Cinque Terre

Ruth Esparza Carvajal

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Subdirectora de etcétera

Marco Antonio Baños: “Las comunitarias estarán en el reglamento del IFE”

Esta es una larga entrevista. La idea de los editores es ofrecer elementos para un balance sobre la instrumentación de la reforma política de 2007 y, en particular, acerca del modelo de comunicación política que opera en los procesos electorales.

El lector encontrará aquí el detalle de la ingeniería legal con que se desarrollan los comicios en México y que, entre otras virtudes, evita el dispendio de recursos del erario que antes sucedía con la propaganda de los partidos en los medios electronicos. También revisará los problemas y los retos que aún tiene el entramado normativo, lo mismo el tema de las sanciones a los medios que incumplen con las pautas de la difusión de spots que la relación que, al respecto, ha tenido el IFE con el Tribunal Federal Electoral.

Entre los desafíos, uno de los más importantes según la agenda desplegada por esta revista desde hace poco más de nueve años, es la incorporación de las Radios Comunitarias en el reglamento de acceso a radio y televisión del IFE. Como dijimos el mes pasado, ese es un tema central dentro del reconocimiento expreso de una alternativa distinta cuya función social es incuestionable. El consejero Baños fue un factor decisivo para abrir esa posibilidad, de ahí esta plática con él.

¿Podríamos hacer un balance preliminar de lo que ha ocurrido luego de la reforma electoral en materia de medios?

El modelo de comunicación política, como coloquialmente se denomina a la reforma de 2007 es, sin duda, el cambio más significativo. Básicamente los legisladores plantearon como objetivo eliminar el efecto del uso excesivo del dinero en las campañas electorales, y se tomó como ejemplo lo que ocurrió en 2006, donde los partidos políticos con mayores recursos para contratar espacios en radio y televisión tenían una presencia mucho más significativa que otras opciones partidarias. A partir de la promulgación del código electoral producto de esa reforma, el 14 de enero del 2008, entra en vigor el nuevo modelo: primero se prohíbe que cualquier persona contrate espacios para favorecer a un partido político y difundir propaganda; los partidos por sí mismos no pueden contratar y tampoco lo pueden hacer a través de terceros, por tanto el derecho para acceder a la radio y la televisión quedó concentrado en los tiempos oficiales del Estado que, particularmente cuando hay elecciones, son administrados casi en su totalidad por el Instituto Federal Electoral.

Ese modelo generó una discusión pública intensa. Hay analistas que consideran que es una restricción severa a la libertad de expresión y, particularmente, algunos medios de comunicación han dado una batalla contra la reforma electoral, en mi opinión, fundamentalmente por la imposibilidad de vender esos espacios para la propaganda política. En cada proceso electoral la compra de estos espacios significaba cantidades muy relevantes de dinero. Hay que decirlo con toda claridad, sustentados en datos oficiales: se trasladaban por la vía del financiamiento público en la compra de espacios de radio y televisión más de 3 mil millones de pesos en promedio por un proceso electoral, de los cuales el 70% se concentraba en las dos televisoras más relevantes del país.

En esa discusión intensa y por la vía de la “defensa de la libertad de expresión” se confrontó el contenido central de la reforma electoral en materia de medios; en ese contexto el IFE tuvo que tomar un conjunto de decisiones y la primera fue ¿cómo tener los instrumentos mínimos para definir la aplicación de ese modelo de radio y televisión? El primer problema que tuvimos es que, curiosamente, no había un catálogo de todos los medios que estaban funcionando en el país y son datos que las autoridades competentes deberían tener. Es una relación que no está suficientemente actualizada, prueba de ello es que la Cofetel nos informó en una primera instancia que había 2 mil 309 medios entre canales de televisión y estaciones de radio funcionando. Cuando nosotros hicimos la aplicación por primera vez del modelo, nos encontramos que no, que eran 2 mil 70, para la etapa de las precampañas en el proceso 2009. Después, cuando hicimos la aplicación del modelo para las campañas electorales, sólo registramos 2 mil 44. ¿Qué es lo que ocurre?, que algunos medios operan durante un periodo y después dejan de hacerlo.

