Cinque Terre

Mireya Maldonado

Periodista.

Legalización del trabajo sexual

Desde la órbita políticamente correcta hay feministas, políticos de diverso signo, religiosos y académicos, entre otros, que condenan el trabajo sexual elegido, lo consideran denigrante y lo confunden (adrede o por ignorantes) con explotación sexual y trata de personas.

En México, en ningún estado o el Distrito Federal está prohibido ser prostituta, pero quienes practican libremente ese oficio lo hacen sin la protección del derecho, están expuestas a extorsiones, detenciones arbitrarias, represión policiaca, violencia y discriminación por parte de usureros, del Estado y de la gente “decente”.

Definiciones del trabajo sexual

Hace más de tres décadas surgieron voces disidentes contra el feminismo que intentaba abolir la pornografía y la prostitución, explica Beatriz Preciado, investigadora en la Universidad de Princeton y profesora de Teoría del Género e Historia Política del Cuerpo en la Universidad París 8.

Es entonces cuando se dice claramente que prohibir la prostitución no protege contra la violencia de género. Por el contrario, una mejor estrategia consiste en hacer del cuerpo y el placer “plataformas políticas de resistencia al control y normalización de la sexualidad”.

Surge entonces un parteaguas: la prostituta californiana Scarlot Harlot utiliza, por primera vez, la expresión “trabajo sexual” para entender de forma más clara “la profesionalización y la igualdad de derechos de las putas en el mercado de trabajo”, recuerda Beatriz Preciado.

Diversos estudios se suman a esa primera expresión que hizo referencia a derechos humanos y aportan un mejor entendimiento a un fenómeno que crece día con día en la aldea global, traspasa fronteras y tiene nuevas herramientas con Internet y las redes sociales.

A fines de los ochenta, la doctora Thanh Dam Truong subrayó que la prostitución es comparable con cualquier otro tipo de trabajo, ya que no implica la venta del cuerpo, sino el poder y la energía sexual ofrecidas como forma de satisfacer una necesidad.

En México, las redefiniciones inician antes. A mediados de la década de los setenta hubo una conferencia de la ONU sobre mujeres. Ahí varias prostitutas de diferentes países trajeron el término de trabajadoras sexuales y éste comenzó a adoptarse; primero por Irene Vergara, sexoservidora de la delegación Cuauhtémoc, quien incluso se atrevió a proponer la formación de un sindicato nacional. El rastro de esa pionera se pierde en la historia; incluso, entre las trabajadoras sexuales existe una leyenda negra: todas aquellas que participaron en el movimiento fueron encarceladas y asesinadas.

En 2006, la antropóloga Marcela Lagarde escribió en su libro Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas que la venta de esta capacidad erótica de trabajadoras/es sexuales puede ser comparada, de forma general y abstracta, con la fuerza de trabajo vendida por el obrero durante un tiempo determinado.

Ésos son ejemplos de las muchas definiciones que existen en torno a los servicios relacionados con el placer. En resumen, la ideología patriarcal considera a la trabajadora sexual como aquella mujer que vende su cuerpo y lo denigra. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió, en 1989, a la prostitución como toda “actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien”. Es decir, la prostitución se conceptualiza como un trabajo en el que se intercambia un servicio y no una mercancía.

La socióloga Cristina Garaizabal dice, con respecto a los epítetos como “denigrante”, utilizados por varios líderes de opinión y personas comunes, que “las trabajadoras sexuales no son consideradas como trabajadoras sino como putas, con todo lo que esta palabra comporta, con el estigma que encierra. Toda su vida es valorada bajo este prisma: son ‘otras´ mujeres, otra casta, para mucha gente llevan marcada la depravación moral por lo que hacen (o, incluso, porque ‘su impulso sexual ya las hacía tender a ello’ son consideradas ‘malas madres’ (se ve como contrapuesta la identidad de madre con el ejercicio de puta se las considera siempre como víctimas o como ‘pobres mujeres’…

“Y lo que digo es solo una pequeña muestra de ese estigma que tanto tiene que ver -y tanto nos afecta en general a las mujeres- con las ideas sobre la sexualidad que existen en las sociedades patriarcales: la división entre ‘buenas’ y ‘malas’ mujeres en función de nuestra sexualidad”.

Legalización del trabajo sexual: reconocimiento de los derechos humanos

Vale insistir en que en un mundo de condiciones de desarrollo y economía ideales es un derecho indiscutible el dedicarse a lo que cada quién considere. Está claro que no se vive en ese contexto ideal y que hay grupos de la población más vulnerables que otros.

