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Puesto en perspectiva, el eventual otorgamiento del amparo implicaría, no solamente la reposición del procedimiento de consulta por uno lo suficientemente prolongado para permitir múltiples asambleas indígenas a lo largo y ancho del país, sino también la eventual suspensión de los efectos de los lineamientos. Este último efecto no empata con el interés de los medios comunitarios no indígenas, ya francamente dispuestos a presentar sus solicitudes de concesión.
Paralelamente al tema de las concesiones, el Instituto convocó también a consulta ciudadana (en este caso sin versión indígena) en torno a los lineamientos sobre derechos de las audiencias. El segundo asunto más determinante, definitorio y sensible para las radios comunitarias implica el nombramiento de especialistas con experiencia y prestigio en temas de comunicación como defensores de las audiencias en comunidades, impone la obligación de diferenciar información de opinión a locutores, y la elaboración de códigos de ética, así como la ejecución de campañas de alfabetización mediática. Asuntos todos de imposible o muy difícil implementación para la mayoría de los proyectos de comunicación comunitaria.
Así, inmersos en reaccionar a la imposición de la consulta sobre concesiones, a los medios comunitarios, la de derechos de las audiencias les pasó casi de noche y sus obligaciones les caerán encima aun antes que puedan siquiera procesar su contenido, menos aún opinar o tomar las previsiones conducentes para su implementación.
Un tercer tema de alta sensibilidad para los medios comunitarios está en la orden del día del diálogo del Estado con los medios: el de las normas y regulación del espectro en el que el debate se concentra en torno a la distancia que debe mediar entre la frecuencia de una emisora y la de otra, lo que implica el número máximo posible de estaciones en una localidad determinada.
La fuerza del poder industrial es la voz dominante. Preocupados éstos por mantenerse cerrados a la competencia limitando el número de competidores, es decir, manteniendo una mayor distancia entre frecuencias en el espectro, solicitó y obtuvo del órgano regulador una nueva prórroga con lo estableció la clara diferencia entre aquellos a los que atiende diligentemente y a los que no escucha.
Más aún, para las radios indígenas, el tema es considerablemente mayor, estratégico en la perspectiva de la defensa histórica de sus derechos pues reclaman el espacio aéreo como parte de sus recursos naturales y territoriales, por tanto el pleno dominio y autonomía sobre él.
El tercer sector transita de un estado jurídico a otro claramente disperso, desmovilizado, sin capacidad ni condiciones organizativas, sin representatividad ni interlocución, invisible socialmente, ignorado por la opinión pública y está siendo avasallado por el Estado. Una situación cuya gravedad sólo puede dimensionarse cuando se conoce la importantísima función social que tiene en el desarrollo de los pueblos y comunidades a los que sirve; cuando se tienen claras las necesidades de inclusión de las minorías, cuando se tiene la determinación de reducir las brechas en la apropiación de los usos sociales de las tecnologías de la información y la comunicación, en fin, cuando el Estado no tolera la inequidad.
Pero eso no está en la agenda.