Ese tipo de datos no lo teníamos suficientemente claros. Además, el directorio tenía otras fallas. Cuando desarrollamos los procedimientos sancionadores para corregir las conductas infractoras de los medios cuando no transmiten la pauta ordenada por el IFE, hay que tener un lugar donde localizarlos y notificarles formalmente las acciones legales que se están emprendiendo. Te doy un caso relevante, todo mundo sabe que el Canal 40 está en las instalaciones centrales de Televisión Azteca, sin embargo, formalmente ellos no reciben ahí las notificaciones, su domicilio legal es otro; esto no aparecía en los catálogos y eso complicaba el proceder del Instituto. Otro detalle tuvo que ver con la interpretación que se dio al tema del monitoreo, porque la autoridad electoral no nada más tiene la obligación de garantizar que todos los medios hagan la transmisión de la pauta de los partidos y de las autoridades electorales, sino que verifica que esa transmisión se dé y para eso había que generar un esquema de monitoreo. Aquí la discusión se centró en el hecho de que el IFE interpretó que debería tener sus propios medios para realizar ese monitoreo; había posturas en contra que decían que podíamos contratar el esquema del monitoreo. Nosotros decidimos, en interpretación de la ley, que debíamos tener un mecanismo propio e instalamos un sistema de monitoreo que tiene 150 puntos específicos en todo el país. Son centros de verificación para poder cubrir la totalidad de las señales de televisión y de radio que transmiten la pauta de los partidos y las autoridades electorales. Luego vino un tercer problema: definir el monto de los recursos para implementar el modelo.

Recordarás que tuvimos una discusión pública con el Gobierno Federal porque en el decreto de modificaciones a la ley se estableció que el IFE tenía un plazo para presentarle a la Secretaría de Hacienda la solicitud de ampliación de recursos para la implementación del modelo de radio y televisión. En el primer ejercicio que realizamos le informamos a la Secretaría de Gobernación que requeríamos 796 millones de pesos y hubo algunos especialistas en el tema que dijeron que ese modelo tenía un costo de 300 millones de pesos. La primera pregunta que yo formulé es de dónde sacan el costo. Si ellos tienen estudios técnicos que soporten un dato de esa naturaleza lo deseable es que lo compartan para que el IFE pueda evaluar y tomar una decisión, eso nunca ocurrió, nunca hubo ese estudio detrás de una afirmación categórica. A fin de cuentas negociamos un presupuesto, digamos aceptable, con la Secretaría de Hacienda, pero los recursos empezaron a fluir prácticamente hasta el último bimestre del 2008, es decir, casi en la inminencia del arranque de las precampañas electorales del proceso electoral del 2009. Por eso informamos a los mexicanos que no podíamos monitorear en su totalidad las precampañas, pero sí lo haríamos a partir de las campañas que iniciaron en mayo de 2009. Esta es una primera problemática operativa.

Fue todo un proceso de adaptación

Sin duda, tu sabes que no había experiencia al respecto en prácticamente ningún país del mundo salvo que yo no tenga los datos correctos. Ahora, el resultado lo veo de la siguiente manera: en las precampañas logramos un porcentaje de transmisión de la pauta de autoridades electorales y de los partidos políticos superior al 92%, mientras que en las campañas electorales logramos arribita del 90%. Si te das cuenta los incumplimientos son marginales y están focalizados fundamentalmente en Televisión Azteca y en algunas permisionarias. Televisión Azteca dijo que no estaba en condiciones técnicas para transmitir la pauta pero no lo demostró ni tampoco mostró disposición para poderlo hacer, en cambio Televisa tiene algunos incumplimientos, pero son más marginales.

