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Enoé Uranga

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México en la incertidumbre y las libertades en conflicto

México llegó con retraso a ser parte activa de la comunidad internacional de derechos humanos (DH). A inicios de esta década, pesaban sobre el país graves sentencias internacionales en la materia, casi mil recomendaciones de mecanismos regionales y de la ONU, ante las permanentes violaciones a los DH.

En un país con crímenes de odio en ascenso, de conflictos armados y violencia machista institucionalizada, de una juventud estigmatizada y criminalizada, de reclusorios sobrepoblados de migración y de pobreza; en una nación doliente, con miedo, disputas ecológicas y conflictos interreligiosos, era imposible que el legislativo voltease el rostro.

En 2011, logramos la aprobación de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos (RC2011), acción impostergable ante el mundo y la nación que los sistemas de acceso a la justicia, a la salud y al desarrollo en general veían como unos de los peores del mundo y al amparo de la impunidad. Eso expresé en tribuna el día de su aprobación, como orgullosa coautora de la hoy ya histórica RC2011.

Foto: Pedro Valtierra / Cuartoscuro

Siete años han pasado de ese momento fundacional del Estado mexicano y quedan varios pendientes, pues el Congreso de la Unión ha omitido reformar las leyes secundarias en la materia. Y la mayoría de gobiernos y congresos locales han eludido su responsabilidad indiscutible de atender a su mandato. Aún estamos lejos de instrumentar integralmente la reforma en toda la República.

De forma marginal, el Ejecutivo ha comenzado a cumplir con parte de ella, pero el proceso es todavía incipiente.

La gran carga del cumplimiento de la RC2011 ha recaído en el poder judicial, concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo ha hecho en forma plausible.

Hoy los resultados dan muestras de que, tal como lo afirmamos, la reforma es cimiento y semilla de la libertad de las personas, la inclusión, la seguridad, la paz y la democracia incluyente. Las propias sanciones de la Corte Interamericana (CIDH) contra México, sustentadas en esa reforma, son prueba de ello.

Imposible extenderme aquí sobre las virtudes que tiene la RC2011 para impulsar las libertades, pero es indispensable señalar que con ella corregimos el enfoque mismo del Estado, hoy es incuestionable que la igualdad ante la ley es condición indispensable para ejercer la ciudadanía y que si se niega institucionalmente el ejercicio de alguno de sus derechos a una parte de la población, se les está negando su condición ciudadana.

La reforma es promesa de futuro que marca ruta de Estado hacia la igualdad sustantiva, plantea un nuevo derecho constitucional que transversaliza los DH en la actividad pública de todos niveles, distinguiendo con nitidez entre los fines y los medios. Entonces: ¿lo elemental no sería suponer que en ella se sostuviera el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno?

Ese mandato de entender “lo humano” desde la reciprocidad como un convenio de convivencia en un nuevo Estado de derecho planteado en la RC2011, no será eje articulador en la vida institucional del país.

Hay más dudas que certezas en el “proyecto de nación” del gobierno entrante. Hasta ahora nos ha ofrecido indefiniciones, contradicciones, incertidumbres y algunas penosas certezas que preocupan respecto a libertades y DH:

Por un lado, el electorado decidió entregar a AMLO un poder casi absoluto, uno prácticamente sin contrapesos que inhiban la “soberana” voluntad de un sólo hombre que ha sido obstáculo para las libertades, como cuando ejerció como jefe de Gobierno en CDMX, donde fue el principal opositor del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, se negó a avanzar en la legalización del aborto, entre otras decisiones conservadoras.

Y por otro, preocupa un Poder Legislativo sometido a su mayoría y sobrecargado de fundamentalistas, un Poder Judicial que enfrenta fuertes presiones y que (por sus excesos económicos) experimenta una campaña en contra, con el fin de desacreditarle, de debilitar su imagen y su peso en la toma de decisiones del país.

Foto: Audelino Macario

Estamos, pues, ante un gobierno que, antes de serlo, ya se presenta populista, caprichoso, neoliberal, demagogo y calculadamente indefinido en varias líneas de acción. La composición del “gabinete de transición” indica que no hay un proyecto concreto, sino un collage con cuidado de imagen, intereses y acuerdos: en medio del Yunque, la mal llamada Provida, los fundamentalistas evangélicos y Olga Sánchez Cordero, hay una mezcla de representantes de las televisoras y los grandes intereses económicos salinistas, experredistas, familiares de sus muy cercanos y expertos (expriistas o expanistas) del pasado remoto. En conclusión: el eje operativo de este gobierno es algo indescifrable.

Aquí todo es posible, por ejemplo: que AMLO nombre a gente sin experiencia y de la ultraderecha en temas centrales como la salud (¿Germán Martínez, titular del IMSS?) o que existan más de tres versiones sobre una línea de gobierno; o que integrará al DIF en Salud y no en Desarrollo Social; se finge descentralizar y se crea una estructura paralela de centralización absolutista. Decisiones todas que impactan en DH y en libertades fundamentales.

Hay incertidumbre en temas importantes y certezas desafortunadas por las que sabemos que las libertades están en riesgo. Sabemos que en el populismo hay pueblo, no ciudadanía, y que la libertad, para ser, requiere del ejercicio de la ciudadanía. Ante los gobiernos autoritarios, la sociedad civil organizada “es puesta en duda”, es incómoda y usualmente, la que lo permite, es cooptada.

Sin respeto irrestricto al Estado laico, no es posible que las libertades se gratinen. Y estamos ante la constante amenaza al Estado laico del nada juarista AMLO. Pareciera un desafío, un “a ver hasta dónde aguantan”, o una provocación permanente, pero ya es visible que en varios de sus planes más preocupantes la laicidad estorba.

Hay indirecta amenaza de atentar contra el Estado de derecho, negándole su carácter constitucional y convencional. Y éstos son elementos indispensables para la protección de toda la ciudadanía, pues ante a las obligaciones sobre las libertades y los derechos humanos existe ese indispensable control.

No debemos perder de vista estos elementos, ahí están los mejores instrumentos de defensa que hoy tenemos ante el riesgo de un gobierno autoritario. Por mucho que AMLO pudiera creer en su gigantesco poder, él no será el Estado, y el propio Estado tiene límites.

La libertad individual es un principio fundamental de la convivencia humana. En el ejercicio de la libertad individual y de todos los DH está la esencia de la democracia.

Ya revisaremos uno a uno los riesgos que se vislumbran para las libertades en esta nueva administración, algunos tan complejos, como la seguridad nacional, donde la seguridad humana no cuenta; como la peligrosa, ilegal, e inaceptable Constitución Moral, con todas sus aristas.

Mientras afrontamos lo que venga para ejercer con nuestra voz la fundamental libertad de expresión y la libertad de disentir, les daremos seguimiento; al igual que a los DH de las mujeres y a la amenaza de ponerlos a consulta del conservadurismo nacional y de una sociedad desinformada. También examinaremos la intención de alienar la investigación y el conocimiento científico a “una verdad” y la pretensión de cooptar movimientos sociales.

Por lo pronto, y por si “las verdades únicas”, para defender la libertad individual de elegir nuestro propio proyecto de vida, habrá que ir recuperando otra libertad: la de reunión, de organización.

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