Cinque Terre

Mireya Maldonado

Periodista.

Ni putas ni sexoservidoras

El trabajo sexual y sus estigmas

Son las nueve de la mañana. Varias figuras van y vienen o permanecen paradas, dejan tras de sí el hálito de sus perfumes, la huella de sus vidas con lluvia, sol o madrugadas de hielo. Es un desfile a disposición de los deseos, fantasías y confesiones. Quienes han decidido libremente desempeñar ese oficio no venden su cuerpo ni prostituyen sus valores: ofrecen servicios sexuales. La mayoría rechaza que les enjareten palabras como putas, prostitutas, sexoservidoras.

Tienen orgullo de gremio, se llaman trabajadoras sexuales y en México han luchado más de 30 años por sus derechos humanos, que nunca han sido reconocidos por ninguna de las instancias oficiales creadas para defenderlos, tanto de las mayorías como de estos grupos que supuestamente son minorías, porque tampoco hay datos de cuántas personas se dedican libremente al comercio sexual. Desde la sociedad y el Estado se les mira desde concepciones morales, casi todas condenatorias.

Las han considerado un peligro para la sociedad, focos de infección, a pesar de que estadísticamente son quienes más se cuidan; las han extorsionado, confinado en zonas de tolerancia, encerrado contra su voluntad cuando las hacen pasar por víctimas de trata de personas. Se insiste en que porten gafetes o se les hará probables responsables de “algún delito” y persisten los intentos por erradicar su oficio.

Dice John Stuart Mill en Sobre la Libertad que “la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es razón suficiente (…) la única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluto. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”.

La cita es oportuna porque hoy existen fuertes debates derivados de las propuestas de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de junio de 2012, y del proyecto de decreto para expedir la Ley de Regulación del Sexoservicio en el Distrito Federal, pendiente en la Asamblea Legislativa. En ambas son víctimas o delincuentes. En ninguna se ha dado el debate necesario sobre el trabajo sexual.

Guetos para salvar las buenas costumbres

Jesús Roberto Robles Maloof explica en el ensayo Derechos de la Mujer, Moral Sexual y Prostitución que existen tres sistemas que conciben a la “prostitución” como una actividad antisocial, aunque difieren en el trato que le dan. En el reglamentarismo el Estado asume el control de una actividad que considera un mal necesario: delimita espacios públicos y privados, horarios, registra por medio de credenciales, ejerce un control médico obligatorio.

El prohibicionismo se caracteriza por la represión penal. Los países que la practican emprenden acciones policiacas ante cualquier oferta sexual, pública, o privada, que implique retribuciones económicas y, su meta es eliminarla; conciben a la prostitución como un delito. En el mundo, predomina el abolicionismo, que asevera que toda prostitución explota a la mujer, la hace víctima del tráfico humano debe ser rehabilitada aún en contra de su voluntad.

“Ninguno de los tres sistemas da una respuesta acorde al Estado moderno fundado en la democracia, en las libertades individuales, en el respeto por la diversidad ni a las demandas de que se respeten los derechos humanos de las trabajadoras (es) sexuales. Tampoco consiguen un combate eficaz en contra de la explotación sexual de niños y adultos”, señala Robles Maloof.

En México coexisten el reglamentarismo y el abolicionismo. Las iniciativas han caminado como los cangrejos. En 1998,el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dio a la Secretaría de Desarrollo Social facultades rectoras para atender a grupos altamente vulnerables, entre ellos a trabajadoras (es) sexuales. Fue la primera disposición en el sistema jurídico mexicano que incorporó la idea del trabajo sexual.

En 2005 el diputado local perredista, Julio César Moreno Rivera, promovió la iniciativa de Ley de Trabajo sexual que proponía registrarlas ante la Secretaría del Trabajo (ST) del DF como trabajadoras no asalariadas. Representaba un verdadero avance en el tema pero su destino fue la congeladora porque consideró el pago de impuestos como “proxenitismo de Estado”, de acuerdo, primordialmente, con el dicho de la misma bancada del legislador.

En realidad, diversas organizaciones propusieron dar una cuota de 4.57 pesos, prevista por el uso de vía pública al ejercer su actividad. Con ella se formaría un fondo de retiro que evitaría a mujeres de la tercera edad vender su trabajo por 35 pesos. También pugnaron por la creación de zonas de trabajo -no de tolerancia-, que involucrara a autoridades, vecinos y trabajadores. Era una manera de acabar con el abuso del poder y la extorsión por parte de elementos policiacos.