Creo entonces, que la discusión sigue estando sobre algunos aspectos de orden técnico y por supuesto que hay detalles que están pendientes respecto a si el modelo implica o no una restricción a la libertad de expresión.

De hecho hay un amparo en la Suprema Corte que podría resolverse en cualquier momento. ¿Qué pasaría en este caso?

Hay que recordar que el amparo es un medio de defensa de las personas frente a los actos de autoridad del Estado; el amparo no implica que una sentencia sea de aplicación general sino individual, y por tanto ese amparo tendría efectos respecto de quienes lo promovieron y con las características específicas que señalen en su sentencia las autoridades. No tendría como consecuencia inmediata la arrogación de todas las disposiciones que establece este modelo, pero en el fondo lo que plantean algunos intelectuales es que el modelo restringe la libertad de expresión porque ellos no tendrían opción para contratar en los medios un espacio para difundir una opinión política que pudiera, digamos, ser una especie de propaganda a favor de un partido o un candidato. Desde mi perspectiva ese tema está más asociado a la capacidad de contratación que se tenga. Como principio podía yo entender que si hay una norma que te prohíba contratar espacios en radio y televisión pudiera entenderse como una limitación, desde una perspectiva de los principios, pero desde una perspectiva estrictamente práctica, un espacio publicitario para propaganda política en horarios estelares de los medios tiene costos muy altos que serían materialmente imposible de ser cubiertos, casi por nadie. Creo que la discusión no es sobre la libertad de expresión sino sobre la libertad de contratación, así que aquí lo que tendríamos que ver es qué es lo que hace el Poder Judicial con relación a esos amparos.

Pero sí podría generar que hubiera más amparos.

También podría traer aparejadas otras acciones de tipo legal en contra de esos artículos por parte de otras instancias, sin embargo, yo en lo particular creo que lo sensato es esperar a que decida el Poder Judicial.

Mi balance inicial es que la reforma del 2007 en esa materia ha demostrado que sí es viable su aplicación, y yo diría que el tema de prohibir que los partidos y los ciudadanos compren espacios en radio y televisión sí ha generado mayores condiciones de equidad en la contienda, no de igualdad pero si de equidad, esa parte hay que tenerla muy clara.

A partir de la problemática enfrentada y la experiencia de estos años, ¿cuáles podrían ser las propuestas de reforma de ley para que fuera más operativa?

