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Fernando Dworak

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Léxico del nuevo autoritarismo II: Privilegio, justicia, excepción

Imagen: Vicheslav Kirichenco / 123RF

El lenguaje es una herramienta importante para todo régimen político, a partir del cual definimos la forma en que nos comunicamos marca límites claros entre grupos. Gracias a ello se crean formas de hablar válidas para una comunidad, como los idiomas y en algunos casos los dialectos. También se generan “circuitos marco” para entender las experiencias comunes, las cuales cambian la forma en que vemos el mundo gracias a la repetición constante. Esto puede ser reforzado a través de la propaganda.

Ciertas palabras y expresiones se usan para legitimar a un régimen, pudiendo enriquecer o acabar con una democracia al modificar percepciones, empobrecer la capacidad general de reflexión gracias al simplismo de movilizar sentimientos y aversiones, o incluso legitimar activamente a un gobernante gracias a su forma particular de expresarse. El lenguaje es, sin exagerar, una herramienta de control sobre una sociedad.

El objetivo de esta serie es presentar un léxico sobre el que se debe poner especial atención, toda vez que puede llegar a ser usado para legitimar una forma de gobernar con el fin de anticipar las intenciones de su uso y los posibles efectos en la gobernabilidad.

Privilegio

Se entiende como “privilegio” a toda ventaja especial o exención de alguna obligación que disfruta gracias a la concesión de un superior o por su propia calidad y circunstancia. Se entiende que esta condición la goza alguien en perjuicio de un tercero.

Entre las maneras que se puede entender el privilegio, se encuentra la judicial o normativa: un permiso otorgado por las autoridades, donde los privilegiados gozan de mejores condiciones que los ciudadanos comunes. En sociedades antiguas, patrimonialistas o cerradas, esta condición se transmitía por herencia o pertenencia a un estamento o casta. Al contrario, una democracia liberal promueve la igualdad jurídica de todos los individuos y a través de otras reformas, condiciones equitativas de acceso a oportunidades.

Una sociedad totalmente igualitaria es un ideal y siempre habrá alguna desigualdad fomentada o no por las imperfecciones en las reglas o las instituciones. Sin embargo se espera que estén sujetas a la continua calibración para corregir esos errores. Para ello se necesitan grupos y ciudadanos que sepan poner los temas sobre la agenda y presionar para su progreso: los líderes optarán siempre por un statu quo que les beneficie.

Una visión autoritaria restaura la visión del privilegio como condición estamental, la cual es reforzada por eufemismos y calificativos que refuerzan la polarización entre “buenos” y “malos”, haciendo que un ejercicio de calibración se convierta en una cruzada para quienes no gozan de una condición “mal habida”. El resultado puede terminar en una simple rotación de personas sin un ejercicio serio de revisión de las causas de un problema.

Tomemos como ejemplo la propuesta de López Obrador para reducir salarios y personal de confianza en la Administración Pública Federal. Hay graves diferencias en sueldos entre mandos, demasiado personal en ciertas áreas de burocracia y diversos excesos y es indefendible lo que existe. Sin embargo, centrar la discusión en una “burocracia dorada” sólo sirve para mantener movilizados a los seguidores y hacerles creer que ellos pueden acceder a cargos relevantes sólo por amor a la patria, en lugar de otro tipo de privilegio: el que da la preparación.

De esa forma, al centrar el privilegio a una clase adscrita a una “mafia”, se evita el debate sobre la transparencia, la eficacia, las estructuras profesionalizadas, las puertas giratorias o los conflictos de interés, entre otros temas. ¿Qué hacer? Reconocer la necesidad de cambio, poniendo énfasis en la agenda de fondo: atracar la aspiración de unas personas sólo las exacerba.

Justicia

La palabra proviene del latín iustitia que significa “justo”, y deriva del vocablo ius. Es el conjunto de normas codificadas, aplicadas por jueces, sobre las cuales el Estado imparte justica cuando son violadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. En México se ha usado comúnmente la distorsión de un término asociado: la justica social. Normalmente se le entiende como la distribución equilibrada de los bienes dentro de una sociedad, teniendo dos vertientes interpretativas. Para el socialismo, el Estado debe garantizar el desarrollo de las clases más desfavorecidas y el respeto a los derechos humanos. Para el liberalismo, el Estado debe ser garante del desarrollo de oportunidades y el respeto a la empresa y propiedad privadas.

Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro

La visión de la “justicia social” mexicana se reducía a la redistribución de bienes a través de un partido hegemónico que se proclamó heredero de la Revolución. Dicha justicia era parte de un programa a largo plazo, donde una élite que circulaba cada seis años proveía a sus allegados el bienestar anhelado: es decir, la Revolución por fin les “hacía justicia”. Gracias a ello, actos como la invasión de tierras o el dispendio de bienes eran vistos como promesas cumplidas: la justicia tenía una parte de venganza y reivindicación.

Como parte de este discurso, el político justiciero era visto como un ejecutor de la venganza de los pobres y desposeídos, de tal forma que poco a poco la burla “a los de arriba” se convertía en sí misma en un acto de justicia para “los que menos tienen”. También el “decir verdades” a políticos es entendido como un acto de justicia, aun cuando la única recompensa es ver “la cara que pusieron”.

Una aplicación reciente la vimos en el segundo debate, cuando López Obrador cuidó su cartera al saludar a Ricardo Anaya: para su público era la venganza del “pueblo bueno”, aunque en realidad el candidato haya mostrado incapacidad para mostrarse siquiera amable ante uno de sus contrincantes. ¿Y quién dicta la justicia en este contexto? El líder.

Excepción

En su libro On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century, el historiador Timothy Snyder menciona una lista de palabras que son usadas por regímenes autoritarios para legitimarse, entre las cuales destaca la excepción. Ésta, afirma, permite al líder vencer a toda oposición al implantar la convicción de que el momento presente es excepcional, transformando esta condición a una emergencia permanente. La percepción de la emergencia usualmente es detonada por algún atentado al orden público, atribuido a los “enemigos” del nuevo régimen. Ejemplo de ello fue el incendio del Reichstag en 1933, que convirtió en dictador a Adolfo Hitler.

Por décadas se nos enseñó a considerar a nuestra identidad nacional como una excepción a nivel mundial, a través del discurso de la mexicanidad y el nacionalismo revolucionario. Gracias a ello el único régimen que podía gobernarnos era el PRI, dado que era el que mejor se adecuaba a nuestra particular idiosincrasia. De esa forma se nos enseñó a ver la excepcionalidad como algo normal, una parte de nuestra esencia, dificultando todo proceso de cambio que no se ajustaba “a nuestra esencia”.

Hoy vemos a numerosos defensores de la excepcionalidad urgir medidas rápidas, sin importar su arbitrariedad, aludiendo que así lo demandan millones de muertos en la guerra contra el narco, la miseria de más de la mitad de la población, las necesidades del pueblo y demás excusas para acabar con privilegios e implantar la justicia social.

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