En México, durante casi cuarenta años, los esfuerzos para que se reconozcan los derechos humanos de trabajadoras sexuales se han concentrado primordialmente en organizaciones de feministas, grupos lésbico-gays, sexólogos u organizaciones de prevención del SIDA y de prostitutas, porque ninguna instancia federal, local o legislativa ha querido echarse a cuestas una tarea de tales dimensiones. En realidad, lo que se discute en la Asamblea Legislativa del DF es la manera de imponer controles sanitarios discriminatorios e inconstitucionales, así como zonas de tolerancia.

Claudia Torres Patiño, asistente de Investigación del área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, opina que “increíblemente, la prostitución y la pornografía pusieron de acuerdo a radicales y conservadores. Al invocar los derechos y la dignidad (de las mujeres), ambos grupos presuponen un orden. Las radicales contienden el orden social (la estructura patriarcal) y los conservadores defienden el orden moral (dado por dios)…

No critico las posturas conservadora y radical por malas en sí, sino por dañinas e incongruentes.

“Dañinas, porque quienes actualmente ejercen el trabajo sexual, lo hacen sin la protección del derecho. Sistemáticamente, se ha negado la protección que las prostitutas exigen como madres, hijas, solicitantes de amparo, inculpadas y como trabajadoras. Los argumentos conservadores y radicales no contribuyen al cambio de este status quo.

“Incongruentes, porque los derechos constitucionales se estructuran como principios superiores a la ley; en estos, cada uno tiene que verse reflejado y construirse un espacio de protección individual. Tan es así que la Corte, cuando resuelve sobre derechos fundamentales, debe orientar su interpretación a favor del individuo y constituirlo a él como límite de las leyes.

“Los argumentos de radicales y conservadores tienen una pretensión de orden que, en mi opinión, contradice la teoría constitucional contemporánea. La teoría actual afirma que todos y cada uno tenemos derechos por ser humanos: yo diría, por nuestra capacidad de razonar, encontrarnos un lugar en el mundo y significar nuestros derechos…”, explica Torres Patiño en su articulo “Prostitución: quién define los derechos”, publicado este año en el Juego de la Suprema Corte, un blog de la revista Nexos. Cuando no hay un reconocimiento jurídico de la profesión, se condena a miles de mujeres a vivir al margen de la legalidad.

En el mundo todavía no hay un consenso sobre la necesidad de atribuir carácter de trabajo a la prostitución, con excepción de países como Holanda, Alemania y Nueva Zelanda. También hay experiencias similares en América Latina. En Uruguay, durante 2011, el presidente Mujica promovió el reconocimiento de los derechos laborales y las obligaciones patronales en la industria del sexo. Dos años después, en Ecuador, las prostitutas comenzaron a tener acceso a los servicios del Instituto de Seguridad Social, a través de afiliación, y en Colombia, una trabajadora sexual ganó una tutela (amparo), en 2010, que dota al sector de derechos laborales y a los patrones de obligaciones hacia ellas. Por último, en Bolivia se discute una iniciativa de ley para reconocer derechos laborales y obligaciones patronales.

Un hito histórico en México

Cuando en México se pugna por legalizar el trabajo sexual, en realidad se habla de un tema que rebasa una reducción simplista: quién vende servicios sexuales y quién los demanda. En realidad, la discusión es sobre derechos humanos, inherentes a todos sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Las trabajadoras sexuales han sido excluidas históricamente a pesar de que tienen la misma dignidad que cualquier persona. Pero ante un quehacer legislativo que se ha quedado en intentos de reconocimiento como trabajadoras o pretensiones de control férreo, los amparos ante el poder judicial fueron el mejor camino.

A pesar de que en México la prostitución y contratación de servicios relacionados con ella no está penalizado, varios municipios en sus bandos sí lo hacen. Abundan historias de persecución contra trabajadoras sexuales para erradicar su oficio, desde Cuauhtémoc Cárdenas, en sus tiempos como gobernador de Michoacán, hasta la administración de Marcelo Ebrard en el DF. Esas acciones provocaron que se presentaran quejas ante la CDHDF, pero la falta de pronunciamiento de esta instancia “nos obligó a ampararnos contra autoridades del DF, incluyendo a la asamblea legislativa, para que se dejaran de violar derechos humanos en operativos antitrata”, explica Jaime Montejo, miembro de Brigada Callejera.

