Fernando Batista Jiménez

Lo primero, la persona y su dignidad

Es en 1857 cuando, por vez primera en nuestro país, se plasma en un texto constitucional un catálogo unificado y amplio de derechos fundamentales denominados, en aquel entonces, Derechos del Hombre, como aquéllas potestades mínimas reconocidas por el Estado mexicano a todo individuo que se encontrara en el territorio nacional. Esta Constitución representó entonces un modelo avanzado a favor de las libertadas, los derechos humanos de primera generación y su protección.

La Constitución de 1917, vigente a la fecha y producto del movimiento revolucionario que se venía gestando desde la primera década del siglo XX, puso especial énfasis en la reivindicación de los derechos humanos de segunda generación, principalmente, los derechos sociales y de la propiedad emanados de la Revolución, pero dejó de lado el auténtico reconocimiento de los derechos humanos, adoptándose el de garantías otorgadas por el propio texto constitucional, con lo que se eliminó el valor inmanente de los derechos humanos, esto es, que son inherentes a la persona, con independencia de su reconocimiento normativo.

Casi un siglo tuvo que transcurrir para que, tras un largo proceso social, político y legislativo, el pasado 10 de junio de 2011 se publicara en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Reformas en Materia de Derechos Humanos, que nuestro máximo defensor de los derechos humanos, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, ha calificado como la reforma más trascendente e importante en la historia moderna de nuestro país y, en virtud de la cual, el Constituyente ha dejado muy en claro el pleno reconocimiento de los derechos más esenciales de la persona, que derivan de su dignidad humana.

Es así, que a raíz de esta trascendental reforma constitucional la persona humana se erige como el centro de la protección constitucional frente a las instituciones y poderes del Estado; los derechos de la persona, que devienen de su dignidad humana, no son aquellos que el Estado esté dispuesto a otorgar, sino, más bien, el límite y punto de partida de su actuación.

En efecto, hoy por hoy las autoridades en México tienen el deber, por una parte, de no trasgredir, de no interferir, en menoscabo de la dignidad de las personas, pero además, de acuerdo con el texto reformado de nuestra Carta Fundamental, corresponde al Estado mexicano, como una de sus obligaciones rectoras del desarrollo nacional, garantizar la plena vigencia y garantía de este valor fundamental, lo que necesariamente conlleva la vigencia y garantía de todos y cada uno de los derechos a éste inherentes.

Para ello, el Constituyente ha conferido al Sistema no Jurisdiccional de los Derechos Humanos en México, herramientas que, en gran medida, facilitarán a la CNDH –y a sus homólogas en los estados de la República– hacer efectivas sus determinaciones. Sirva de ejemplo la facultad para solicitar la comparecencia, ante los órganos legislativos, de aquél o aquellos servidores públicos renuentes en aceptar y cumplir las Recomendaciones de los defensores del pueblo.

En palabras de nuestro Ombudsman Nacional, la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos “es el mejor legado de nuestra generación para la sociedad y las instituciones”, pues no hay Estado de Derecho sin la garantía del pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona.

Las bases están sentadas para la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, lo que sigue es sumar esfuerzos para que esto sea una realidad en la práctica. No olvidemos que detrás de la exigencia del respeto a los derechos humanos subyace un clamor por combatir la impunidad, por un orden social más justo, equitativo, digno y humano; de ahí que lo primero deba ser siempre la persona y su dignidad.

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