En septiembre de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el nuevo órgano regulador en la materia, publicó la “Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre” en la que señaló que acordaría la terminación de las transmisiones analógicas cuando exista un nivel de penetración –con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales– en 90% de los hogares de escasos recursos definidos por SEDESOL. Así, mientras en EU el apagón se dio cuando 98% de todos los hogares en el país podían recibir señales digitales, en México se haría cuando pueda recibirlas el 90% solamente de los hogares de escasos recursos.
Por si fuera poco, al iniciar este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció medidas de austeridad que implicaron, entre otras cosas, la reducción del número de televisores digitales que la SCT entregaría de 12.6 millones a 10 millones, con lo que dejarían a más de 5 millones de hogares de escasos recursos sin apoyo gubernamental para poder recibir las nuevas señales. En otras palabras, casi 20% de los hogares que hay en el país se quedarán sin ver televisión pues no tienen recursos para adquirir un decodificador.
Lo peor de todo es que los 10 millones de televisores digitales ni siquiera están asegurados. La SCT adquirió sólo 9.4 millones, de los cuales ha entregado apenas 6 millones a dos meses de la fecha de la apagón nacional.
Millones de personas sin TV
En los últimos meses, el IFT ha ordenado y realizado el apagón analógico en ciudades donde supuestamente se alcanzó la penetración de 90% a través de la entrega de televisores y donde los concesionarios ya transmiten en digital. Entre ellas están Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Mexicali, Ciudad Juárez y Monterrey.
En la capital de Nuevo León, la falta de ruta de parte del gobierno quedó evidenciada. El pasado 24 de septiembre se efectuó el apagón en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, y dejó sin señal de televisión a casi 645 mil personas (16% de la población de esa región), según datos de Nielsen Ibope, empresa de medición de audiencias. El IFT reconoció una cifra menor de personas afectadas: 472 mil (10% de la población).
De acuerdo con una proyección de Nielsen Ibope, si se toma como referencia lo sucedido en Monterrey, el apagón analógico podría dejar sin servicio de TV a 2.7 millones de personas en el DF y área metropolitana, a cerca de 700 mil personas en Guadalajara y a 4 millones de personas con la suma de 22 ciudades más. Esto significa que en 24 ciudades del país, cerca de 7.4 millones de personas se quedarán sin poder ver la televisión en lo que queda del año.
Lo acontecido en Monterrey prendió las alertas en distintos frentes. La primera alerta fue el 8 de octubre cuando en instalación de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados el tema de desastre social en Nuevo León se abordó en la comisión respectiva y la SCT recibió escrito alertando. La segunda alerta, también el 8 de octubre, la dieron todas las televisoras (Televisa, TV Azteca, Grupo Multimedios y Cadena Tres) advirtiendo afectaciones sociales de gran magnitud. La tercer alerta la firmaron todos los diputados federales de Nuevo León señalando “un enorme número de inconformidades” y pidiendo resarcir el daño. La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, también externó estas inquietudes ante la SCT.
Pese a ello, la SCT y el IFT continuaron asegurando que la transición a la TDT era exitosa y que continuaría su curso, ahora con las ciudades de Cuernavaca, Torreón, Gómez Palacio y San Luis Río Colorado, a las que el apagón alcanzaría el 29 de octubre.
No sólo millones de habitantes no están listos para semejante cambio, tampoco las televisoras públicas. En un desplegado publicado el 20 de octubre, las televisoras públicas afiliadas a la RED de Radiodifusores y Televisoras Educativas y Culturales de México expresaron su preocupación sobre el apagón analógico, reconociendo que a la gran mayoría de ellas “no les fueron asignados los recursos suficientes, oportunamente, para llevar a cabo de manera exitosa la transición a la televisión digital”.
Por ello, pidieron que se les otorgara de manera extraordinaria recursos suficientes para enfrentar los altos costos de la digitalización y se les permitiera seguir trasmitiendo en análogo hasta finales de 2016, para no dejar a millones de personas sin su derecho a acceso a información objetiva.
La amenaza de dejar a millones de mexicanos sin acceso al servicio de TV abierta llevó a los principales partidos políticos del país a pedir que se atrase el apagón analógico. El mismo 20 de octubre, el senador perredista, Zoé Robledo, se solidarizó con las televisoras públicas, culturales y educativas del país y destacó que los resultados del apagón analógico estaban poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a informarse y la pluralidad de los medios. Por su parte, Javier Lozano, senador del PAN y Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, señaló que era preocupante que la transición a la TDT estuviera significando un problema para cientos de miles de familias. Finalmente, luego de que el PRD y el PAN se posicionaron en el tema, Manlio Fabio Beltrones, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, señaló que dado lo sucedido en Monterrey, parece necesario dar un margen mayor de tiempo para realizar el apagón y así no afectar a millones de familias.
El Ejecutivo Federal se vio rebasado por crisis e inventando datos falsos o sin sustento. Al cierre de esta edición, se estaban presentando varias iniciativas legislativas para aplazar el apagón analógico por un año más y para fortalecer los recursos de los medios públicos para lograr una eficiente transición.
El apagón analógico es un claro ejemplo de una política pública bien planteada pero mal ejecutada, en este caso, por la SEDESOL, la SCT y el IFT. Podemos imaginarnos cómo deja parado está situación al gobierno federal ante los ojos del mundo, sobre todo después de haber presumido que México sería el primer país emergente en migrar a la televisión digital. Mejor detener un mal proyecto que hacer un daño generalizado, calculado en más de 10 millones de la gente más humilde del país.