En 2011, Sergio Euguren, diputado del PAN, quiso delimitar zonas para el ejercicio de la prostitución en cada delegación del DF y castigar a quien solicitara servicios fuera de ellas. Ahora un representante del PRD prácticamente retoma el espíritu de esa propuesta. El diputado Agustín Torres, pretende que se controle e incluso erradique ese oficio. Por cierto, hace más de dos años, cuando era delegado de la Cuauhtémoc, se creó el “proyecto del corredor sexual” en la avenida Luis Donaldo Colosio. Ahí intentaron reubicar a 75 “sexoservidores” de Buenavista y a un número similar en zonas no residenciales, con horarios establecidos y vestimentas adecuadas. Fue un rotundo fracaso que, sin embargo, se pretende replicar ahora en todo el DF.

En otras entidades de la República la situación es más grave. Por ejemplo en Guanajuato, Querétaro, Chipas, Quintana Roo, Colima, estado de México, Morelos y Tlaxcala se aplica el código higienista francés que trajo, en 1863, Maximiliano de Habsburgo. Actualmente, artículos de las leyes estatales de salud y de reglamentos municipales obligan a revisiones, registros en padrones, las ubica en zonas de tolerancia. Es lo que intenta la iniciativa de Agustín Torres, señala Jaime Montejo, coordinador de Comunicación y prensa de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.

Resistencia desde la invisibilidad

Atrapadas por el silencio, los medios de comunicación casi no hablan de sus propuestas, de sus organizaciones. Solo les dan cabida en la nota roja cuando son asesinadas o en la que satisface morbos. ¿Cuántos clientes tienes al día, que haces con ellos?

Pero mujeres y hombres que han trabajado en las esquinas concientizan en las calles, analizan las propuestas, denuncian la trata de personas. A mediados de noviembre, se reunieron organizaciones, colectivos e individuos de todo México en el XVI Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Personas desde 25 a 72 años intercambiaron ideas en mesas de trabajo y redactaron sus conclusiones sobre la Ley General contra la Trata de Personas y el proyecto de decreto para expedir la Ley de Regulación del Sexoservicio Esta última, abolicionista y contradictoria, señala que “se debe dignificar al trabajo sexual y lo entrecomilla, habla del derecho a utilizar el cuerpo como una herramienta de trabajo, de luchar contra esquemas moralistas pero “pretenden confinarnos alejadas de zonas habitacionales y bardeadas, para no afectar a la moral y a las buenas costumbres”, comenta Krizna, trabajador sexual.

La iniciativa de la llamada izquierda mexicana evidencia ignorancia: propone que la Secretaría de Salud del DF y las delegaciones políticas sean las encargadas de expedir gafetes o permisos y de reconocer como trabajadoras (es) no asalariados, facultades que tiene únicamente la Jefatura de Gobierno y los secretarios de Trabajo y de Gobierno del DF, explica Jaime Montejo. Los gafetes, con nombre y fotografía, se darán previos análisis mensuales obligatorios de VIH e infecciones de transmisión sexual. Es un registro que, además de prestarse a extorsiones, solo se puede cancelar ante la Secretaría de Gobierno y la delegación correspondiente verificaría si efectivamente ya no se ejerce ese trabajo, lo cual atenta contra las leyes de protección de datos personales, federal y local.

“En 1995, recuerda Krizna, tumbamos la obligación de tener la credencial de CONASIDA, ahora CENSIDA, que nos obligaba a examinarnos cada tres meses. Diariamente los patrulleros nos checaban el documento y quienes lo olvidaran eran arrestadas. Nos subían en montón, hasta cincuenta, en una pánel y dos calles antes de llegar a la delegación nos extorsionaban. Nos amparamos en la ley que dice que la prueba de VIH debe ser voluntaria y confidencial. Ahora quieren examinarnos mensualmente”.

El control se cuestiona en “Las directrices internacionales de Sida y derechos humanos”, emitidas por ONUSIDA y viola disposiciones de la Ley General de Salud, de la Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-010- SSA2-1993, para la Prevención y Control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, así como de la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA en el Distrito Federal. “Tales propuestas de leyes, en vez de ayudar, aumentarán la explotación sexual, nos convertirán en delincuentes, por decidir en qué trabajamos, y al mismo tiempo en víctimas incapaces de tomar decisiones”, dice Krizna.