Ese es un buen tema. Un modelo de esta dimensión siempre tiene complicaciones de arranque que a veces, en el diseño original de la ley, no se visualizan, y cuando lo llevas a la práctica encuentras detalles que operativamente son casi imposibles de atender. Planteo un caso, el tema de las coberturas nos generó un problema con el Distrito Federal y el Estado de México. La Ley Electoral Federal dice que cuando hay elecciones federales o incidentes con las locales, tú divides del total de tiempo que le corresponde a los partidos políticos, que son en general 41 minutos, durante el tiempo de las campañas electorales al sumar el espacio de todos los partidos políticos le corresponden 15 minutos para difundir los spots de campañas locales y el resto para los spots de las campañas federales. En los casos del Estado de México y el Distrito Federal hay un problema porque las señales que salen desde el Distrito Federal son prácticamente las mismas que cubren el espectro del Estado de México. Entonces nosotros no podemos aplicar una norma de esa naturaleza, porque tendríamos que dar 15 minutos para las campañas del Estado de México, 15 para las del Distrito Federal y quedan 11 minutos para las campañas federales y con eso incumples la norma legal. Entonces dijimos, vamos a respetar el tiempo para las elecciones federales que son 26 minutos y en lugar de dar 15 minutos para el Estado de México y 15 para el Distrito Federal sólo vamos a dar 7 y medio minutos a cada uno. Es una decisión tomada por un órgano de autoridad que no está respetando el principio de ley, porque el escenario de una elección federal coincidente con dos locales no está previsto en la ley; esa parte se tiene que revisar. Ahora estamos revisando cómo le vamos a hacer con la elección del Estado de México porque aquí entramos en otro aspecto del modelo que también tiene complicaciones. Los gobiernos federal, locales y municipales tienen derecho a difundir propaganda gubernamental en donde se informen los logros del Gobierno de cada jurisdicción y en ese escenario sólo hay una prohibición en la Constitución Federal y en la Ley Federal que dice que durante la etapa de las campañas electorales se debe suspender la difusión de la propaganda gubernamental. Eso quiere decir que en todo el proceso electoral, por ejemplo el federal empieza en el mes de octubre del año previo, 2011 es el año previo al 2012, vamos a empezar el proceso electoral la primera semana de octubre de este año y desde ese momento hasta el día previo en el cual empiezan las campañas electorales, que será hacía el mes de mayo, en ese momento nosotros no vamos a suspender la difusión de propaganda gubernamental,porque los gobiernos tienen derecho a hacerlo de esa manera. Cuando empiecen las campañas, ya no se puede. Entonces, cuando el Gobierno Federal contrata la difusión de propaganda gubernamental en las cadenas nacionales y esas cadenas nacionales llegan exactamente, en este caso al Estado de México, nosotros para poder resolver esa cuestión vamos a utilizar la difusión de la pauta. Eso es lo que estamos estudiando ahora, en el escenario probable que se podría aprobar hacía el 2 de febrero, podríamos llegar a una solución en la cual se autorice que la difusión de las campañas institucionales de los órganos electorales del Estado de México y de los partidos políticos sólo se haga en las radiodifusoras y en los canales de televisión que tienen cobertura estrictamente en el Estado de México y no en las cadenas nacionales. Pero eso tendría que tener aparejado un acuerdo en el cual, por la vía de los bloqueos, se ordene a los medios no difundir la propaganda particularmente en el Estado de México. Es un tema muy complejo, pero el 24 de diciembre el Tribunal ratificó una decisión del IFE y yo aquí quiero ser bien claro porque por ahí veo cosas en la prensa que dicen “el Tribunal…” y no, esa decisión fue del IFE y el Tribunal ante la interposición de medios de impugnación, ratificó la decisión. La decisión del IFE fue dar un plazo específico para que los medios hicieran los bloqueos correspondientes. Ahí tenemos el tema de las coberturas y su vinculación con una regulación específica que hace falta en la ley sobre el tema de la propaganda gubernamental.

Sobre los bloqueos. Algunos concesionarios argumentan incapacidad técnica, pero tienen capacidad financiera para lograrla, cuál sería la justificación.

Yo partiría del escenario de que todos defienden intereses legítimos. La autoridad electoral defiende intereses de orden público y por tanto tiene que aplicar la ley; los partidos defienden intereses particulares de grupo asociado a una parte de la sociedad. Los medios defienden intereses empresariales porque son negocios y entonces lo que ellos venden son tiempos, publicidad comercial; en la medida que existan restricciones de esta naturaleza para pautar en vez del 12% del tiempo, pautas de 48 minutos durante un proceso, pues pierdes “x” cantidad de dinero, eso hay que verlo así. Pero sícreo que las capacidades técnicas de los medios son diferenciadas para poder realizar los bloqueos, pero desde la perspectiva de la ley eso no está establecido así y la autoridad aplica la ley como esté, por tanto la discusión que ha planteado públicamente Televisión Azteca ha sido una discusión falsa, porque el IFE no inventó el modelo, lo aplica y tiene la responsabilidad de aplicarlo. Vamos a suponer por un momento que ellos tuvieran razón, que no tienen condiciones técnicas, las tienen que generar. Ahora, si cuesta eso dinero, no es responsabilidad del IFE, sino de la empresa.

