Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

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Periodista, autor de Rúbrica.

Medios y cultura de la legalidad: cuentas pendientes

Como se ha expuesto en incontables ocasiones, la labor de los medios de comunicación y de los periodistas es fundamental para la existencia de la democracia, que hasta el momento, con todas las deficiencias que pueda tener, es el mejor sistema político que existe, o el menos malo si se quiere ver así, para aspirar a sociedades con derechos plenos, con acceso al desarrollo y a la justicia en condiciones de igualdad.

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Para concretar dicha aspiración es necesario además que exista una Cultura de la Legalidad arraigada en la sociedad y, por ende, en los medios de comunicación que sirven a la misma. Esto es, el respeto a las leyes y el apego a las mismas como una forma de vida.

En un ensayo publicado en la revista especializada en Ciencias Sociales y Jurídicas Nómadas, de la Universidad Complutense de Madrid, Citlali Sánchez Hernández define que “la Cultura de la Legalidad tiene como premisa la existencia de una sociedad informada de sus leyes y conocedora de las instituciones y organismos que conforman su estructura económica, política y social, ya que en tanto más conozca de sí misma, será participativa e involucrada en su desarrollo”.

En el ensayo se destaca asimismo que “una parte importante en la socialización de la Cultura de la Legalidad son los medios de comunicación, pues tienen las herramientas, el alcance y las posibilidades para acercarse a sus públicos e informar desde una nueva perspectiva”.

Esto debería traer como consecuencia que al promoverse la Cultura de la Legalidad como parte importante en la cobertura de la información, las audiencias puedan empezar a conocer más sobre procedimientos de denuncia y acciones para la prevención del delito y la corrupción. Y al mismo tiempo, se pueda corregir una acción o castigar un hecho ilegal, tanto en el ámbito público como en el privado.

Sería entonces cuando la tarea periodística lograra trascender, al informar más allá de la simple descripción de los hechos, aportando un poco más para que la audiencia pueda comprender mejor su realidad, tomar decisiones y normarse un criterio.

Los medios de comunicación deberían funcionar entonces como brazos de la Cultura de la Legalidad. Su papel tendría que ser el de la vigilancia de los funcionarios, de los gobernantes y de quienes ejerzan poder político y económico para que cumplan, de acuerdo con la ley, con sus obligaciones. Y si no lo hacen, exponerlo ante la sociedad. Sería ésta la responsabilidad del periodismo en el combate a la corrupción.

Ahora bien, ¿cumplimos los medios de comunicación en México, los periodistas, con estas premisas? ¿De verdad somos promotores de la Cultura de la Legalidad?

Con una ojeada a los diferentes periódicos, portales de Internet y medios electrónicos existentes, podríamos concluir, al menos en un principio, que no. Constantemente, diariamente incluso, en los medios de nuestro país se transgreden flagrantemente los principios éticos que debieran normar el trabajo periodístico, cuando se publica información dolosa, interesada y hasta calumniosa. Por consigna política, por interés comercial o por puro morbo.

Así, no es raro encontrarnos en los medios con furibundas campañas para desacreditar a un dirigente político, en cualquiera de los extremos del espectro ideológico. O notas basura, sin contenidos noticiosos relevantes, pero que apelan al sensacionalismo para aumentar ventas, rating y clics.

Un ejemplo reciente ocurrió en el estado de Veracruz en octubre pasado. Una candidata a Reina del Carnaval porteño, Maribel Quesada Cano, o “María Debernardi”, fue orillada a renunciar a su aspiración luego de que se difundieran en algunos medios locales fotografías íntimas que fueron extraídas de un teléfono celular que le fue hurtado.

Además de la enorme carga de doble moral e hipocresía, la deshonesta exhibición pública de la excandidata a Reina del Carnaval entraña un interés político y social, inherente a esas fiestas, que son un acontecimiento para la vida y para la población de esa ciudad. Intereses a los que esos medios, por consigna o por falta de ética, se prestaron.

Es por ello necesario insistir en que la información periodística es un bien público, al cual la sociedad tiene derecho a acceder con veracidad, imparcialidad y equilibrio.

El Código Internacional de Ética Periodística de la Unesco define que “la información se comprende como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que (…) el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino (…) frente al gran público”.

La información que emana del trabajo periodístico tiene un valor que trasciende su temporalidad y su espacio, y cuya importancia y responsabilidad va mucho más allá de la publicación sistemática de declaraciones y acciones de actores políticos, empresariales, sociales o de cualquier otra índole, así como de los intereses empresariales, legítimos más no absolutos, de los dueños de los medios de comunicación. Y por esa razón, los medios y los periodistas estamos obligados a conducirnos profesionalmente con ética y a respetar la ley. A ser garantes de la Cultura de la Legalidad.

La labor periodística, en tanto obra humana, es igual de susceptible de corromperse que cualquier otra actividad. Por desgracia, eso sucede muy frecuentemente. Pero quienes venden su pluma al mejor postor; quienes la utilizan para obtener prebendas y privilegios políticos, económicos, legales o de cualquier tipo; y quienes se dedican con ella a extorsionar, no son periodistas. Son mercaderes, textoservidores o, simplemente, vulgares delincuentes.

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