El derecho de acceso a la información en El Salvador se encuentra restringido por una serie de factores que colocan a ese país como uno de los más débiles regímenes democráticos de Latinoamérica.
En su análisis anual sobre el estado de la libertad de expresión en los países de la región, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) calificó de “retroceso histórico” para El Salvador la carencia de garantías en el derecho a informar y ser informado sobre los asuntos públicos que afectan a la sociedad a 16 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra civil y normaron la convivencia de los ciudadanos con bases legales inspiradas en el juego formal de la democracia.
La relación entre el poder político y económico con los medios al cabo del tiempo develó la intencionalidad de dificultar tanto el acceso a la información pública en poder del Estado como a una fluida información de los acontecimientos noticiosos que involucran cuotas de interés o poder.
Por un lado, el país carece de una legislación que regule el derecho de acceso a la información, lo que constituye una violación al deber de garantizar otros derechos como el de la libertad de expresión y la libre prensa e impide medidas legislativas o de otro carácter, como instancias de observación civiles, que hagan contrapeso a los monopolios mediáticos, a la trama de intereses, y posibiliten el ejercicio pleno de todos los derechos que reconocen las convenciones internacionales.
Por el otro, sí existe una complicidad en la canalización de recursos de la hacienda pública para premiar o castigar a los medios en función de su línea editorial y coberturas informativas, por ejemplo, los periódicos La Prensa y El Diario de Hoy todos los días incluyen inserciones de los ministerios gubernamentales, puesto que la información manejada no sale del canon tolerado, mientras que la única cooperativa editorial que a duras penas sobrevive, Diario Co Latino, está vetada para recibir propaganda oficial pues “la línea editorial no es adecuada a los intereses de los empresarios y del gobierno”, como señaló en entrevista Francisco Valencia, director en turno del medio.
Medios electrónicos
Durante los años siguientes del decreto de paz pactado en el Castillo de Chapultepec, México, las asignaciones de las frecuencias televisivas y radiofónicas en El Salvador han sido otorgadas selectivamente con criterios mercantiles, pese a la cláusula que asegura la libertad de expresión de los salvadoreños.
Se garantizó “el libre acceso” al espectro radioeléctrico con base en la capacidad económica con lo cual quedaron fuera de toda posibilidad quienes no tuvieron recursos aunque sus proyectos eran adecuados a las circunstancias históricas como los medios surgidos de poblaciones locales por una cultura de la paz y no de la violencia, de salud mental y de problemáticas comunes como la carencia de servicios públicos.
Sólo una red de pequeñas radios comunitarias (ARPAS) sobrevive obligada a adquirir una estación en el cuadrante compartida por 16 radios en todo el territorio salvadoreño, pagando impuestos y buscando recursos en el exterior para mantenerse con muchas dificultades que imposibilitan el ejercicio adecuado de los equipos editoriales.
Los medios educativos, culturales y comunitarios fueron relegados hasta su desaparición y hoy acaparan el espectro los medios privados como Tele Corporación Salvadoreña (TCS) con tres canales televisivos y la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión (Asder) con la mayoría de estaciones en la banda ancha, además proliferaron los medios religiosos como las radios evangelistas y cristianas privadas, y en todos los canales de televisión, sin excepción, hay espacios para la predicación como La Hora del Hermano Tobby o La Iglesia del Buen Pastor.
La sana separación entre Iglesia y Estado se desvaneció al pasar de los años y el ideal republicano quedó en el olvido, y el gobierno lejos de recuperar una identidad de nación soberana y laica, permitió a través de los medios el activismo y la injerencia en asuntos públicos a las diversas sectas e iglesias que inundaron al país a partir de los años 80 como mecanismos en inicio de disolución social, desestructuración de comunidades campesinas y contrainsurgencia, para ser ahora receptoras de la desmoralización, la apatía y los dogmatismos encarnados en el reflujo de una guerra intestina que resultó en la muerte de al menos 75 mil personas.
Medios impresos
Los grandes medios impresos que acaparan el mercado de las inserciones y la publicidad privada y estatal son El Diario de Hoy y La Prensa los cuales diariamente, en promedio, tres cuartas partes del total de páginas son publicidad.
La inserción completa de una página cuesta alrededor de cinco mil dólares, lo que suman, en promedio, 71 páginas, 53 de ellas que son para publicidad, o sea un valor de 216 mil dólares al día, menos impuestos y gastos de producción, por supuesto.
Ambos medios son los de mayor tiraje que llegan hasta el último poblado del país, lo que los conforma como las referencias obligadas de la formación de la opinión pública junto con la TV y la radio, es decir, para darse idea de lo que pasa en el país sólo existen dos opciones que en términos informativos y editoriales no son muy diferentes.
En cambio, el único medio alternativo, si se le puede considerar así, con mayor independencia y sin presión política y económica, pero con poco tiraje que alcanza a lo más la capital de San Salvador y otras pequeñas ciudades del interior, es el Diario Co Latino el cual fue fundado por el histórico dirigente sindical Miguel Mármol en los años 30 y en el que la intelectualidad salvadoreña tuvo participación voluntaria, como el caso del poeta Roque Dalton en los años 60.
Este medio es esencialmente crítico, pero sin el financiamiento propio ha sobrepasado etapas difíciles incluso al grado de la desaparición.
Poder político y medios
Todos los medios televisivos y radiofónicos y la mayoría de los escritos tienen el sello del partido político en el poder, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la cual se convirtió en uno de los clientes predilectos de los grandes medios, toda vez que compra espacios publicitarios sistemáticamente no sólo en periodos electorales, sino cuando la coyuntura lo amerite. Por ejemplo, en la actualidad la Asamblea Legislativa discute la petición o no de préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial (BM) por un poco más de 436 millones de dólares.
La fracción de Arena desplegó una campaña millonaria en radio, prensa y TV en favor del empréstito, pero en caso de no lograrse responsabiliza de facto al partido opositor, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con el eslogan “Diputados del Frente no se olviden de la Gente”. El mensaje es transmitido todo el día acompañado del clásico himno nacionalista anticomunista de los 60 y 70 que invitaba a “sepultar a todo comunista” como si estuvieran, en el primer decenio del siglo XXI, todavía en confrontación militar.
Empuje de la sociedad civil
Como sucede en varias partes del mundo, agrupaciones civiles de los derechos humanos y por la libertad de expresión salvadoreños han presentado al órgano legislativo nacional la propuesta de una ley de acceso a la información pública del Estado, lo que ha provocado irritación por los dueños de los medios masivos y por algunos sectores políticos, económicos y religiosos.
No obstante, cada vez la sociedad adquiere conciencia de la necesidad de ejercer los derechos adquiridos. La asistencia a foros internacionales, la puesta en práctica aunque sea limitada de medios comunitarios y compartir experiencias con poblaciones de otros países que han logrado alcanzar marcos jurídicos, pautas para lograr el efectivo derecho a la libertad de expresión.