Sobre TV Azteca: por qué en no pocas ocasiones el Tribunal ha fallado contra las sanciones impuestas por el IFE a la televisora. Para decirlo de otra manera: por qué si el IFE y el Tribunal valoran sobre la misma ley, ha habido estas diferencias por parte del Tribunal. Incluso en etcétera pensamos que, efectivamente ha sido excesivo el monto de las sanciones que el IFE le ha fijado a TV Azteca.

En mi concepto, el IFE es la máxima autoridad en materia electoral, el Tribunal es máxima autoridad pero acotada a un tema jurisdiccional. El Tribunal sólo entra en funciones si alguien promueve un medio de impugnación. Ahora, ir a impugnar una decisión de una autoridad administrativa es un derecho que tienen todos cuando sienten afectados sus derechos, así que el Tribunal ha conocido todos los procedimientos de los cuales se ha quejado algunos de los medios sancionados por el Instituto. Eso en un sistema democrático es absolutamente posible. En este caso TV Azteca ha tenido dos características, una, incumplir sistemáticamente la transmisión de la pauta ordenada por el IFE y, dos, ir al Tribunal ante toda las decisiones que toma el IFE. En mi opinión los magistrados del Tribunal están especialmente preocupados, y no quiero decir que eso esté mal, pero es una preocupación que yo noto en sus decisiones, son especialmente cuidadosos, con la parte procedimental, es decir, con que sigas a pie juntillas un libreto a veces escrito y a veces no escrito, reglas puestas en la ley en los reglamentos o definidas por ellos y en ese sentido las devoluciones que han hecho de los procedimientos del Instituto, fundamentalmente, han sido por cuestiones de procedimiento y pocas veces por cuestiones del fondo.

Planteo un caso. En alguna multa interpuesta por el IFE nosotros acumulamos a la multa impuesta a TV Azteca una multa que correspondía a la no transmisión de la pauta en el caso del Canal 40, entonces TV Azteca argumentó que no es propietaria del Canal 40 y que responde a una personalidad jurídica diferente. Entonces el Tribunal ordenó separar las multas. Otro ejemplo del Canal 40, éste alegó que no tiene una cobertura nacional y dijo ser un canal que transmite a nivel del Distrito Federal, “sancióname por la no transmisión del Distrito Federal y no a nivel nacional”, y el Tribunal dio cierta aceptación a ese criterio. Aquí no estamos necesariamente en cuestiones de fondo, sino de procedimiento, y eso en muchas ocasiones, particularmente en los procedimientos de Televisión Azteca, el Tribunal nos ha regresado hasta tres o cuatro veces la individualización de la sanción. El Tribunal a veces dice, “estás calificando demasiado alta la sanción” o simplemente dice “no consideraste este otro elemento” y nos la regresa para que individualicemos la sanción, pero nunca te dice que las bajes o que las aumentes, te dice, considera estos otros elementos y eso son, a mi modo de ver, cuestiones de procedimiento. La pregunta natural podría ser ¿y ustedes por qué no lo hacen a priori? Por una razón muy sencilla, porque nosotros tenemos plazos fatales y ellos no. Nosotros resolvemos por la vía de una cosa que se llama procedimiento especial sancionador; la ley dice que tratándose del proceso electoral nosotros tenemos que resolver con mucha celeridad los conflictos que se presenten con los medios cuando incumplen con la pauta y además el legislador tiene razón, porque si no lo haces de esa manera la etapa de precampañas o campañas se te puede agotar. Imagínate que en la etapa de precampañas un medio de comunicación no esta transmitiendo la pauta, esto puede generar una situación de inequidad frente a los partidos, o en contra de un partido político. En ese sentido la ley dice que debes resolver de manera expedita y te da cinco días contados a partir de que admites la queja. En cambio el espacio del Tribunal para resolver un medio de impugnación no tiene plazo, salvo que la resolución de ese medio de impugnación esté asociada a algún plazo fatal de otra cosa.

