ese enunciado normativo. Hasta antes de la aprobación de su ley Notimex incurrió en prácticas ajenas a la ética periodística. Según facturas cobradas a distintas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal los conceptos fueron por “cobertura informativa”, “entrevistas” y “cobertura fotográfica” que se repiten cientos de veces en igual número de facturas correspondientes particularmente del 2004 al 2006. En otras palabras, la veracidad e imparcialidad ahora definidos como principios rectores fueron subordinados a criterios político-comerciales.

Una historia accidentada

La historia de Notimex ha sido accidentada y no ha podido acreditar una presencia pública de credibilidad razonable: pugnas con el Sindicato, posibles actos de corrupción del más reciente director general y censura a editorialistas, colaboradores y corresponsales han sido prácticas recurrentes. Este medio que cuenta con la mejor protección jurídica para garantizar su independencia paradójicamente no lo ha logrado; antes bien, ha estado en el ojo del huracán con un desgaste acumulable. En ese contexto, el pasado 12 de octubre, el Presidente de la República designó al señor Héctor Villarreal Ordóñez como director general de Notimex, sujeto a la “no objeción” del Senado de la República, el cual tiene 30 días para ejercer sus atribuciones a fin de objetarlo o dejar correr el término para que se perfeccione el nombramiento del señor Villarreal. Como se si se tratara de una dependencia más de la Administración Pública Federal y no del único medio de Estado- no de gobierno o de alguno de los Poderes de la Unión o entidad federativa- que por su propia naturaleza no debe ser objeto de cuota política o sujeto a la dirección de un funcionario de gobierno y vocero de un partido político, en este caso, el Partido Acción Nacional, de ahí que las organizaciones afines a esa circunstancia hayan guardado silencio frente a este desaseo, por decir lo menos.

En mi caso, como miembro del Consejo Editorial Consultivo, intenté infructuosamente proponer un posicionamiento de reacción frente a este proceso de regresión de medio público o de Estado a un medio de gobierno. La respuesta de una parte fue guardar silencio y la otra fue de cerrar filas por no hacer nada. En otras palabras, el Consejo apostó por ubicarse en la zona de confort y esperar a ver qué pasa. Peor todavía, el señor José Castellanos, miembro de la Junta de Gobierno de Notimex, dirigió una misiva pública donde desautorizaba mi iniciativa y, sin facultades para ello, decretó mí salida del Consejo sin estar dotado de las facultades legales para emitir un acto de autoridad de esa naturaleza. Ello fue secundado por la directora general del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Ana Cecilia Terrazas, quien, por el contrario, ponderó las virtudes del señor Villarreal, su jefe ahora y su antiguo superior en el propio IMER.

La actual configuración del Consejo Editorial de Notimex ha sido diseñada haciendo un ejercicio “expansivo” de la norma por la Junta de Gobierno y haciendo del conflicto de interés una regla para no generar disensos significativos dentro de la propia agencia. Acaso bajo la lógica política de no abrir frentes de posible crítica de fondo a lo que sucede en la agencia. Así se ha dado vida a un grupo heterogéneo que combina a servidores públicos del gobierno federal (quienes, por su propia actividad tienen enormes dificultades de discrepar en cuestiones de fondo) a beneficiarios directos o indirectos de pautas publicitarias del gobierno federal (quienes por esa misma razón es difícil que vayan contra una de las principales fuentes de ingresos de su medio) y de académicos algunos con posturas muy respetables y claras ejerciendo su independencia de criterio.


Un nombramiento cuestionable

Lo cierto es que el Consejo Editorial ha estado para dar acompañamiento medido y políticamente correcto a las decisiones de la dirección de Notimex. Por buenas o malas razones, no se han ejercido las atribuciones previstas en el artículo 23, fracción IV de la Ley en la que le otorga al Consejo la atribución de evaluar “los proyectos de programas y propuestas que cubran los objetivos de creación de la Agencia”. Para ese efecto, la propia ley dispone en su artículo 27 que la “La Agencia proveerá al Consejo Editorial Consultivo de las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus actividades”. Se ha dado, en los hechos, un ejercicio selectivo de atribuciones legales en perjuicio del interés público por comodidad o por desinterés o por las dos razones. Por fortuna, el vació del Consejo Editorial ha sido llenado por un grupo de distinguidos juristas y expertos en comunicación que han advertido el grave problema que se cierne sobre Notimex. Por ello han hecho público un posicionamiento, el cual suscribo totalmente, en el cual se señala que:

