Por increíble que parezca, en México no tenemos medios de comunicación públicos. Además de carecer de una figura legal que los defina, no existe una política gubernamental que los identifique. Por ello, coloquialmente se pone en el “saco de lo público” a todo tipo de medios: comunitarios, autónomos, universitarios, controlados por gobiernos locales, del poder legislativo, del poder judicial, dependientes del ejecutivo federal, etcétera.
Un medio público es aquel que le pertenece a la sociedad, y no al gobierno ni a particulares. Y mientras
en distintos países del mundo uno de los signos de la democracia ha sido lograr la participación de la sociedad en espacios de deliberación y construcción de ideas, independientes del poder político y económico, en México, simple y sencillamente, no se ha podido.
Por ejemplo: en Gran Bretaña la principal fuente de financiamiento de la British Broadcasting Corporation, BBC, es a través del llamado canon, que no es más que un impuesto especial, cuya recaudación llega directamente a la televisora. Los ciudadanos, pueden opinar sobre la programación mediante consejos consultivos.
En Estados Unidos el Congreso subsidia a la televisión pública a través de la Corporation for Public Broadcasting, CPB, lo cual es privada y sin fines de lucro. Su dirección recae en un órgano colegiado cuyos miembros son nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado. Además del financiamiento que reciben de la CPB, los medios públicos, obtienen recursos de gobiernos estatales, contribuciones del televidente y donaciones de fundaciones privadas.
Ya en el régimen democrático, la Televisión Nacional, (TVN) comercializa sus espacios sin fines de lucro. Su estructura administrativa también depende de un cuerpo colegiado, elegido entre el Poder Ejecutivo y el Senado.
Diversos estudios coinciden en entender este tipo de espacios como esferas plurales y de formación de opinión pública que no es una sola, ni la suma de varias, sino un conjunto de ideas que se confrontan durante la discusión, transformándose en el intercambio y penetrando en decisiones gubernamentales.
Es por ello que, a pesar de que en México tenemos medios que son propiedad del Estado y que generalmente se les conoce como medios públicos, no cumplen con las características básicas que se muestran en los ejemplos anteriores: independencia financiera, política y administrativa, vinculación con la sociedad y ausencia de fines lucrativos. Nuestros medios oficiales dependen en su funcionalidad y presupuesto del gobierno federal o los gobiernos locales. Esta forma de operar impacta en los contenidos: por una parte, porque por más l iber tad que tengan los directivos y quienes laboran en los medios, la autocensura y los intereses de promoción gubernamental pueden llegar en cualquier momento a definir las políticas de comunicación, independientemente de las necesidades y exigencias de la audiencia. Y por la otra, porque son muy pocos los medios que cuentan con la capacidad financiera para desarrollar propuestas interesantes, creativas y competitivas.
Por todo esto, no es extraño que utilicemos la palabra “público” como sinónimo de “gubernamental”. Acepción que, por cierto, les sienta muy bien a los poderes ejecutivos para conseguir reconocimiento a partir de lo que no son. Ejemplo de ello fue el discurso que dio el presidente Calderón, en julio de este año, cuando anunció la ampliación de la cobertura del Canal Once. Tras firmar un convenio entre el IPN, Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales el Presidente dijo que era un primer paso para una cadena de televisión pública. Suena muy bien, lástima que no sea cierto, que no sea pública, que la tercera opción, esperada por muchos para promover la competencia en el país, quede reducida a una cadena de televisión gubernamental.