Posteriormente, hace dos años y medio, les negaron una solicitud de licencias de trabajadoras no asalariadas, ante la Secretaría del Trabajo y Promoción del Empleo del GDF. Se ampararon, sin éxito, en 1999, 2003 y 2012.

El año pasado interpusieron de nuevo otro amparo ante el Poder Judicial de la Federación. La jueza Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, emitió la sentencia 212/2013, que menciona, entre otros aspectos, que el GDF debe reconocer a las prostitutas como trabajadoras no asalariadas y declara inconstitucional, porque atenta contra el derecho al trabajo de las quejosas, la fracción una de la Ley de cultura cívica del DF, que considera falta administrativa el ejercicio de la prostitución o la solicitud de dichos servicios si existe queja vecinal.

La sentencia envía un mensaje: insta a legislar sobre las trabajadoras sexuales, garantizando su derecho a ejercer libremente este oficio. También señala que una obligación del jefe de gobierno es establecer políticas públicas acordes con la sentencia. Asimismo, se obliga al GDF a entregar dichas licencias y credenciales como trabajadoras no asalariadas, a darles cursos para que conozcan sus derechos, a brindarles capacitación sobre diversos oficios, se proponen proyectos productivos y la posibilidad de acceder a la vivienda a través de programas específicos. Además, la resolución dice que las trabajadoras sexuales tienen derecho a fundar sindicatos y a que éstos operen de manera libre.

Dentro de la resolución destacan consideraciones previas “que hay que tener en cuenta a efecto de estar en posibilidad de estudiar los conceptos de violación (de derechos humanos de las/los trabajadoras/es

sexuales quejosas/os): las personas que prestan su trabajo como sexoservidoras/es se encuentran en la mayoría de los casos en una situación de vulnerabilidad extrema, que cargan a cuestas desde muy tierna edad. En muchos casos, si no es que en la mayoría, cuando ingresaron al oficio del sexoservicio, lo hicieron con engaños, a veces siendo menores de edad, habiendo sido abandonados/as familiar y socialmente, y también, por qué no exponerlo, habiendo fracasado el Estado en su conjunto en la atención de diversos derechos fundamentales como es el de la educación -de calidad-, derechos laborales, derecho a una vivienda digna, a la alimentación, y, entre otros, a la salud, especialmente a la salud sexual y reproductiva”.

¿Cuáles han sido algunas de las reacciones ante esta resolución? “Hoy prevalece el principio de la incertidumébre ya que tratantes, algunos empresarios del sexo y funcionarios públicos intentarán revertir los alcances de la sentencia obtenida, provocando un retroceso que afectaría a toda la sociedad. Varios han prohibido a las trabajadoras sexuales hacer el trámite de las licencias como trabajadoras no asalariadas, pues una documentación que las acredita como tales permitiría establecer con mayor claridad en el DF quiénes son víctimas de trata y en qué lugares se concentran. De ahí que el trámite deba ser personal e intransferible”, menciona el vocero de Brigada Callejera, Jaime Montejo.

Por otra parte, agrega, el hecho de que se haya emitido la multicitada sentencia en el DF y que más adelante se cuente con marcos jurídicos protectores del trabajo sexual, no garantiza nada si las trabajadoras sexuales no están organizadas.

Ante la falta de iniciativas legislativas que no atenten contra derechos humanos, surge el recurso del amparo. Así, asesoradas por abogados constitucionalistas confiables, es factible que las trabajadoras sexuales conquisten derechos laborales. El reconocimiento pleno como trabajadoras no asalariadas les dará certeza jurídica sobre su trabajo, además de lograr mejores condiciones a través de sindicatos, puntualiza Jaime Montejo.

El movimiento de trabajadoras/es sexuales en el DF señala el camino para aquellas que viven en los estados del país, porque desplazar el sexo al mercado subterráneo incrementa las opciones de violación de derechos y la explotación humana.

Los cuerpos de las mujeres, sean o no trabajadoras sexuales, deben dejar de verse como objeto de regulación y control, porque ello afecta otros derechos como el de decidir con quién casarse, tener hijos o no, el número de ellos y la interrupción voluntaria del embarazo. No se trata de un asunto de buenas costumbres, de moral o tolerancia, sino de derechos humanos que son inalienables, universales, garantistas y exigibles. En México se ha marcado un hito histórico. Toca a las trabajadoras sexuales continuar el camino con el apoyo de las mentes verdaderamente progresistas del país. En esta tarea no debemos dejarlas solas.

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