Hay feministas como Tere Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, “que habla de la cosificación comercial del ser humano, incluso cuando la persona lo hace sin estar secuestrada o sin ser explotada y dice que es posible abolir la prostitución y en seis meses ‘limpiar’ al país de mujeres en contexto de prostitución” señala Jaime Montejo.

“Cuando algunas han intentado buscar otro trabajo y capacitación se acercaron con fundaciones grandes que ejercen un nuevo corporativismo: condicionan su apoyo a que se conviertan en católicas, cristianas, priístas o perredistas, o a que repliquen el discurso de que son víctimas y pobrecitas.

Un ejemplo de esa manera de cooptar es Reintegra A.C.”.

Dice la antropóloga Marie-Élisabeth Handman: “La prostitución libremente elegida existe, y es solo un nicho más de libertad en un conjunto en el que prevalece la dominación masculina, un nicho siempre amenazado pero que permite vislumbrar lo que podría ser una verdadera libertad sexual para las mujeres: poder disociar su sexualidad del conjunto de servicios que la determinan.

“Con la contracepción y el derecho al aborto, las mujeres han adquirido el derecho a una sexualidad independiente de la reproducción, pero no de los demás servicios que deben ofrecer a los hombres. Liberar la sexualidad del lodo que la recubre no significa renunciar para siempre al amor o a la posibilidad de apoyar material y psicológicamente al marido o a la pareja; pero dicho apoyo sería algo libremente consentido y no algo socialmente obligado. Se trata de una verdadera revolución cultural, gracias a la cual, sin duda, la sexualidad de las prostitutas dejaría de plantear tantos problemas a la gente que se dice decente”.

Pero, ¿cuáles serían las acciones indicadas para que no se traspase esa barrera tan frágil que existe entre la trata de personas y el trabajo sexual? “Primero, la voluntad política para visualizarnos como clase trabajadora y que como tales tengamos derechos y obligaciones, entre ellas tener seguridad social y pagar impuestos, sería uno de los pasos para diferenciar a trabajadoras (es) sexuales de víctimas o tratantes”, dice convencido Krizna.

Las trabajadoras sexuales contra la trata de personas

Las voces de las trabajadoras sexuales no fueron escuchadas en la Ley General en materia de trata de Personas ni en la reforma que viene. En ambos casos todo es trata y todos son tratantes. Y al parecer así continuará.

Las senadoras Adriana Dávila, Angélica de la Peña y Margarita Flores, junto con otros legisladores de diferentes partidos, reformaron la Ley general para combatir la trata de personas que, dicen, contenía más de 50 errores y tuvo cerca de 20 modificaciones para combatir la impunidad.

El tema suscitó un debate con la periodista Lydia Cacho que inició con el artículo “¿Tratantes en el Senado?” y preguntó: “¿Qué hay detrás de esta propuesta?” Aunque la periodista reconoció que la actual ley es imperfecta y necesita “muchísimas mejoras”, también dijo conocer de un “acuerdo de cabilderos para que esta ley se debilite”. De tener esos datos hubiera sido deseable que los diera a conocer para evitar especulaciones como la de Rosy Orozco.

Ella fue una de las autoras de la actual ley plagada de errores. En el punto más álgido de las discusiones la ex diputada panista declaró a La Jornada: “Quieren derogar la disposición de crear un fondo para víctimas y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas. La senadora Dávila quiere ser gobernadora, no sé con quién esté queriendo quedar bien, con las víctimas o con los tratantes”.

En la segunda entrega de su artículo, Lydia Cacho aclara que “nunca ha pensado que las senadoras de la comisión especial sean tratantes” aunque repite el título original ahora sin signos de interrogación y niega coincidencias de opinión con Orozco.

La Ley fue analizada, por la Red Mexicana de Trabajo sexual y Brigada Callejera que tiene más de 20 años de abogar por los derechos de las trabajadoras sexuales y forma parte de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la única que, en el ámbito internacional, reivindica desde el feminismo, el derecho de las trabajadoras sexuales a participar en el diseño de políticas, locales, nacionales y globales en la materia.

Ellos consideran que la actual ley contra la trata, es un conjunto de buenas intenciones que confunden y burocratizan el problema, con artículos deficientemente redactados, definiciones imprecisas, lo cual complica su comprensión y viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, que regulan el principio de certeza y seguridad jurídica y, por tanto, dan pie a la incorrecta interpretación de jueces.

