Mientras, buena parte de las actores se centran en otros temas
El lector de etcétera lo sabe: aquí no caben ni proclamas ni adjetivos ni cofradías, sino ideas, periodismo y pluralidad. En esa tesitura integramos el presente paquete de análisis con la mira de contribuir a comprender los alcances y las limitaciones de la iniciativa de Ley Secundaria de Telecomunicaciones que, luego de cuatro meses de retraso, el Presidente de la República presentó al Congreso de la Unión.
Gracias a las ventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación, usted también tiene presente que los directivos de esta públicación no coincidimos con la propuesta del gobierno y así lo expresamos en nuestro sitio web y en las redes sociales:
Creemos que esa iniciativa requiere de enormes vueltas de tuerca y confiamos en el trabajo legislativo para que éstas sucedan. Y para ello estamos convencidos de que no se requieren adjetivos como los que emplean quienes la califican de “trampa”, o ya en el éxtasis de las proclamas dicen que es una “traición”. En cambio, este registro es contundente: la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Televisa, América Móvil, además de otros organismos ciudadanos y un gran cúmulo de expertos, han expresado desde varios tonos y apuntes sus preocupaciones con el documento que entregó el Presidente al Congreso.
De lo que trata el intercambio público democrático es de tender puentes de comunicación y entendimiento, y esa labor acometemos desde la consideración de que la propuesta hecha por el gobierno necesita enmiendas para ajustarla a la Constitución, es decir, a la ley federal que el año pasado resolvieron las cámaras de Diputados y de Senadores.
Hay serios riesgos de que, en el caso de aprobarse tal como está, la Ley Secundaria llegue a declararse inconstitucional. En consecuencia, por ejemplo conviene que se redacten lineamientos claros y contundentes que alienten la plena autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que en el proyecto que presentó el Gobierno se le restan facultades al Ifetel al mismo tiempo que se le otorgan atribuciones a las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes; en ese camino uno de los vértices más delicados es que la Secretaría de Gobernación se encargue de supervisar y sancionar los contenidos radiodifusores, lo que va en sentido contrario de lo establecido en los artículos sexto y séptimo de la Constitución. Aunque a los apologetas de la tecnólogía y sus expertos no les guste la lente política, eso implica, ni más ni menos, delegar poder al Gobierno para que éste defina mecanismos de sujeción y control según su arbitrio, lo cual, por supuesto, atenta contra la libertad de expresión.
Pero el Ejecutivo insiste, o al menos hasta el cierre de esta edición no ha reconsiderado, y en su propuesta pretende que Gobernación vigile “que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturben el orden público”. Igual que en el viejo régimen autoritario. Por ello estamos seguros de que en el trabajo legislativo será enmendada tal pretensión.
Otra notable falla en la iniciativa presidencial es que deja en el limbo a los medios públicos y discrimina a las radios comunitarias, aún cuando estas formas de comunicación alternativa respecto de los modelos privados implican un aporte indudable a la democracia en cuanto que reflejan la pluralidad política y alientan la deliberación pública, además de que la diversidad cultural encuentra una vocación de servicio que no hay en las empresas mediaticas en donde se animan fundamentalmente los fines de lucro para lo que recurren a las más deprimentes formas de contenido.
Y mientras sucede lo anterior, el debate público se ha centrado en temas relacionados con los intereses de los emporios de telecomunicaciones y radiodifusión que se trastocan, y eso sucede incluso en agentes políticos que han fraguado su imagen pública como detentadores de causas sociales. Ahora, esos actores políticos se centran en los asuntos de la economía privada que se pone en juego en la configuración de la ley. Qué lástima que eso pase incluso con la dirigencia del PRD. Nosotros, en cambio apostamos a que no se lesione la libertad de expresión y a que los medios públicos y sociales sean fortalecidos.
Cerca del cierre editorial (el 31 de marzo) se informa que los grupos Carso e Inbursa interpusieron un amparo contra la resolución del Ifetel que, el pasado 7 de marzo, los declaró preponderantes en materia de telecomunicaciones. Pronto conoceremos las reacciones al respecto, por lo pronto nosotros decimos que desde nuestro parecer el ingeniero Carlos Slim es, sin duda, un agente económico preoponderante en telecomunicaciones, y que también lo es Televisa. Sobre esos dos rieles, sin duda, conviene que la ley secundaría se perfile, y es que se trata de fomentar la competencia en serio, para aprovechar el enorme potencial de la industria.