Entonces habría que reforzar la estructura del IFE para resolver, para no tener tantas impugnaciones

En un ejercicio de autocrítica te diría que sí. Una institución pública no puede decir “hago invariablemente bien las cosas y el otro es el malo”. Pero a mí me parece que el Tribunal tendría que ser más consistente con sus criterios y no moverlos a cada rato, porque eso también ocurre, entre sentencia y sentencia te mueven criterios. Esa movilidad de criterios también ha generado que existan estas situaciones de ida y regreso de los procedimientos sancionadores. Yo diría una cosa en un ejercicio de autocritica: el IFE tiene que fortalecer sus esquemas de interpretación legal y sus aparatos jurídicos para poder estar en una situación de menos decisiones del Tribunal donde le regresan los procedimientos, pero al mismo tiempo el Tribunal tendría que tener criterios que sean mucho más firmes y que no tengan tanta movilidad.

Sabemos que en unas semanas ustedes discutirán cambios al reglamento de radio y televisión, ¿cuáles serían las principales coordenadas de esos cambios?

El asunto central es regular el tema bloqueos, porque ahora sólo se ha establecido la norma para realizar bloqueos en casos específicos. ¿Qué ocurre cuando hay elecciones locales o bien de manera ordinaria? Cuando no hay elecciones locales los órganos electorales mandan la pauta a los partidos y a las autoridades electorales tanto en tiempos ordinarios como cuando hay elecciones, y el IFE es quien tiene que autorizar esas pautas. Cuando eso ocurre tenemos que aprobar la distribución de la pauta a través del comité de radio y televisión para los partidos y a través de la junta general ejecutiva del IFE para las autoridades electorales correspondientes. En el caso concreto de Coahuila ya aprobamos criterios con el tema de los bloqueos, ese criterio fue el que ratificó el Tribunal el 24 de diciembre del año pasado. Me parece una decisión muy afortunada del IFE y me parece más afortunado que el Tribunal haya ratificado ese criterio, esa parte hay que reconocérsela al Tribunal porque le da ventajas al IFE para desarrollar con mayor claridad el tema. Pero eso sólo está regulado a través de estos acuerdos donde tu apruebas los medios de comunicación en que se realizará la difusión de la pauta, ahora falta ponerlo como norma dentro del reglamento de radio y televisión.

Otro es el tema de las Radios Comunitarias. Ha habido procedimientos sancionadores donde en las áreas jurídicas hemos dado elmismo tratamiento que corresponde a cualquier medio de comunicación, pero las radios comunitarias tienen características muy especiales. Primero, generalmente son medios que no tienen recursos y que no persiguen fines de lucro, más bien son operados como servicios comunitarios. Tuvimos una discusión en dos ocasiones sobre una radiodifusora de Oaxaca que se llama Radio Calenda, que ha sido para nosotros muy significativa. Ahí se planteó la posibilidad de sancionarla porque no había podido transmitir la pauta, pero Radio Calenda presenta el expediente y demuestra fotografías y evidencias que te indican que no tienen una infraestructura suficiente para hacer la transmisión de la pauta. A mi modo de ver esa situación específica de las comunitarias tiene que quedar claramente reflejada y reconocida en el reglamento de radio y televisión, y aceptar que son medios diferentes. Es como la diferenciación inicial que la ley apunta en el caso de las concesionarias y las permisionarias, aquí nosotros hemos tomado decisiones donde el tratamiento para el incumplimiento de la transmisión de la pauta es sancionado de manera diferente cuando se trata de una concesionaria y cuando es una permisionaria. Te pongo el caso de Radio UNAM que dejó de transmitir más del 90% de la pauta y nosotros dijimos: “es la UNAM y no pasa nada”; el argumento fue que ellos tienen una programación estrictamente cultural que a veces es un poco más amplia del espacio de una hora, y recuerda que el modelo de radio y televisión establece que tienes que pautar los spots de los partidos y de las autoridades dentro de cada hora, de las 6 de la mañana hasta las 12 de noche. En ese sentido Radio UNAM decía tener conciertos que duran más de una hora y no los podía interrumpir para pasar spots. Nosotros dijimos que había condiciones técnicas previstas en el 350 que daban capacidad para darle la razón. Ah bueno, pero no le dimos el mismo tratamiento a una Radio Comunitaria, eso a mi modo de ver generó una visión de iguales frente a desiguales, y por otro lado vemos el incumplimiento de la pauta con medios de comunicación de enorme poder económico frente a una pequeña radiodifusora de carácter estrictamente comunitaria que es operada por voluntarios que van ahí y se tiran un speech para comentar las cosas que son relevantes para la comunidad. En ese sentido, el reglamento de radio y televisión tiene un reto central.