“No descalificamos, en modo alguno, al C. Héctor Villarreal. No es un asunto personal, sino de idoneidad, pertinencia y oportunidad. Por esa misma razón consideramos que no reúne las cualidades necesarias para garantizar la independencia editorial a que se refiere el artículo 16 de la ya referida ley, toda vez que el C. Villarreal es militante activo del Partido Acción Nacional en donde hasta el año 2009 fue Secretario de Comunicación y vocero de su Comité Ejecutivo Nacional. Del mismo modo, se ha desempeñado como servidor público cercano al C. Presidente de la República en tanto renunció a la subsecretaría de normatividad de medios de la Secretaría de Gobernación para ser nombrado director de la agencia de noticias del Estado mexicano. Los elementos anteriores que no prejuzgan sobre la capacidad ni el talento personal del C. Villarreal, sí permiten, en cambio, generar dudas fundadas sobre su tarea al frente del único medio público con ley propia y con esas características con que cuenta el país. Creemos que Notimex debe ser fortalecida como agencia de noticias del Estado, no ya del gobierno mexicano como lo fue hace algunos años. Tenemos la convicción de que ese proceso de fortalecimiento institucional pasa por dejar fuera de las cuotas de partidos, y de negociaciones al margen de los mejores intereses del país, la forma en que se concreta el nombramiento de su Dirección General. Ese riesgo se hace más evidente ahora, de cara a las elecciones federales y locales que tendrán lugar el año próximo. Creemos que se debe anteponer el interés de la comunidad sobre cualquier sospecha, prejuicio o percepción que pudiera hacer pensar que Notimex ha regresado a sus orígenes de medio al servicio del gobierno federal. Esperamos que el Senado de la República ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 16 de la Ley en la materia y objete el nombramiento de referencia. Nosotros, por nuestra parte, cumplimos de esta forma como universitarios comprometidos y con nuestro deber ético de formular pronunciamientos en aquellos casos en que el interés de la nación está en juego como ahora sucede.”

Esta solicitud al Senado de la República la suscriben, entre otros, el doctor Jorge Carpizo, investigador emérito de la UNAM, el doctor Diego Valadés, otro de los grandes constitucionalistas del país, el doctor Sergio Aguayo, un gran defensor de los derechos humanos y promotor de las mejores prácticas democráticas, el doctor Jorge Fernández Ruiz, padre del derecho del administrativo contemporáneo y coordinador del posgrado en derecho de la UNAM, el doctor José Roldán Xopa, uno de los juristas más reconocidos del ITAM, los doctores Issa Luna Pla y John Ackerman, destacados juristas expertos en el derecho de la información y diseño de políticas públicas. De la misma manera los académicos y periodistas Virgilio Caballero y Humberto Musacchio, quienes gozan de un reputado prestigio por la firmeza e independencia de sus puntos de vista. Lo propio hace el doctor José Luis Vázquez Baeza, director general de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”, la principal institución educativa de periodismo en el país, entre otros juristas buena parte de ellos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por parte del Consejo Editorial de Notimex el documento es firmado por el consejero Omar Raúl Martínez, reconocido investigador quien es un referente en la ética periodística y yo.

Es posible que la lógica política y de intercambio de favores genere que el Senado de la República se quede callado y deje pasar esta designación. Lo haría, en el peor de los casos, con un costo mayor que si la sociedad o sus mejores expresiones se hubieran quedado calladas. Por lo que a mí concierne haré cumplir puntualmente las atribuciones que la ley le confiere a Notimex en el ámbito de mis atribuciones como parte de un cuerpo colegiado hasta que, en su caso, un órgano jurisdiccional competente resuelva lo contrario. Lo primero que se debe llevar a cabo es hacer público lo público y transmitir las sesiones del Consejo Editorial de Notimex para que la sociedad forme su propio criterio. No es, de ningún modo, un acto que sea susceptible de ser restringido o deba estar fuera del ojo público. No lo es por la naturaleza de las atribuciones del Consejo Editorial. Menos todavía cuando el artículo 1 de la Ley referida tiene como uno de los objetivos de la agencia fomentar el derecho a la información. Habría que empezar con predicar con el ejemplo.

Un nombramiento que “inunda de gusto y esperanza” a Ana Cecilia Terrazas

“Por este conducto quisiera pronunciarme respecto de lo remitido por el Dr. Villanueva ya que en lo particular me inundó de gusto y esperanza para el futuro de los medios públicos en general el que fuese propuesto el Lic. Héctor Villarreal Ordóñez para la dirección de Notimex”.

Del correo electrónico de Ana Cecilia Terrazas, en respuesta al posicionamiento propuesto por el doctor Ernesto Villanueva. Terrazas fue subordinada de Villarreal cuando ésfe fungió como director general del IMER y es la actual directora general de ese Instituto, cargo que asumió cuando Villarreal Ordoñez fue designado vocero del Partido Acción Nacional a principios de 2009.

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