En cuanto a la Ley general de Víctimas y la de Trata, reflexionan que contienen disposiciones similares en algunos temas lo cual obliga a preguntarse: ¿Cuál de las dos debe aplicarse? Ambas contemplan la creación de fondos; provenientes de la misma fuente, es decir los bienes decomisados al victimario, para la reparación del daño a la víctima.

En la iniciativa de reforma todo el articulado que tenía que ver con derechos de las víctimas de trata se suprime porque ya existe en la Ley General de Víctimas, en la que hay más ventajas. “Tener dos legislaciones sobre un mismo tema puede ser contraproducente para que haya justicia porque genera confusión en los juzgadores e impunidad entre los tratantes.

A nuestro juicio, Rosy Orozco y Lidia Cacho, cada quien por separado, se equivocan cuando dicen que se les quitan beneficios a las víctimas. Pero lo más preocupante es que no hay un solo peso en el presupuesto de 2014 para la Ley general de víctimas ni para la de trata aún vigente,” dice el vocero de Brigada Callejera.

Otros ejemplos que analizaron: en el artículo 13 se castiga a quien se beneficie de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, mediante el engaño. Pero si el acusado alega que no obtuvo beneficios es muy probable que no haya castigo.

Los artículos 19 y 20, salvo una frase, regulan la misma conducta. El primero señala sanciones para “quien contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos bajo engaños, pero otra dice “al acuerdo o contrato que comprende la prestación de servicios sexuales”. Esto es una contradicción porque si hay acuerdo no hay engaño.

El artículo 20 sanciona a quien obtenga beneficio económico y contrate, así sea lícitamente, a otra persona para la prestación de servicios sexuales. ¿A qué se refiere con la licitud de una contratación? Y nuevamente alude a beneficios que pueden ser negados por abogados defensores.

Ambos fueron derogados porque de hecho, el engaño para atrapar a personas en redes de comercio sexual atraviesa toda la ley contra la trata de personas independientemente de que ya está tipificado como delito en los códigos penales de los estados y del DF.

Otro artículo que se reformó decía “aquel que sepa que a quien le compra sexo es víctima de trata será castigado”. Todos van a decir que no sabían y para probarlo está cabrón, entonces la ley debería decir: al cliente de alguien que es víctima de trata se le debe castigar, aunque lo desconozca, para no dar cabida a la impunidad, explica el vocero de Brigada Callejera.

“Desde hace dos años nosotros aplicamos encuestas a trabajadoras sexuales y a clientes y la mayoría de éstos saben con quién se mete pero cuando no es así hay maneras de darse cuenta, por ejemplo, si el chico o la chica no pueden salir libremente”.

Más violaciones a derechos humanos

Junto con la reforma de la Ley anti trata y la iniciativa del ex delegado Agustín Torres, la Comisión Interinstitucional del GDF discutió a finales de noviembre un Protocolo de actuación para identificar a víctimas de trata a través de operativos policíacos en lugares donde se ejerce “la prostitución”. Todas las personas dedicadas a esta actividad serán consideradas víctimas hasta que se demuestre lo contrario. Es la violencia simbólica que torna invisibles a las trabajadoras sexuales por considerarlas únicamente víctimas de trata o victimarias, denuncia Jaime Montejo.

Entre debates de figuras públicas, reformas e iniciativas, el panorama es oscuro. Todo lo que se discute no considera al trabajo sexual, menos aun su legalización. El vocero de Brigada Callejera concluye: “Se corre el riesgo de que alguna de estas dos iniciativas sean promulgadas y entren en vigor en las fiestas de navidad, año nuevo o reyes magos, aprovechando la distracción propia de estas fechas. Por nuestra parte, recurriremos a la CNDH o a la CDHDF, presentaremos acciones de inconstitucionalidad y denuncias públicas internacionales sobre el tutelaje férreo que las y los legisladores pretenden concretar sobre las trabajadoras y trabajadores sexuales mexicanos.”

Y como dice Brigada Callejera: “La lucha de las trabajadoras sexuales por mejores condiciones laborales y por el desmantelamiento de la estigmatización que les niega oportunidades de elegir cómo ganarse la vida, las enfrenta al Estado y a la posibilidad de construir un mundo donde quepan muchos mundos”.

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