En el caso de Radio Calenda, cómo interpretar que pudiera haber una visión tan distinta por parte de la Secretaría Ejecutiva y el resto de los consejeros.

Lo que ocurre es que la Secretaría Ejecutiva tiene una responsabilidad legal que es sustancial en el procedimiento, pero no está dentro de su atribución hacer una separación, eso también hay que decirlo, la Secretaria Ejecutiva dice: hay una radiodifusora que está teniendo esta problemática. Creo que la interpretación que dio la Secretaria Ejecutiva es, simplemente, se trata de un medio de comunicación y al estar incumpliendo la pauta debe ser sancionada de esta manera. Sin embargo, la Secretaría tiene la potestad de valorar hechos que son notorios, por ejemplo para imponer una sanción, vamos a suponer que la que se merezca sea por varios miles de pesos o por varios cientos de miles de pesos, pero nada más que para poder fijar la multa tú tienes que revisar la capacidad económica del infractor, y en ese caso era evidente que no la podían pagar, entonces por esa vía si se pudo en algún momento hacer un planteamiento diferente. Creo que hubo sensibilidad de todos los consejeros para tomar una decisión distinta. Ahora, Radio Calenda hizo un esfuerzo impresionante para poder transmitir la pauta.

A partir de la primera amonestación es notorio el avance.

Obvio, no sé si tú viste las fotografías, pero Radio Calenda dio una demostración palmaria de que el modelo de radio y televisión es viable, si para una radiodifusora comunitaria es posible transmitir la pauta en un 40% pues más para un medio de comunicación que tiene todas las posibilidades económicas.

¿Cuál sería la definición de las características de las Radios Comunitarias para incorporarlas en el reglamento?

Yo creo que hay que checar la opinión de algunos especialistas, pero fundamentalmente me parece que primero se debe reconocer que tienen un carácter distinto. Dos, se tiene que decir con toda claridad que son medios que tienen un permiso específico para operar, no son ilegales, no son clandestinos; hay que reconocer que cumplen con una función social específica y hay que decir que son operadas fundamentalmente con la aportación de voluntarios. Es un hecho que en el reglamento se tiene que reconocer que se trata de medios que operan en condiciones muy distintas.

Esto podría significar un aliento importante para las Radios Comunitarias.

Pienso que sí porque en caso contrario desapareceríamos opciones que cumplen funciones sociales. Si tú impones sanciones severas a las comunitarias las vas a desaparecer, porque simplemente no van a poder pagar esas multas y me parece que el daño que tu puedes generar en una comunidad que tiene un beneficio social de esa naturaleza sería terrible.

A nosotros nos parece muy interesante esta discusión y creemos que puede sentar un precedente importante para impulsar en el Legislativo el que se les plasmara en la ley con sus derechos y sus obligaciones pero también por parte del Ejecutivo la obligación de apoyarlas, por ejemplo, en el tema digital, como a todas las permisionadas.

No está tanto en mi competencia opinar sobre ese tema pero, yo en lo particular, creo que el IFE tiene que tomar en consideración que independientemente de que la ley en este momento no lo registra sí le tenemos que dar un tratamiento diferente y también creo que es responsabilidad del IFE presentar una opinión proclive a establecer una regulación diferente para las comunitarias.

Para nosotros es clave lo que resuelva el IFE al respecto.

Mi opinión en el tema es que las comunitarias también tienen un vínculo directo con la difusión de información que tiene que ver con el proceso electoral. Nosotros invariablemente hemos recibido un apoyo significativo porque muchas veces la señal o la voz que se oye en ciertas cabeceras de distrito, en cabeceras municipales, en comunidades, es fundamentalmente la de las comunitarias y ahí los funcionarios del IFE siempre tienen espacios para difundir información sobre los derechos políticos de los ciudadanos, las fechas para el ejercicio del voto, lo procedimientos de integración de las mesas directivas de casilla y eso desde mi perspectiva es fundamental para que el IFE tenga cierta eficacia también en los lugares en donde operan estas estaciones.

Temas relacionados con el costo de las elecciones antes y después de la reforma electoral

– Partidos, una ventana al mundo de sus gastos. etcétera No. 23, septiembre 2002.

– Elecciones 2000; cuánto gastaron los partidos en la TV. etcétera No. 25, noviembre de 2002.

– En 2000, los medios tendieron al equlibrio, Ciro Murayama; En 2000 las televisoras votaron por el PRI, Mony de Swaan, Para dar más certidumbre a las campañas en los medios, el IFE impulsará nuevas reglas, José Woldenberg; Hay avances, persisten insuficiencias, Marco Levario Turcott.

– El IFE sabrá el costo de cada spot. etcétera No. 27, enero 2003.

– Con estos partidos, pobre país; entrevista a Luis Carlos Ugalde. etcétera No. 83, septiembre 2007.

– Las campañas a tiempos oficiales: Se acabó el negocio. etcétera No. 84, octubre de 2007.

– Elecciones 2009, para olvidar. etcétera No. 104, junio 2009.

– Televisa y TV Azteca contra la norma electoral, etcétera No. 101, marzo de 2009, varios textos.

Un lugar para las radios comunitarias

Las radios comunitarias, igual que todas las estaciones radiofónicas que operan con permiso, deben ser incorporadas en el reglamento de radio y televisión del IFE. Y ello implica entender y dejar expresas en la norma, aquellas características que las distinguen como tales.

Como informamos a usted, en abril y septiembre del año pasado, la Secretaría Ejecutiva del IFE pretendió sancionar a Radio Calenda por 40 mil pesos dado el incumplimiento de aquella estación en la difusión de la pauta para la propaganda electoral. El IFE sin embargo, rechazó ese críterio que pretendió tratar como iguales a quienes, en realidad, son desiguales. Y entonces fue que se abrió la posibilidad de integrar a las comunitarias en el reglamento. Pero desde esa óptica que ya fue desechada por el IFE, continúan las estratagemas para evitar que esto llegue a buen puerto por lo que, más allá del murmullo de pasillo o las grillas palaciegas en los muros del Instituto, vale mucho la pena ventilar las reflexiones. Por eso reconocemos los planteamientos del consejero Baños y en consecuencia en etcétera dejamos clara, como siempre, nuestra postura.

Temas relacionados que usted puede consultar en nuestro portal:

etcétera Núm. 68, junio de 2006; Núm. 80, junio de 2007; Núm. 87, noviembre de 2007; Medios alternativos, mayo de 2010.

Resolución del IFE respecto del procedimiento especial sancionador instaurado en contra de Radio Calenda La Voz del Valle, A.C. 28 de abril de 2010

Resolución del Consejo General de IFE respecto de la denuncia interpuesta por el Partido Verde Ecologista de México en contra de Radio Calenda. 28 de septiembre de 2010.

Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del IFE, en la que se discutió, a propuesta del consejero Marco Baños, la necesidad de dar una atención especial a las Radios Comunitarias y no sancionar en exceso a emisoras que no cuentan con capacidad económica y tienen notorios fines sociales y comunitarios.

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